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116 días presos llevan dos paraguayos y la propia víctima pidió su liberación al considerarlos inocentes

La Corte de Apelaciones será la que en definitiva resolverá si se mantiene o no la prisión para dos ciudadanos paraguayos, Eugenio Silgueiro Soza y Ramón Irrazábal Avalo, recluidos en el complejo penitenciario local desde el 2 de julio pasado, tras ser formalizados como autores de un asalto a una persona en pleno “Barrio Rojo” de Punta Arenas. Ayer, en el Centro de Justicia, la propia víctima del supuesto robo salió en defensa de los imputados pidiendo que sean liberados.
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Por La Prensa Austral Sábado 25 de Octubre del 2014

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La Corte de Apelaciones será la que en definitiva resolverá si se mantiene o no la prisión para dos ciudadanos paraguayos, Eugenio Silgueiro Soza y Ramón Irrazábal Avalo, recluidos en el complejo penitenciario local desde el 2 de julio pasado, tras ser formalizados como autores de un asalto a una persona en pleno “Barrio Rojo” de Punta Arenas. Ayer, en el Centro de Justicia, la propia víctima del supuesto robo salió en defensa de los imputados pidiendo que sean liberados.
Bastante inusual fue la dinámica que se dio ayer en el Juzgado de Garantía, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el abogado Juan Carlos Rebolledo en favor de sus representados de 28 y 20 años.
A juicio de la defensa, los antecedentes recopilados en los casi cuatro meses de investigación dan cuenta que los hechos no habrían ocurrido como se formalizaron, ya que se hablaba de un robo con violencia en contra de la víctima, Gabriel Garrido Jerez, en las inmediaciones de Avenida España con calle Errázuriz, y ahora dicha hipótesis habría quedado desvirtuada con testimonios y registros de video.
“En los videos de las cámaras de vigilancia de la Cenco (Central de Comunicaciones) se puede apreciar que uno de mis representados fue el atacado por la supuesta víctima, y más aún, el propio afectado reconoce que no se le robó nada y que no reconoce a mis defendidos. Los antecedentes que fundaron la imposición de la medida cautelar se han caído, por lo que le pido se sustituya por el arresto domiciliario”, argumentó en audiencia Rebolledo.
En tanto, la fiscal Alejandra Guevara, en representación de la fiscal titular de la causa Wendoline Acuña, solicitó que se mantuviera la prisión argumentando que al ser ciudadanos extranjeros existe un peligro latente de fuga, sumado a que habría motivos para presumir un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.
En definitiva, fue la jueza Katherine Román quien dirimió el debate, acogiendo la solicitud del defensor, sustituyendo la prisión preventiva por la medida de arresto domiciliario total.
En ese instante, y mientras los familiares de los imputados presentes en la sala comenzaban a celebrar la decisión de la jueza, la voz de la fiscal Alejandra Guevara irrumpió la audiencia para apelar verbalmente la decisión de la magistrada, solicitando que los antecedentes sean enviados a la Corte de Apelaciones para que los ministros sean los que resuelvan el asunto. En razón de lo anterior, Silgueiro e Irrazábal deberán permanecer bajo la custodia de Gendarmería hasta que el tribunal superior regional emita su pronunciamiento.
Presunta discriminación
Concluida la audiencia, el abogado Rebolledo planteó que “la propia víctima dice que no reconoce a mis representados, ¿de qué peligro a la seguridad del afectado me están hablando?”, reclamó enfadado.
Luego se quejó que el Ministerio Público, desde que se inició la investigación, no ha vuelto a indagar nada más, ni siquiera contactó al denunciante cuando salió del estado de ebriedad en que él reconoce se encontraba. “No fue hasta ahora, cuando se presentó al Tribunal para decir que encontró su dinero y sus pertenencias. Esto es un diálogo de sordos”, subrayó.
“Quiero decir, además, que mis representados han sido objeto de discriminación por parte de todo el mundo, ‘como son paraguayos no se les puede dar la libertad porque se van a arrancar’, ‘como son paraguayos hay que entender que vienen a robar a este país’, y resulta que ellos trabajaban hasta el día de su detención como cualquier ciudadano honesto. El Ministerio Público insiste con la medida cautelar sólo porque son extranjeros”, remarcó el abogado.
Adelantó que en la Corte presentarán todos los antecedentes que el Ministerio Público asegura desconocer, entre los que estaría la renovación de sus documentos de residencia en Chile, los que a su juicio “son elementos que no se han considerado porque no se ha investigado como se debe”.
Concluyó sentenciando, que “tenemos dos personas inocentes en la cárcel y no solamente lo digo yo, sino que también la víctima de estos hechos”.
En efecto, el propio Garrido Jerez, supuesta víctima del atraco callejero, señaló a La Prensa Austral: “No recuerdo que ellos me hayan hecho algo, yo estaba muy curado y no podría reconocerlos, así que yo pido que los dejen libre, porque no es justo que estén presos si no me hicieron nada”, puntualizó.