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A través del diálogo con la ciudadanía, buscan modificación al sistema de pensiones

En una jornada que no estuvo exenta de polémicas, se llevó a cabo el Diálogo Ciudadano Regional, organizado en conjunto entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los integrantes de la Comisión Presidencial de Pensiones.
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Por La Prensa Austral Sábado 19 de Julio del 2014

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En una jornada que no estuvo exenta de polémicas, se llevó a cabo el Diálogo Ciudadano Regional, organizado en conjunto entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los integrantes de la Comisión Presidencial de Pensiones.
El objetivo era conocer la opinión de la ciudadanía respecto al actual sistema de pensiones y elaborar una propuesta para modificarlo.
“La idea es legitimar el actuar de la comisión en cuanto a que la propuesta tiene que venir desde la ciudadanía y, por eso, queremos escuchar una proyección de lo que buscamos como un nuevo sistema de pensiones”, afirmó el seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abarzúa, quien puntualizó que la instancia ya se ha realizado en todas las regiones, siendo Magallanes la última en participar.
“En cada una de las regiones, hemos tenido jornadas de diálogos previos, donde, a través de la secretaría del Trabajo, se hacen las convocatorias a una gran cantidad de personas y dirigentes de distintas organizaciones representativas de la sociedad y de cada uno de los territorios. Nosotros estamos culminando el proceso de diálogo previo en la ciudad de Punta Arenas y esperamos que esto sea bastante fructífero como ha sido en otras regiones”, afirmó Pablo Chacón, encargado de Diálogos Ciudadanos de la Subsecretaría de Previsión Social.
Según explicó, a lo largo del país los temas suelen repetirse. “Hay un malestar por cuanto las pensiones no entregan los mínimos de dignidad que se requieren y tenemos un problema en ese sentido. No obstante, la ciudadanía también tiene propuestas bastante novedosas o de profundización de algunas demandas históricas que pueden ir configurando una propuesta a nivel nacional”, puntualizó Chacón.
El 14 de agosto próximo se realizará un nuevo encuentro con la comisión, para lo cual se designará a algunos miembros para que vengan a Magallanes.
“Esto considera la sistematización de un documento que, previo a la segunda jornada del 14 de agosto, se le hará llegar al seremi y a las personas que participaron de este diálogo y va a ser la base para poder discutir ese día, las propuestas de mayor profundidad”, agregó el encargado de la instancia.
Posteriormente, la comisión debe entregar un primer informe de diagnóstico nacional en octubre y, entre esa fecha y enero, trabajará con los comisionados nacionales e internacionales para configurar un puzzle de propuestas que permitan mejorar el sistema de pensiones o modificarlo.
Manifestación

La jornada tuvo como punto álgido, cuando algunos miembros de la Coordinadora No Más AFP Magallanes realizaron una manifestación ante las autoridades, con carteles de rechazo a la instancia.
“A 33 años del sistema de pensiones administrado por las AFP, el saldo es de un profundo fracaso y cualquier reforma que se haga dentro del mismo no mejorará en absoluto las pensiones, ya que no se ajusta a los principios internacionales de la seguridad social: universalidad, suficiencia y solidaridad”, afirmaron los dirigentes a través de un comunicado.
Según afirman, el actual es un sistema con fines de lucro donde las únicas que ganan son las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyo sistema tiene altos costos de administración y en donde las pérdidas son absorbidas en su totalidad por los cotizantes: los trabajadores. “Mientras los privados hacen sus negocios y obtienen ganancias, el Estado debe hacerse cargo de los daños que provoca el sistema”, agregaron.
Los dirigentes aspiran a un régimen previsional público, “con un enfoque de seguridad social, basado en los principios de la suficiencia, universalidad, solidaridad y sin fines de lucro. Un sistema público con aportes del Estado, el empleador y los trabajadores, que mantenga la edad de jubilación de 60 y 65 años para mujeres y hombres respectivamente, con menores costos de administración, que garantice al menos una pensión no inferior al 70% de la última remuneración antes de jubilar y con garantía estatal que asegure que las posibles pérdidas por inversiones no recaerán en los fondos de los trabajadores”.