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Alcalde Boccazzi demandó judicialmente la restitución del edificio que ocupa la Secreduc

Procedimiento fue notificado a fines de julio al Consejo de Defensa del Estado.

Por La Prensa Austral Lunes 18 de Agosto del 2014

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La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su alcalde Emilio Boccazzi Campos, demandó judicialmente a la secretaría regional ministerial de Educación, exigiendo el término de contrato de comodato del edificio que por tres décadas ha ocupado la Secreduc.
La presentación legal inició su tramitación ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas y la misma acaba de ser notificada el 28 de julio pasado al procurador fiscal jefe del Consejo de Defensa del Estado, Michael Wilkendorf, en su condición de representante legal de la seremi de Educación.
En la demanda se plantea que la Municipalidad de Punta Arenas es dueña de la propiedad ubicada en esta ciudad, en Avenida Colón esquina Quillota, donde funciona el Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera. Por contrato de fecha 27 de diciembre de 1983, el municipio local dio parte de tal inmueble en comodato, por el término de 30 años, para el funcionamiento de la Secreduc.
En razón de la misma cláusula, el pasado 17 de octubre de 2013, la municipalidad remitió una carta a la ministra de Educación, Carolina Smith, en la cual se le solicitaba la restitución del inmueble, lo que fue reiterado en comunicaciones de fecha 30 de octubre y 23 de diciembre de ese año.
El demandante sostiene que al no tener respuesta al requerimiento, es que se solicita al Tribunal disponga que el ocupante restituya la mencionada propiedad, dentro del tercer día desde que el fallo quede ejecutoriado.
En el escrito judicial se solicita que se proceda a notificar la demanda a la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada por su secretario general interino, Hermes Hein Bozic, ello con la finalidad que dicha institución haga valer sus derechos en el presente juicio, atendido que con fecha 7 de agosto de 1998, se celebró contrato de comodato entre la Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Municipal, por el mismo inmueble.
Contraloría
Sobre la ocupación de esta propiedad, con fecha 7 de agosto de 2014 la Contraloría General de la República planteó un nuevo escenario, ante una consulta formulada por la Subsecretaría de Educación acerca de la procedencia de que la Municipalidad de Punta Arenas arriende un inmueble que originalmente le fue traspasado junto con el servicio de educación, en virtud del decreto con fuerza de ley Nº1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior.
La Subsecretaría señala que el convenio de traspaso respectivo fue suscrito el 2 de marzo de 1981, y que el año 1983, la municipalidad entregó dicho bien raíz en comodato por 30 años, para el funcionamiento de la secretaría regional ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. El año 2013 se cumplió el plazo establecido, tras lo cual dicha corporación edilicia lo ofreció en arriendo, en circunstancias que, a su juicio, el convenio de traspaso debería ser resciliado.
La Contraloría requirió un informe a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, donde se respondió que ésta no es competente en la materia, pues no se trata de un inmueble fiscal, sino de administración de la entidad alcaldicia.
Mientras tanto la Municipalidad de Punta Arenas manifestó al ente contralor que interpuesta una demanda de terminación de comodato, actualmente en tramitación, son los Tribunales de Justicia quienes deberán dirimir la situación.
Función educacional
La Contraloría General al analizar esta controversia, plantea que la reiterada y uniforme jurisprudencia de este ente fiscalizador, ha señalado que los bienes raíces entregados a las municipalidades en virtud del decreto con fuerza de ley del año 1980, han debido destinarse única y exclusivamente al cumplimiento de la finalidad propia del servicio traspasado, no pudiendo cambiarse por la entidad comunal el ‘destino’ de aquellos.
Así, los inmuebles entregados en esas circunstancias fueron asignados a los municipios con la obligación de aplicarlos a un fin especial, al que se encontraban afectos dichos bienes, cual es, cumplir la función educacional.
De acuerdo a estos fundamentos, en la eventualidad que a un municipio no le sea posible cumplir con el objeto para el cual le fue traspasado un inmueble determinado, las partes, de común acuerdo deben resciliar el convenio en lo que se refiere a ese bien, de manera que su dominio vuelva al fisco, desestimándose, por regla general, el uso parcial para fines distintos a los acordados.
Ahora bien, en este caso el Ministerio de Educación suscribió el 2 de marzo de 1981 un convenio con la Municipalidad de Punta Arenas, aprobado por el decreto N°1.010, de 1981, de dicha cartera de Estado, traspasándole el servicio educacional que prestaba el Liceo B-2, así como la propiedad del inmueble en que este funcionaba. En dicho acto la entidad edilicia se obligaba a prestar el servicio educacional enseñanza media científico-humanista en forma continua, racional y permanente, y a mantener el establecimiento que se transfería en las condiciones adecuadas para su utilización.
Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes acompañados ante la Contraloría, aparece que al menos desde 1983 el inmueble traspasado es ocupado por la secretaría regional ministerial de Educación, por lo que, como puede advertirse, no se está dando cumplimiento a las disposiciones del convenio, pues en él debía impartirse educación media científico-humanista.
Ante tal situación, el contralor general Ramiro Mendoza concluye en su informe que no procede que la Municipalidad de Punta Arenas haya destinado el inmueble traspasado por el Ministerio de Educación a otros fines distintos de aquellos específicos para los cuales fue entregado, y que actualmente pretenda celebrar un contrato de arrendamiento sobre él, según aparece del Ord. N°01/708, de 2013, del secretario general de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas, “debiendo esa entidad edilicia regularizar el uso dado al bien raíz de que se trata, ateniéndose a los criterios jurisprudenciales antes referidos”.