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Candidato a concejal de Río Verde denunció intento de cohecho ante la Fiscalía de Punta Arenas

Señala que debido a que es materia de investigación no puede dar nombres, pero que cuenta con pruebas
contundentes que demuestran este delito sancionado por la ley.

Por La Prensa Austral Jueves 25 de Octubre del 2012

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Ayer el candidato a concejal independiente por Renovación Nacional (RN), Roderick Maclean Boyd, presentó una denuncia en la Fiscalía de Punta Arenas por intento de cohecho en la comuna de Río Verde.

Sobre quién sería la persona que estaría comprando votos, el candidato señaló que “desgraciadamente eso no lo puedo decir, porque es parte de la investigación y los que pueden acceder a ella son los que acusan y el acusado”.

Sin embargo, se trataría de, al menos, un candidato.

Respecto a las pruebas de tan grave hecho, Mclean afirmó, confiado, que “adjunté una prueba que creo es bastante contundente”.

Se trataría de la compra de votos por $100 mil “más otras dádivas como pagos de gastos en las casas, el cable, las cuentas (de servicios básicos), becas, etc.”, dijo.

“A mí no me interesa si la persona es de oposición o de gobierno. En las comunas rurales de Magallanes se ha cometido un atropello asqueroso. No puede ser que tengamos 149 personas censadas en la comuna y resulta que tenemos a 972 inscritas en el padrón electoral”, expresó molesto.

Mclean recordó la situación vivida por el candidato independiente a alcalde de Río Verde, Julio Soto Miranda, quien impugnó a 257 electores inscritos en el padrón electoral de esa comuna. Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional (Ter) no acogió ninguna de estas impugnaciones. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en Santiago, tampoco.
Quien fuera durante 12 años concejal de Río Verde también cuestionó el hecho que los 256 electores del padrón electoral impugnados (sólo uno concurrió a defenderse personalmente ante el Ter, Claudio Mena Barría) contrataron los servicios del mismo bufete de abogados “y dieron los mismos poderes colectivos, unos de a ocho y otros de 40”.

Dicho bufete es encabezado por el abogado Francisco Javier Cárdenas, quien también tomó las causas de numerosos electores impugnados en otras comunas rurales, como San Gregorio y Laguna Blanca.

“Esos electores impugnados podrían haberse defendido solos”, sostuvo Mclean, evitando pago de por medio para ser defendidos.

“Irán presos”

Finalmente, el candidato a concejal de Río Verde destacó que lo que más le interesaba era dejarle en claro a aquellos electores cuyos votos habrían sido comprados, que no concurran a votar, pues de comprobarse el delito de cohecho electoral, serán castigados por la justicia.

“La gente que fue acarreada y que vaya a votar allá, si nosotros logramos probar que han sido objeto de cohecho -y estoy empecinado en esto-, van a ir presos”, afirmó Mclean.

“Esta gente ha sido engañada, se les han prometido cosas para que se inscriban y para que voten (por determinado candidato(a)”, agregó.

Asimismo, acusó de “arrogancia brutal” al candidato que estaría cometiendo este delito.

Sobre las críticas que pueda sufrir por realizar esta denuncia de cohecho electoral ad portas de las elecciones municipales de este domingo, Mclean aseguró que “me da exactamente lo mismo. Me inscribí como candidato independiente y mi interés es tratar de hacer algo por poner orden en el municipio de Río Verde. ¿Usted puede creer que tenemos 16 vehículos para 149 personas en la comuna? Entonces, algo está mal. Aquí hay un abultamiento de todo”.
“Quiero que se limpie el padrón electoral de Río Verde. Yo puedo ganar o perder con o sin ‘acarreados’. Y pienso que mucha gente que ha acarreado votantes puede ganar o perder sin ellos”, concluyó.

De acuerdo al artículo 137 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio Nº18.700, quien pague o haga promesas de dinero u otra recompensa a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, equivalente a entre 61 días y 3 años de reclusión.

“Igual pena sufrirá la persona que vendiere su voto o sufragare por dinero u otra dádiva. Se presumirá que ha incurrido en esta conducta el elector que, en el acto de sufragar, sea sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio encaminado a dejar constancia de la preferencia que pueda señalar o haya señalado en la cédula”.