Necrológicas
  • Susana Barría Vigna

CDE pidió nulidad del caso Timaukel y plantea desafuero del senador Bianchi

– En entrevista con El Magallanes, Juan Ignacio Piña Rochefort también se refirió al informe que están preparando
para que el intendente pueda tener una base jurídica sólida para resolver el denominado caso Zona Franca.

Por La Prensa Austral Domingo 26 de Octubre del 2014

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El Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de nulidad para que la Corte de Apelaciones invalide la sentencia y el juicio del denominado caso Timaukel, pues estima que existen antecedentes de hecho y de Derecho que ameritan que se realice un nuevo proceso legal.
Así lo informó a El Magallanes el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña Rochefort, quien planteó la absoluta disconformidad del Consejo con el dictamen de primera instancia.
“Después de la sentencia del caso Timaukel, tanto la Fiscalía como el Consejo estimaron que había una serie de hechos que no habían sido sancionados, en primer lugar, con el rigor necesario y, segundo, no compartiendo varias de las calificaciones jurídicas de la sentencia. Tenemos discrepancia de fondo con la sentencia desde la perspectiva de aplicación del Derecho”, remarcó Piña.
El presidente del CDE también se refirió al caso del senador Carlos Bianchi, causa que calificó de compleja. Hizo ver que el Consejo tiene plena convicción “de que aquí hay delitos involucrados” y dijo que ese convencimiento se plasmó a través de las dos presentaciones que ha realizado.
Sobre un posible desafuero, dijo que tal solicitud es resorte del Ministerio Público, pero planteó que, a juicio del CDE, “las condiciones ya están dadas para proceder a la formalización”.
En entrevista con El Magallanes, Piña abordó éstos y otros temas que se relacionan con la contingencia regional, como es el informe que el intendente Jorge Flies le solicitó para resolver el caso Zona Franca. Respecto de éste, dijo que están en estudio de los antecedentes y que aún no ha sido evacuado. Un punto que se dejará claro es “cuál es la naturaleza de esa facultad que tiene el intendente de imponer, llegado el caso, una sanción tan drástica como el término de la concesión”.
La visita de Piña se enmarcó en un recorrido general por todas las procuradurías fiscales, pues el CDE está en un proceso de modernización.
Piña señaló que siempre la necesidad de aumentar la dotación suele estar presente en todas las visitas. “En general, no tenemos grandes problemas en este sentido y, de hecho, el presupuesto que estamos discutiendo para el próximo año es, más bien, de continuidad desde la perspectiva de recursos humanos”, acotó.
En cuanto al caso local, dijo que ha hablado con el procurador fiscal y que la dotación actual se mantendrá.
Caso Timaukel
– En el caso Timaukel, quedó la sensación de que algo faltó tanto de parte de la Fiscalía como el Consejo, porque se esperaban condenas más fuertes y ejemplarizadoras.
– “La verdad es que, efectivamente, después de la sentencia del caso Timaukel tanto la Fiscalía como el Consejo estimaron que había una serie de hechos que no habían sido sancionados, en primer lugar, con el rigor necesario y, segundo, no compartiendo varias de las calificaciones jurídicas que hizo la sentencia. Tenemos discrepancia de fondo con la sentencia desde la perspectiva de aplicación del Derecho. Para nosotros, éstas son causas particularmente relevantes porque una de las funciones que legitiman el ingreso del Consejo de Defensa del Estado a las causas penales es la probidad de nuestros funcionarios públicos. Desde esa perspectiva, nuestra opinión, que compartimos con la Fiscalía, es que aquí hay ciertos hechos que no fueron calificados jurídicamente y que podemos aspirar a penas mayores y, adicionalmente, que alcanzaran a ciertos sujetos que no fueron condenados en el fallo de primera instancia”.

– ¿Iniciarán acciones ulteriores?
– “Bueno, estamos en plena discusión de la nulidad. Ya presentamos el recurso de nulidad la semana pasada y, por lo tanto, ya recurrimos a los tribunales superiores de justicia con la intención de anular este juicio y conseguir las condenas que estábamos pidiendo en nuestra acusación”.

– ¿Qué pudo haber fallado allí? ¿Cómo no hubo una correspondencia entre el juicio de ustedes respecto de la cantidad de delitos y de personas responsables y el veredicto del tribunal?
– “La verdad es que esto es una experiencia relativamente común dentro de la litigación. Ojalá a uno siempre le dieran todo lo que pide. Sin perjuicio de eso, creo que ahí hay dos aristas de naturaleza distinta: éstas son investigaciones que tienen ciertas dificultades y hay que tenerlas siempre muy presentes. Es decir, respecto de los gastos que se hacen en las municipalidades desde la autonomía que ellas tienen, muchas veces resulta difícil una cierta trazabilidad de qué es lo que se gastó y en qué se gastó y eso también lo dificulta desde la perspectiva probatoria y que nosotros podamos decir cuáles gastos están efectivamente justificados y cuáles están sobrevalorados. Y la otra dimensión es la discrepancia abierta jurídica respecto de la calificación de los delitos. Ahí sí nosotros tenemos discrepancias de fondo con la sentencia y creemos que una correcta aplicación del Derecho habría implicado una sentencia de naturaleza distinta y eso es lo que estamos persiguiendo a través del recurso de nulidad”.

– ¿En qué se basa el CDE para pedir la nulidad?
Michael Wilkendorf: – “Hay dos aristas: el tema de la valoración del tribunal, de cómo interpretó y consideró la gran cantidad de pruebas que se presentaron, si se aplicó la lógica y si fueron correctamente entendidas esas pruebas en el proceso; y, en segundo lugar, respecto del fondo en cuanto a la aplicación del Derecho respecto de esas conductas que nosotros entendemos están plenamente justificadas”.
Caso Rayen
– En el caso Rayen, la etapa de investigación se ha demorado mucho. ¿Cuáles son las razones?
– “Es cierto que, respecto de los procesos, la ciudadanía se queda con la sensación de que van un poco lento. No hay que perder de vista que las últimas formalizaciones tuvieron lugar en julio. Por lo tanto, no es hace mucho tiempo atrás que hubo novedades relevantes respecto de la formalización. Pero, básicamente se explica por las dificultades probatorias que hay aquí. Se trata de poder, efectivamente, hacer una cierta trazabilidad de los recursos de tal manera de saber cuántos de ellos se destinaron a hacer las operaciones de limpieza a los que se habían obligado y cuáles de ellos, eventualmente, sólo se explican desde la perspectiva de un enriquecimiento de parte de los imputados.
“Desde esa perspectiva, hay varias diligencias que se encuentran pendientes y, a veces, esto es difícil de transmitir. Pero es mejor, en investigaciones de esta naturaleza, tomarse un poco más de tiempo para acreditar adecuadamente la responsabilidad de todos aquellos que eventualmente se encuentren involucrados, que aventurarse en una serie de formalizaciones que después, a la hora de tratar de tratar de transformarlas en acusaciones que sean plausibles, puedan llevar a un juicio oral que tenga el destino que uno no busca. Entonces, a veces, la ansiedad en las investigaciones y la presión que pone la opinión pública pueden ser un mal consejero. Nosotros estamos conscientes de que ésta es una investigación difícil, que el Ministerio Público tiene todavía una serie de diligencias que hacer y la verdad es que preferimos que esas diligencias se realicen con el tiempo que ellas requieran, de tal manera de poder fortalecer nuestra investigación, de sumar nuevos formalizados, si eso así se acredita, y poder transformar a esos formalizados en acusados con una acusación contundente que llegue a un juicio oral satisfactorio”.

– En este tipo de procesos, ¿es muy difícil poder determinar las responsabilidades “intelectuales”? Lo pregunto porque muchas veces uno aprecia que terminan acusados y sancionados los funcionarios menores, aquellos que colocaron una firma, pero no los que idearon las malversaciones. En este caso particular, en algún momento se denunció que existiría una asociación ilícita para cometer un delito.
– “Más que formalidad, hay una dificultad natural. Siempre resulta más fácil acreditar la responsabilidad de aquél que tiene las manos con barro que la de aquel que las tiene limpias porque está un poco detrás, porque dirige, está orquestando.
“Lo que sí es muy relevante es que en este caso las energías se están poniendo, precisamente, para dilucidar a todos aquellos que intervinieron con independencia de cuál haya sido la forma de su intervención, porque, precisamente y como usted dice, es muy probable que encontremos… Hay que tener cuidado cuando uno habla de asociación, porque parece englobar prácticamente una asociación ilícita. Aquí lo más razonable es hacer el camino inverso: ver cuáles son los hechos que podemos acreditar, quiénes son aquellos que intervienen en estos hechos en cualquiera de estas formas, es decir, tanto los que hayan recibido materialmente el dinero como los que lo hayan orquestado también. Y, a partir de estos antecedentes, determinar si estamos frente a una simple coautoría entre varias personas, autoría y complicidad, o si, efectivamente, hay una asociación de más largo aliento. El camino inverso es un mal negocio. Partir de la base de que hay una asociación y, a partir de ahí, tratar de interpretar las pruebas, siempre produce más problemas y lo que nosotros queremos es, al contrario, poder tener una investigación limpia, contundente y sólida que pueda transformarse en una acusación, que pueda transformarse en condena en un juicio oral. Todo lo demás sería un mal negocio. La ansiedad en esto es una mala consejera”.

– Una abogada que dijo que estábamos informando mal porque aquí no se trataba de una malversación, sino había algo más grave pues era una asociación ilícita para defraudar al Fisco.
– “Por lo tanto, el camino que hay que hacer es el que le estoy diciendo: tenemos que ver qué es lo que está acreditado hasta este momento, quiénes son los que participan y en qué forma y, a partir de esos antecedentes cuando los tengamos contundentemente acreditados de tal manera de estar tranquilos para poder llevarlos a un juicio oral, vamos a poder llegar a una conclusión de ese tipo. Sería metodológicamente equivocado si partiéramos de la base de que tenemos algo, cuando lo que estamos haciendo todavía es acreditar exactamente cómo fueron los hechos, con muchas dificultades todavía. Aquí hay ciertos trabajos que sí se hicieron y, por lo tanto, estamos en discusión de que si el dinero que se pagó se justifica, es decir, si los montos involucrados son capaces de justificar trabajos de esa naturaleza y, partir de eso, varias cosas nos han quedado claras y el Ministerio Público así también lo hace notar cuando aquí ya hay formalizados tanto particulares como funcionarios públicos. Aquí hay cosas que no resultan explicables desde la perspectiva del Derecho”.

– ¿Las figuras delictivas siguen siendo malversación y defraudación?
– “En opinión del Consejo, es malversación de caudales públicos; y en opinión del Ministerio Público, es fraude al Fisco”.

– Se planteó, en algún momento, que la empresa Rayen tendría alguna ligazón con trabajos en el incendio del Parque Torres del Paine. ¿Esa línea se está investigando?
Wilkendorf: – “Hay algunos antecedentes que podrían llevar a esta línea, pero todavía los antecedentes no tienen la contundencia necesaria para que se traduzcan en actuaciones judiciales de parte del Consejo”.
Piña: – “No hay denuncias ni querellas por ahora, mientras no tengamos claridad”.

– ¿Las formalizaciones de julio cierran el círculo de las personas que pudieran estar involucradas?
– “No, en caso alguno. Por el contrario, es decir, lo plantearía en sentido inverso: es la basa mínima. Los formalizados actualmente es lo que hemos podido y lo que el Ministerio Público ha llegado al convencimiento de que acredita una notificación formal de que se los está investigando. Pero, naturalmente, a partir de los antecedentes que se reciban, estas formalizaciones pueden ampliarse, no lo podemos prejuzgar nosotros, sino que, por el contrario, tenemos que hacer el camino paso a paso. Por el contrario, creemos que no sería extraño que las futuras diligencias pudieran ampliar el círculo de los que estuvieran involucrados”.

– ¿En qué medida el accionar del CDE puede verse modificado por las presiones del gobierno de turno?
– “¡Ninguna posibilidad! Es decir, el CDE es una institución que tiene 120 años de historia y eso significa que por algún gobierno ha pasado desde fines del siglo XIX. Y, además, tiene una estructura de órgano colegiado que garantiza la autonomía en sus decisiones. Es decir, tienes que pensar que es un organismo que está integrado, en la parte de arriba, por doce consejeros nombrados por el Presidente de la República, pero que son inamovibles hasta los 75 años y que han sido nombrados por distintos Presidentes a lo largo del tiempo y eso garantiza una autonomía, a estas alturas, reconocida por todos los actores. Es decir, no es algo que simplemente enarbolemos nosotros… Llevo siete meses en el cargo de presidente y no he recibido jamás siquiera alguna sugerencia respecto de alguna decisión que debiera tomar el CDE, que, sin perjuicio de ello, tiene que tomarla colegiadamente”.

– Se lo pregunto porque se ha dicho que ciertos casos se han apurado o detenido, ya sea de parte del Ministerio Público o del Consejo, producto de presiones políticas.
– “¡Desde la perspectiva del Consejo, ello es absolutamente inimaginable! Entre otras cosas, porque a pesar de que lo podemos mirar desde la perspectiva local, respecto de las decisiones en estas causas hay una completa coordinación entre la respectiva procuraduría fiscal y el Consejo en Santiago. Todas las decisiones, si bien se procesan en las procuradurías locales y se emiten propuestas, las revisa el respectivo comité penal y, cuando es necesario, sube al Consejo. Por lo tanto, no es algo que se resuelva localmente tampoco, sino que, en una muy destacable integración entre el trabajo local y el trabajo colegiado de Santiago”.
Caso Zona Franca
– ¿Qué rol le compete al Consejo en el caso Zona Franca?
– “Nosotros hemos sido especialmente requeridos. Tuvimos un requerimiento formal del intendente para preguntar si, dados los supuestos frente a los que estaban, procedía o no la imposición de multas y eventualmente otras consecuencias que de ahí pudieran emanar. La verdad es que la cantidad de antecedentes que se puso a nuestra disposición para hacer ese informe es considerable. En estos momentos, se está analizando aquí en la procuraduría y, luego, a través de una propuesta va a llegar al comité en Santiago, para evacuar una respuesta responsable de tal manera que el intendente pueda actuar en consecuencia y con plena tranquilidad de que detrás de las decisiones hay un sustento jurídico avalado por el Consejo de Defensa del Estado”.

– El contrato tiene cláusulas de caducidad. Sin embargo, el propio seremi de Hacienda hizo ver que respecto de ello no se establece un imperativo sino una posibilidad que queda al arbitrio del intendente, porque dice “puede” y no “debe”. ¿Cuán alegable es ello, después, jurídicamente?
Wilkendorf: -“Eso es uno de los tantos temas sobre los que se va a pronunciar el Consejo. En definitiva, cuál es la naturaleza de esta facultad que tiene el intendente de imponer, llegado el caso, una sanción tan drástica como el término de la concesión”.
Caso Bianchi
– ¿En qué situación está el caso Bianchi?
– “Se trata de una causa, por su propia naturaleza, compleja y que el Consejo ha revisado con mucha detención. Para estos efectos, el Consejo, en general, habla por sus acciones y el Consejo presentó, inicialmente, una querella por negociación incompatible y, no hace mucho tiempo, volvió a revisar, concienzuda y detalladamente, todos los antecedentes, especialmente algún informe pericial con el que no se contaba al principio y que hace una trazabilidad de los fondos que habían circulado supuestamente para el pago de los arriendos y decidió ampliar la querella. Es decir, fue una decisión que propone, en principio, el comité penal y que adicionalmente pasa al Consejo y que decide ampliar la querella. La convicción del Consejo, de que aquí hay delitos involucrados, queda pasmada, precisamente, en esas dos presentaciones”.

– ¿Qué pasa con el eventual desafuero?
– “La petición la formula el Ministerio Público. Esta es una investigación que tiene bastante antecedentes y, a juicio del Consejo, las condiciones ya están dadas para proceder a la formalización. La decisión técnica, de si el desafuero tiene lugar antes de la formalización o después de la formalización, es una discusión que la venimos teniendo desde hace bastantes años cada vez que hay un parlamentario involucrado en este tipo de asuntos. Pero, es una acción del Ministerio Público. Lo que sí es claro es que, a estas alturas y a juicio del Consejo, existen antecedentes suficientes para dar esos pasos”.

– ¿Luego del desafuero se inicia el juicio propiamente tal?
– “Esta es una discusión técnica respecto de si, primero, el desafuero es necesario para la formalización y hay tesis que dicen que no, o para las medidas cautelares específicamente. Pero lo que sí es muy claro es que, para efectos de cualquier medida cautelar, se necesita previamente el desafuero como un antejuicio que tiene lugar respecto de la plausibilidad. Y es muy razonable que así sea, es decir, el desafuero tiene objeto proteger a la función parlamentaria de perturbaciones triviales, es decir, de que alguien quiera impedir que un parlamentario realice adecuadamente su función con imputaciones falsas, livianas. Ese es el objeto del desafuero y, por lo tanto, es una institución que es muy respetable y que es muy importante que se mantenga.
“Por lo tanto, lo que, a nosotros nos interesa, es que, existiendo esos antecedentes, esos pasos ya están por darse. Aquí nosotros pensamos que no se tratan de acusaciones triviales, sino que hay antecedentes suficientes”.
– ¿Cuáles son las penas que arriesga el senador?
– “Depende. Básicamente depende. Estamos todavía en fases tempranas. Eso significa que tenemos que ver por qué hechos se le va a formalizar en principio. Ni siquiera es un dato que tenemos actualmente, es decir, qué decisión va a tomar el Ministerio Público respecto de la formalización es un antecedente que no tenemos. Incluso, si lo tuviéramos, no sería definitivo, pues lo verdaderamente importante es por qué delitos acusa en su momento. Por lo tanto, cualquier anticipación de pena sería irresponsable de nuestra parte”.

– ¿Está en riesgo el puesto de senador de la región? Aquí hay un debate respecto de qué pasa si es desaforado, condenado y que tenga una sanción respecto del ejercicio de su cargo. ¿Es un riesgo cierto que nos quedemos sin senador?
– “Sí”.