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Cercano a su fin está juicio de Parenazon contra el Fisco

– La jueza del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas ha propuesto a los abogados de las partes algunas posibles bases de arreglo. De no accederse a un acuerdo, la magistrado Claudia Arenas deberá citar para lectura de sentencia

Por La Prensa Austral Sábado 23 de Julio del 2011
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Próximo a su fin se encuentra el juicio que enfrenta a Parenazon Chile Limitada contra el Fisco, representado éste por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Relevante para ello será la audiencia de conciliación fijada por la jueza del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, Claudia Arenas, la cual se desarrollará este lunes, a las 11 horas, y a la cual fue citado el abogado procurador fiscal, Michael Wilkendorf Simpfendorfer.

La magistrado ha llamado a audiencia de conciliación y ha propuesto a los abogados de las partes las posibles bases de arreglo, a fin de explorar un entendimiento que permita poner término total o parcialmente al juicio.

De no llegarse a un entendimiento, el juicio seguirá y, concluida la etapa probatoria, sólo queda que la jueza cite a la lectura de su sentencia. Desde dicha emisión, Claudia Arenas tendrá 60 días para dar su fallo.

Previo a ello y en virtud de sus facultades, la jueza dio paso a este proceso de conciliación, siendo las últimas actuaciones la audiencia que sostuvo el miércoles 13 de la semana pasada con la parte demandada, representada por el abogado Wilkendorf. Allí se establecieron algunas eventuales bases de arreglo, las que fueron puestas en conocimiento del demandante este martes 19, ocasión en que el tribunal recibió el planteamiento de Parenazon. Como representantes de la ex administradora de la ZF asistieron a tal audiencia el abogado Mauricio Sandoval y los directores Iván Nikovic y Scandar Jacob.

En la citación a la que concurrió el pasado miércoles 13, el demandado hizo presente que cualquier acuerdo debería ser sometido necesariamente a la decisión del Consejo de Defensa del Estado, en Santiago, ya que como abogado procurador fiscal carecía de facultades para ello.

Tras perder el proceso licitatorio de la administración de la ZF y alegando derechos contractuales, Parenazon Chile Ltda. interpuso una demanda ordinaria en el Primer Juzgado de Letras, en diciembre de 2008.

En ella, exigió el reembolso de $2.453.997.594, correspondiente a una serie de obras de urbanización que realizó durante los últimos cinco años al frente de la administración del recinto franco.

Esto, en virtud de la cláusula XII del contrato de concesión celebrado el 9 de febrero de 1977, que estipula que el Fisco reembolsará todas las inversiones en dichas obras realizadas por la administradora en el último lustro de su gestión. “… las obras de infraestructura que ejecute la Sociedad durante los últimos cinco años de vigencia del contrato serán pagadas por el Estado, al contado y en su valor de libros, al término del presente contrato de concesión”, reza tal artículo.

Pero, el CDE fue drástico en sostener en su defensa que no debe nada a Parenazon y que no hay incumplimiento alguno de obligaciones.

De hecho, en su último escrito, Wilkendorf fue irónico al sostener que, lejos de lo que alegó su colega Sandoval, no sería tan “clara, indudable, evidente y prístina” la obligación de pago por parte del Fisco, ya que -comenta- se gastaron más de cien fojas en la demanda y más de 30 fojas en el escrito de observaciones a la prueba en intentar justificar su existencia. “…parece que, a lo menos, la obligación no era tan clara como se afirma”, retruca.

“No existe la obligación invocada por cuanto no se numeran los requisitos que la configuran y, por lo tanto, no hay cumplimiento alguno que forzar”, insistió el CDF.

El gran pero que enfrentó Parenazon al momento de interponer su demanda es que la mayor parte de las inversiones en obras respecto de las cuales se pide el reembolso se desarrollaron sobre un terreno que se anexó al recinto franco a través del contrato de 1982 y que se conocen como la franja ex Lan.

Una parte de los fundamentos del Fisco es que en forma expresa en tal ampliación de contrato, en su cláusula 6ª, se acotó: “Las partes están de acuerdo en que será obligación del concesionario urbanizar los terrenos de esta ampliación a medida que ello vaya siendo necesario. Dichas obras de urbanización serán de la exclusiva responsabilidad y cargo del concesionario…”.

En su último escrito, Wilkendof afirma que la cláusula de conexión citada por Parenazon no es la que regula las obras de urbanización; y que no se aplica en este caso el artículo 1560 del Código Civil porque ello requiere que la voluntad de las partes no estén claramente expresadas en el contrato, “requisito que falla en este caso”.

El CDE también repara en que la demandante exige el reembolso de obras cuya utilidad y necesidad no ha acreditado, es decir, sin que éstas hubieran cumplido los requisitos exigidos para la restitución de las inversiones de acuerdo al artículo XII del contrato de 1977.

“Los desesperados intentos de la contraria de buscar intenciones y voluntades que no concuerdan con el claro texto del contrato y su aplicación no sólo no han dado resultados con la prueba rendida, sino que, además, están destinados al fracaso”, es otro de los argumentos del CDE.

Sobre este último punto, el abogado procurador fiscal plantea que ni documental ni testimonialmente “ha logrado acreditar la contraria un acto expreso, formal y legal tramitado que exprese la voluntad administrativa del Estado de Chile de reembolso de las obras de infraestructura con independencia de su ubicación”.