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Condenan a constructora a pagar $267 millones por fallas en departamentos de la Armada

Una batalla judicial que se inició hace 6 años, terminó el mes pasado, cuando la Corte Suprema, en la última instancia, dejó a firme un fallo que condena a la empresa Bravo e Izquierdo al pago de una suma de 267 millones de pesos luego de las fallas que presentaron cuatro edificios de departamentos de la Armada, construidos en calle Chiloé, en el barrio Sur, en la ciudad de Punta Arenas.
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Por La Prensa Austral Lunes 28 de Julio del 2014

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Una batalla judicial que se inició hace 6 años, terminó el mes pasado, cuando la Corte Suprema, en la última instancia, dejó a firme un fallo que condena a la empresa Bravo e Izquierdo al pago de una suma de 267 millones de pesos luego de las fallas que presentaron cuatro edificios de departamentos de la Armada, construidos en calle Chiloé, en el barrio Sur, en la ciudad de Punta Arenas.
La demanda de indemnización de perjuicios fue iniciada por el Consejo de Defensa del Estado el 5 de marzo de 2008, en contra de la mencionada constructora.
El 15 de febrero de 2001 se suscribió entre el fisco de Chile, la dirección general de los Servicios de la Armada y la empresa Bravo, Izquierdo y Fuenzalida Limitada, un contrato de obra pública, en virtud del cual esta última se comprometió a ejecutar los trabajos necesarios para la construcción de cuatro edificios de departamentos, denominado “Proyecto Terhabimar IV”, en Punta Arenas.
La recepción provisoria con reserva de los departamentos se realizó con fecha 6 de marzo de 2002 y el 6 de agosto de 2003 se llevó a cabo la recepción definitiva de las obras.
El Departamento de Bienestar Social de la Tercera Zona Naval inició la entrega de los departamentos a los usuarios en marzo de 2002.
Sin embargo, con el correr de los meses los departamentos presentaron problemas de humedad excesiva que causaron daños en su interior, consistentes principalmente en desprendimientos de pintura y presencia de hongos.
La inspección encargada por el fisco dejó al descubierto vicios constructivos consistentes en suplido de rasgos de yeso; falta de continuidad monolítica del hormigón de muros perimetrales, presencia de tubos de PVC utilizados como envolventes antiadherentes de pasadores metálicos usados como separadores de moldaje en las faenas de hormigonado; falta de sello entre los perímetros de las ventanas de PVC y de los espacios de los muros que las cobijan e insuficiencia en el espesor de los muros.
Las falencias descritas determinaron la presencia de humedad al interior de los departamentos la que provenía de la parte exterior, ya que se filtraba el agua lluvia.
Frente a dicho escenario, fue necesaria la reparación integral del exterior de los departamentos, como única forma de solucionar de manera definitiva los problemas de humedad.
Fisco contrató a Salfa
Para ello, el fisco contrató a la empresa Salfa para que realizara los trabajos de reparación de los cuatro edificios que componen el mencionado conjunto habitacional, los que tuvieron un costo total de 267 millones de pesos.
El fallo de primera instancia pronunciado por el juez del Tercer Juzgado de Letras, dictado el 7 de noviembre de 2012, estableció que en este caso se está en presencia de “responsabilidad contractual por fallas, errores o defectos de construcción”, toda vez que en esta causa se persigue la responsabilidad de la demandada en su calidad de empresa constructora. Expresa, además, que es aplicable el artículo 92 inciso tercero del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas, que señala que si el perjuicio tiene su origen en algún defecto de construcción de la obra o de los materiales empleados en ella, será siempre responsable el contratista por el término de cinco años. La sentencia concluye que en este caso concreto se encuentra acreditado el cumplimiento imperfecto de las obligaciones de la demandada en su calidad de empresa constructora de la obra y la relación de casualidad entre aquel y los daños causados.
El fallo agrega que si bien pudiese ser cierto que también existieran problemas de ventilación y diseño, éstos en ningún caso constituirían la causa de los problemas de humedad detectados sino que la causa principal está constituida por los defectos de la construcción, ello según lo acreditado por los peritajes.
Uno de los peritos señaló que si bien pudiese ser cierto lo sostenido por la empresa constructora al atribuir la falla a problemas de ventilación y diseño, éstos en ningún caso, constituyen las causas principales de los problemas de falta de permeabilidad de los muros exteriores de los edificios, sino que la causa principal de ello está constituida por los defectos de la construcción.
Según se desprende del informe evacuado por el experto, no se cumplió a cabalidad la norma chilena NCH 2262, particularmente en aquella parte que señala que los hormigones y morteros impermeables, tengan razones de agua versus cemento iguales y menores a 0,55 mm. Empero la pericia arrojó que la razón agua versus cemento, fue de 0,57 mm.
La sentencia condenatoria del Tercer Juzgado de Letras fue apelada por la constructora Bravo e Izquierdo, siendo confirmada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el pasado 22 de enero. En su parte resolutiva se sostiene que “la demandada es una empresa constructora que se encontraba sometida a un contrato que fue celebrado precisamente por la mayor experticia de la misma, es decir, que la contratante no podía sino esperar un cumplimiento total y profesional. De manera que no puede excusarse -la demandada- de su responsabilidad, amparándose en una supuesta incongruencia entre las especificaciones técnicas y la obra que ejecutaba, ello por cuanto ha quedado plausiblemente establecido que no dio cumplimiento debido a todos y cada uno a esos requerimientos especificados”.
Recurso de nulidad
ante la Suprema
En contra de estos dos fallos condenatorios, el abogado Jorge Plaza Oviedo, actuando por la constructora demandada, interpuso el 11 de marzo último, un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, acusando presuntos graves vicios y defectos de ambas sentencias que acogieron la demanda del fisco. Junto con solicitar se declare la nulidad del fallo, pidió se deje sin efecto en aquella parte se les condena por todos los perjuicios demandados, “pues en el peor de los casos somos sólo parcialmente responsables de ellos, debiendo ser en consecuencia el porcentaje o monto por el cual somos hipotéticamente responsables, de tal sólo un 20% de los demandado, equivalentes a unos 53 millones de pesos.
En su defensa alegó que “la Armada de Chile tuvo responsabilidad en los problemas de condensación de sus edificios pues si sus especificaciones técnicas (elaboradas por ellos mismos) hubiesen contemplado determinadas características de construcción, tal condensación se habría evitado”.
Transcurridos casi 3 meses de la presentación del último recurso judicial, recientemente la Corte Suprema, en un fallo redactado por el ministro Rubén Ballesteros Cárcamo, rechazó la pretensión de la constructora en orden a invalidar la sentencia condenatoria, confirmándola íntegramente. Se estableció que el recurso de nulidad adolecía de manifiesta falta de fundamento. La causa civil regresó al Tercer Juzgado de Letras para el cúmplase de la sentencia.