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Consejo de Defensa del Estado amplía querella contra senador Bianchi por presunto delito de fraude al fisco

La Fiscalía inició la investigación de los hechos el año 2013, a partir de una denuncia anónima, que posteriormente
oficializó el entonces diputado Miodrag Marinovic, en el marco de la campaña parlamentaria.

Por La Prensa Austral Miércoles 2 de Julio del 2014

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El Consejo de Defensa del Estado, a través del procurador fiscal (s), abogado Dagoberto Reinuava del Solar, amplió la querella criminal que en su oportunidad interpuso en contra del senador Carlos Bianchi Chelech, investigado por la Fiscalía de Punta Arenas por un presunto delito de negociación incompatible, al haber arrendado una propiedad que pertenecía a su suegra a un precio supuestamente sobrevalorado, recinto que utilizó como oficina entre los años 2006 y 2010.

El libelo ingresó este lunes 30 de junio ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad para su tramitación.

Con fecha 26 de agosto de 2013 el Consejo de Defensa del Estado ya se había querellado en contra de Bianchi, por el delito de negociación incompatible. La querella ahora se amplió al presunto delito de fraude al fisco respecto del mismo parlamentario y también respecto de este delito, en contra de Victoria Retamales Espinoza, hermana de la esposa del senador.

La investigación criminal respecto de estos hechos nace en virtud de una denuncia anónima, formulada al Ministerio Público por el entonces diputado Miodrag Marinovic.

De acuerdo a lo expuesto por el Consejo de Defensa del Estado en su presentación legal, con fecha 31 de marzo de 2006, mediante escritura pública, el senador Carlos Bianchi celebró un contrato de arriendo con Fresia Espinoza Alonso, madre de su esposa. Dicho contrato decía relación con el inmueble ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto Nº824-A, de la comuna de Punta Arenas. Para tal efecto se fijó una renta mensual de 850 mil pesos. El inmueble sería destinado a oficinas de atención de público.

Entre el mes de septiembre y octubre de 2009, con ocasión del fallecimiento de la suegra del parlamentario, se suscribió entre el senador y Victoria Retamales, hermana de su cónyuge, un anexo al referido contrato, en virtud del cual se establece que ante el fallecimiento de doña Fresia Espinoza, sería la Sra. Victoria quien asumiría el cobro del valor del arrendamiento. Dicho contrato se mantuvo vigente hasta diciembre de 2010.

La renta pactada se realizó con cargo a la llamada “Asignación para gastos de oficina”, hoy “Asignación para labor parlamentaria” y que corresponde a un ítem de cargo al erario público.

Consta en la jefatura de Finanzas del Senado que el parlamentario solicitó que el cheque destinado al pago del canon de arriendo fuera emitido a su nombre. Esto ocurrió entre abril de 2006 hasta el mes de septiembre de 2009, fecha a partir de la cual los cheques comenzaron a ser girados a nombre de su cuñada Victoria. En definitiva se giraron a nombre del senador para pago de arriendo de oficina, la suma total de $37.807.688.

“Conforme a la información que obra en la investigación, se puede afirmar que una vez ingresados a los haberes del querellado (senador), estos pagos no fueron transferidos, pues no existen antecedentes que permitan concluir que el destino para el que fueron entregados los fondos haya sido cumplido, apropiándose entonces el querellado de los mismos”, argumenta el Consejo de Defensa del Estado.

Entre octubre de 2009 y noviembre de 2010, los cheques fueron girados a favor de su cuñada. De acuerdo a los resultados arrojados por la investigación, 14 cheques fueron girados a nombre de Victoria Retamales, de los cuales se cobraron por caja $5.902.758 y otros $7.962.772 se depositaron en la cuenta corriente de su familiar.
Sobrevaloración
El Consejo de Defensa del Estado reprocha, asimismo, la sobrevaloración del citado inmueble de calle Ignacio Carrera Pinto Nº824-A. “Resulta un hecho evidente que el valor de la renta presentado y pagado por el Senado no se condice con el valor real de mercado de los arriendos en el sector de ubicación de la mencionada propiedad”, se argumenta en la querella.

Al respecto, existe constancia que el mismo inmueble, una vez que dejó de funcionar como oficina parlamentaria, fue arrendado para fines comerciales, en la suma de $450.000.

En la carpeta investigativa se encuentra agregado un peritaje de tasación, solicitado por la Fiscalía Regional y evacuado por el tasador Fernando Descourvieres Gómez, quien asigna a la oficina un valor comercial de 0,17 UF el metro cuadrado, aunque el contrato celebrado por el senador alcanzaba un valor de 0,47 UF el metro. Aplicando el mismo precio comercial, el año 2006 el inmueble podía haberse arrendado en $560.298 por los 190 metros cuadrados. Sin embargo los 100 metros cuadrados del mismo inmueble fueron arrendados en $850.000.

Fondos públicos

El Consejo de Defensa del Estado basa su querella por el presunto delito de fraude, que “los recursos contenidos en la asignación parlamentaria destinada a arriendo de oficina, son fondos públicos, que no constituyen un emolumento ni son parte de la dieta de los parlamentarios y por lo tanto, éstos no tienen libre disponibilidad sobre los mismos”.

En razón de esta reflexión, el organismo en cuestión deja establecido que además del delito de negociación incompatible, por el cual se querelló en su oportunidad, se configura respecto de los querellados el delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, que dispone: “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación perpetua para el cargo u oficio y multa del 10 a 50 por ciento del perjuicio causado”. En este caso, el senador Bianchi tiene la calidad de funcionario público.

Respecto de su cuñada, Victoria Retamales, su participación en el presunto delito de fraude, se desarrolla -según el organismo querellante- desde su concurrencia a la firma del anexo del contrato de 2009 y se prolonga en concomitancia con el senador Bianchi, en el cobro de las rentas desde octubre de 2009 y noviembre de 2010. De acuerdo a lo denunciado por la entidad querellante, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, el parlamentario recibe tres pagos consistentes con el monto del arriendo cobrado por su cuñada.

Para acreditar el presunto delito de fraude al fisco, el Consejo de Defensa del Estado solicita una serie de diligencias investigativas, en su mayoría de índole policial y también a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.