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Contraloría cuestiona forma en que se entregaron recursos regionales al Patagonian Expedition Race

Si bien el órgano fiscalizador reconoce que la competencia extrema es un mecanismo para promocionar la región, establece que en la asignación de los recursos del programa no debieron intervenir particulares “que tenían interés directo en ella y que, en tal virtud, carecían de la imparcialidad necesaria para adoptar una decisión relativa a la inversión de caudales públicos”.

Por La Prensa Austral Martes 28 de Junio del 2011

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Un conflicto de intereses en el otorgamiento de recursos regionales al Patagonian Expedition Race detectó la Contraloría General de la República, debido a que en la aprobación para la entrega de aportes económicos a la carrera extrema, por parte del Programa de Promoción Turística de Magallanes, habrían participado votando a favor dos personas que trabajan en la competencia.

“Cabe hacerse cargo del hecho de que los representantes de la postulante (Patagonian Expedition Race), señores José Vera Giusti y Stjepan Pavicic Fuentes, este último, además, dueño de la marca comercial ‘Patagonian Expedition Race’, emitieran su voto favorable para la asignación del financiamiento del proyecto antes aludido”, señala el dictamen firmado por el contralor general de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga.

El órgano de control investigó este tema debido a que la Contraloría de Magallanes solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento de asignación de recursos públicos para el financiamiento de la competencia, en respuesta a que diversas entidades de la zona denunciaron que dicha carrera deportiva no se ajustaría al concepto de promoción del turismo. Además, recibieron cuestionamientos con respecto a que el representante de la empresa organizadora del aludido evento y dueño de su marca comercial era a su vez miembro de la mesa de trabajo público-privada que efectuó la asignación de caudales regionales en el 2009.

“La dirección regional de turismo de la XII Región debió haber adoptado las medidas para evitar que en la asignación de los recursos del programa que se analiza, hubieran intervenido particulares que tenían interés directo en ella y que, en tal virtud, carecían de la imparcialidad necesaria para adoptar una decisión relativa a la inversión de caudales públicos”, concluye la Contraloría General de la República en el dictamen donde no se especifica los montos involucrados.

Los reclamos vinieron por parte de empresarios turísticos que no están de acuerdo con hacer supuestos financiamientos a negocios de privados con recursos regionales. Y también porque consideran antiético que el dueño de la carrera, Stjepan Pavicic, quien además es director de Austro Chile; y José Vera Giusti, director de relaciones institucionales del Patagonian Expedition Race, se auto asignaran recursos.

El problema ahora es que los involucrados niegan haber tenido participación en votaciones, y aún más, haber recibido aportes regionales para la competencia internacional.

Supuesto error de Contraloría

“Hay un error inexplicable por parte de Contraloría cuando señala que no hubiese correspondido que Stjepan o yo hubiéramos votado para aprobarnos recursos. Es un error garrafal porque jamás ha votado él y menos yo que nunca he sido integrante de esa mesa”, enfatizó José Vera Giusti.

Y agrega que Patagonian Expedition Race nunca ha recibido recursos regionales y que sólo hubo una aprobación de 40 mil euros que por problemas en una licitación en febrero de 2010 nunca llegaron a recibir.

Promoción del turismo

Pese a que existen dudas por parte de algunos empresarios regionales con respecto al real aporte de la carrera extrema en la difusión del turismo regional, el órgano contralor desestimó este cuestionamiento. “Es dable concluir que el proyecto Patagonian Expedition Race se ajustó a los objetivos previstos en la aludida glosa presupuestaria y el citado convenio, toda vez que se trató de una carrera de aventura destinada a dar a conocer la diversidad natural y la riqueza del patrimonio cultural de la Patagonia, debiendo, por ende, desestimarse la denuncia formulada en este aspecto”, estableció el dictamen.

Error del gobierno regional

En el 2009 el Consejo Regional aprobó el reglamento interno y/o manual de procesos del Programa de Promoción de la Patagonia, que contaba con un presupuesto que bordeaba los dos mil millones de pesos, el que previó la existencia de una mesa de trabajo público-privado. Esta instancia tenía entre sus funciones resolver la aprobación de acciones promocionales cofinanciadas que no estuviesen calendarizadas por Turismo Chile y sobre la pertinencia y asignación de recursos para casos especiales. Y en su numeral 2.1.5 dispuso que “no se financiarán actividades que no hayan sido analizadas y acordadas en sesión Mesa de Trabajo público-privada”.

Sin embargo, según el estatuto orgánico del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), organismo encargado de administrar los recursos transferidos por el gobierno regional, sólo se podrán crear comisiones consultivas ad honorem, integradas con representantes de los sectores público y privado, relacionados con la actividad turística, las que serán de carácter permanente o transitorio, fijando en cada caso la propia entidad pública los términos a los cuales ajustarán su cometido y las atribuciones y deberes de las mismas.

Y como se estableció que la asignación de los recursos públicos se regiría exclusivamente por la normativa legal de la institución receptora, que en este caso era Sernatur, el dictamen establece que “cabe concluir que la actuación del gobierno regional respectivo al dictar un oficio interno que regulara tal procedimiento y, específicamente al otorgar facultades resolutivas a la mencionada mesa de trabajo, no se ajustó a derecho, contraviniendo, asimismo, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 34.392, de 2007, 16.302, de 1995, y 30.584, de 1992”.

Y respecto al incumplimiento por parte de la dirección regional de Sernatur de las decisiones de la mesa de trabajo público-privada, “es dable advertir que ellas sólo pudieron recomendar o proponer la entrega de recursos a determinados proyectos, sin que su opinión resulte vinculante para la autoridad”.