Necrológicas

Contraloría legitima comisión especial del Consejo Regional por caso Zona Franca

La empresa concesionaria estimó que la conformación de dicha comisión por el citado ente colegiado excede sus atribuciones.

Por La Prensa Austral Lunes 20 de Octubre del 2014

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La Contraloría General de la República legitimó la constitución de una comisión especial al interior del Consejo Regional de Magallanes con miras a estudiar la situación de la Zona Franca de Punta Arenas, ante el controvertido contrato de administración.
La Sociedad de Rentas Inmobiliarias Limitada, SRI Ltda., actual concesionaria, consultó a la Contraloría por la legalidad de la comisión de trabajo constituida por el Consejo Regional de Magallanes, con el objeto de informar sobre el contrato de concesión del mencionado recinto, celebrado entre dicha empresa y el intendente de la XIIª Región, en representación del fisco de Chile.
En su presentación, Rentas Inmobiliarias estimó que la conformación de aquella comisión por el citado ente colegiado excede sus atribuciones, pues la Ley Nº19.175 sólo lo habilita para fiscalizar al intendente en su calidad de órgano ejecutivo del mismo. Añade que sus facultades en materia de inversión de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional están limitadas a definir el destino de aquellos caudales, sin que pueda examinar sus fuentes. Por último, afirma que lo anterior importa sustituir a la Comisión de Control y Seguimiento prevista en la cláusula vigésimo octava del referido acuerdo de voluntades, generando una instancia paralela e imponiendo mecanismos de revisión adicionales a los pactados.
El intendente de la XIIª Región al evacuar su informe da cuenta que según el artículo 35 del decreto con fuerza de Ley N°2, de 2001, del Ministerio de Hacienda -que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°341, de 1977, del mismo origen, sobre Zonas Francas-, los montos que paga SRI Ltda. por la administración del recinto de que se trata ceden en beneficio de ese gobierno regional, incorporándose a su presupuesto.
Añade que las facultades de resolución conferidas por la citada ley N°19.175 al Consejo Regional, implican adoptar una determinación informada y razonada, ajustada a los principios y normas aplicables en la especie, sosteniendo, además, que la comisión de trabajo objetada no se contrapone a la regulada en el contrato de concesión, pues tiene su sustento en los artículos 36, letra a), y 37, inciso cuarto, del aludido cuerpo legal, siendo su única finalidad estudiar y analizar una materia de interés local, dado que los montos pagados por aquella sociedad ingresan al presupuesto del gobierno regional de la XIIª Región.
Concordante con lo anterior, los artículos 15 y 20 de la resolución exenta N°113, de 2011, del gobierno regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que contiene el reglamento del Consejo Regional de ese territorio, previenen que dicho ente pluripersonal “designará comisiones permanentes y podrá proponer, además, comisiones especiales”, las que “serán integradas por Consejeros(as) con el propósito de estudiar y analizar materias de interés para la región”, agregando que las últimas “se designarán para estudiar las materias o asuntos que expresamente les encomiende el Consejo y sus funciones terminarán con la entrega del respectivo informe al Pleno del Consejo”.
En cuanto a lo anterior, según el artículo 35 del precitado decreto con fuerza de ley Nº2 “los montos que a partir del año 2009 pague la concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas, en virtud de lo que dispone el contrato de concesión firmado entre las partes, cederán en beneficio del gobierno regional de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, los que serán incorporados en la Ley de Presupuestos”.
Así, acorde con las estipulaciones décimo cuarta y décimo quinta del contrato de concesión de que se trata suscrito entre la entidad recurrente y la Intendencia, SRI Ltda. debe pagar cada año a la reseñada Intendencia, durante la vigencia de la relación contractual, el 28 por ciento de los ingresos brutos anuales que perciba la Zona Franca, e invertir un 6 por ciento de los mismos en obras de infraestructura, dentro de ese recinto.
En tanto, la cláusula vigésimo octava del citado instrumento indica que “Corresponderá a la Intendencia Regional fiscalizar el estricto cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones del Contrato de Concesión”, agregando que “el Estado podrá establecer los sistemas de inspección vigilancia y control que estime pertinentes, respecto del normal funcionamiento de la Zona Franca. Para ello, la Intendencia Regional por medio de resolución designará una comisión de control y seguimiento compuesta por distintas autoridades regionales o quien actúe en su representación, la que tendrá la obligación trimestralmente y en caso de eventualidad alguna que así lo amerite, de emitir un informe en el que especificará sus observaciones”.
Respecto de ello, en la trigésima sexta sesión ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, celebrada el 16 de diciembre de 2013, se aprobó la propuesta de crear una comisión especial que analizara y estudiara la situación de la Zona Franca de Punta Arenas.
Posteriormente, en la primera sesión extraordinaria de 10 de marzo de este año, se dio a conocer el informe final preparado por la antedicha instancia de trabajo, la cual concluyó, en lo pertinente, que existe un perjuicio real al presupuesto regional, derivado de no haberse enterado íntegramente lo que correspondía por concepto del precio de la concesión; que no hay claridad del cumplimiento del compromiso de reinversión regional, ni se ha observado el plan de inversiones ofertado por la recurrente y que se consideró al momento de la adjudicación.
Conclusiones
En relación a dichos fundamentos, Contraloría General de la República remarcó que al Consejo Regional, por ser un órgano del gobierno regional, le compete velar porque se incorporen al patrimonio de este último los recursos que le corresponde percibir por el contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, los que pasan a integrar el FNDR y, por ende, están destinados al financiamiento de proyectos en beneficio de la región.
Asimismo recordó que a dicho órgano colegiado es a quien le corresponde aprobar las iniciativas que se ejecutarán con los haberes del mencionado Fondo, las que inciden directamente en el desarrollo social, cultural y económico de la región, por lo que no solo puede sino que debe procurar que se incorporen a aquel los caudales con que se financiarán tales actividades.
Para el órgano contralor, el rol que le compete al Consejo Regional respecto de los recursos de la especie, no se opone al que debe cumplir la referida Comisión de Control y Seguimiento, pues esta última fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones que han asumido las partes en el contrato de concesión de que se trata, lo que es ajeno a la función que, como se viera, desempeña el citado ente.
En tales condiciones, el dictamen que lleva la firma del contralor general Ramiro Mendoza, concluye que la comisión de trabajo del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena que estudió la situación del contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, se ajustó a derecho.