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Contraloría ratifica validez de los cuestionados contratos especiales de operación petrolera

“No existe inconveniente en que dicha empresa pública (Enap) se asocie con terceros para ejecutar las señaladas actividades en los yacimientos de hidrocarburos que indica, a través de los respectivos contratos especiales de operación (Ceop’s)”.
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Por La Prensa Austral Jueves 12 de Enero del 2012

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“No existe inconveniente en que dicha empresa pública (Enap) se asocie con terceros para ejecutar las señaladas actividades en los yacimientos de hidrocarburos que indica, a través de los respectivos contratos especiales de operación (Ceop’s)”.

Así lo sentenció el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, en respuesta a un escrito presentado por el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño, solicitando a dicha instancia un pronunciamiento sobre el último proceso de Ceop’s que lanzó la estatal y que involucra a cinco bloques ubicados en Tierra del Fuego.
Esta presentación fue avalada por los diputados Carolina Goic y Miodrag Marinovic.

Según el referido dictamen, no existe impedimento alguno para que Enap lleve adelante la prospección y explotación de los referidos bloques. Además, alerta que mediante la celebración de Ceop’s se estaría traspasando a privados importantes activos de la estatal.

El tenor del dictamen resultó un revés para las pretensiones y posición del Sindicato de Trabajadores.

Para mejor resolver, la Contraloría pidió antecedentes a Enap, compañía que justificó los proceso de invitación a privados para ingresar al negocio de la exploración y explotación de hidrocarburos en Magallanes debido al incremento de la demanda residencial, comercial e industrial de gas natural, mientras que, por el contrario, desde 1996, las reservas de petróleo y del señalado gas han sufrido una brusca declinación.

Al dar cuenta del estado del proceso de invitación de petroleras internacionales, Enap justifica que éste fue aprobado por su directorio y acota que la propiedad de los activos que mantiene en las zonas ofertadas no serán transferida mediante la asociación. Puntualiza que, no obstante ello, la estatal se reserva el derecho de dar acceso a la compañía privada de su información geológica, así como convenir con ésta el uso de sus instalaciones y equipos.

Al momento de justificar su dictamen, Ramiro Mendoza esgrime preceptos constitucionales y el decreto con fuerza de ley Nº1, de 1986, del ministerio de Minería (sobre la creación de Enap), que facultan al Estado o a sus empresas a celebrar Ceop’s o pactar concesiones administrativas para llevar a efecto la exploración y explotación de hidrocarburos.

“Es dable señalar que la Enap se encuentra jurídicamente habilitada para ejecutar la exploración, explotación o el beneficio de yacimientos petrolíferos, pudiendo desarrollar directamente dichas labores o a través de una sociedad en que tenga participación o en asociación con terceros, requiriendo de estas últimas dos circunstancias, de una concesión administrativa o de un contrato especial de operación en los términos indicados precedentemente”, concluye el Contralor Mendoza.