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Corte admite a trámite nuevo recurso de protección contra seremi de Salud por reapertura de cementerio

Quedó pendiente la resolución de la orden de no innovar solicitada por los familiares.

Por La Prensa Austral Lunes 1 de Octubre del 2012

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El sábado último, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas admitió a trámite un nuevo recurso de protección interpuesto por familiares de personas sepultadas en el Cementerio Parque Cruz de Froward, en contra de la resolución firmada por la secretaria regional ministerial de Salud, doctora María Isabel Iduya, que levantó la prohibición sanitaria existente para las inhumaciones de cuerpos en la etapa Uno del camposanto, en el kilómetro 7,5 norte.

La presentación legal fue iniciada por el abogado Arístides Figueroa Soto, a favor de 175 personas que aparecen respaldando el recurso de protección en contra de la resolución exenta Nº3199, de fecha 28 de agosto de 2012, de la secretaría regional ministerial de Salud. En opinión de los recurrentes, tanto en su dictación como en sus fundamentos, se vulneran las garantías constitucionales de un grupo de personas cuyos familiares aparecen sepultados en dicho recinto.

“Se ha vulnerado el debido proceso por cuanto se ha dictado una resolución de levantamiento de prohibición de funcionamiento, atendido los antecedentes del sumario y los informes de los servicios competentes, las obras de mitigación y reparación y modificación destinadas a dejar plenamente operativo el cementerio, estimamos, deben contar previamente con la aprobación del Sistema de Evaluación Ambiental, cuestión que no ha ocurrido”, plantea uno de los fundamentos del recurso.

Acusan derechamente a la doctora Iduya de actuar fuera de la esfera de competencia de sus atribuciones al involucrarse en materias propias de otras entidades, sea interpretando o desconociendo los informes emanados de la Dirección de Obras Hidráulicas, inmiscuyéndose en materia de competencia de la Dirección General de Aguas, al pronunciarse sobre los trabajos a ejecutar, tras expresar que ellos se encuentran cumplidos, al igual que la funcionalidad de los drenajes del cementerio. Lo mismo, se añade, respecto de las obras civiles relativas a la canalización de los drenes, recolección de agua lluvia y evacuación hacia los esteros Bitsch y Llau-Llau.

Inhumaciones

Igualmente se cuestiona la parte resolutiva, numeral 1, de la resolución exenta Nº3199, que limita las inhumaciones hasta la segunda capacidad.

“Esta declaración de la autoridad sanitaria da cuenta que su decisión es contradictoria al alzar la prohibición, al limitar por un lado el número de sepultaciones, estableciendo una diferencia arbitraria, en contradicción con los antecedentes que forman el sumario, al establecer dicha limitación”, sostienen los recurrentes.

En efecto, señalan que “la limitación de cantidad de inhumaciones, que en definitiva son en razón de la profundidad de las sepulturas, da cuenta que efectivamente no se han superado las observaciones que originaron el sumario”.

Frente a esta decisión, los familiares manifiestan que la limitación de la capacidad de la sepultación impuesta por la autoridad sanitaria, obligará, en el momento en que se complete la cabida, que los afectados se vean en la necesidad de buscar otras alternativas para la sepultación de sus seres queridos.

Asimismo sostienen que ha habido una diferencia arbitaria e ilegítima, al valor los antecedentes a favor de la empresa, pero no obstante, manteniendo un detrimento y perjuicio en contra de los recurrentes. En este sentido, acusan desigualdad ante la ley.

Orden de no innovar

Junto con solicitar a la Corte de Apelaciones acoger el recurso de protección y dejar sin efecto la resolución sanitaria que alzó la medida de prohibición de funcionamiento del Cementerio Parque por considerarla ilegal y arbitraria, también plantean que atendida la gravedad de los hechos expuestos, tenga a bien decretar orden de no innovar, ordenando la suspensión de los efectos de la resolución exenta Nº3199, de fecha 28 de agosto de 2012 de la secretaría regional ministerial de Salud de Magallanes y Antártida Chilena.

Para mejor resolver, los recurrentes solicitan a la Corte tengan a bien oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Dirección General de Aguas y al Servicio de Evaluación Ambiental, para que remitan al Tribunal las observaciones e informes técnicos referidos a los antecedentes expuestos en el recurso.

El 28 de septiembre, la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso y ordenó pedir informe a la seremi Iduya, quien deberá evacuarlo dentro del plazo de 6 días hábiles, debiendo acompañar todos los antecedentes que sobre la materia orden en su poder. La vista de la orden de no innovar quedó pendiente.

Un día antes que los familiares realizaran dicha presentación legal, la Inmobiliaria Parque Cruz de Froward interpuso un recurso de protección en contra de la seremi de Salud cuyo tenor no ha sido informado.