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Corte de Apelaciones revoca resolución de seremi de Salud y vuelve a prohibir inhumaciones en cementerio

Ayer, los afectados interpusieron un recurso de protección contra la autoridad sanitaria por el alzamiento de la restricción para realizar sepultaciones, siendo acogida la orden de no innovar.

Por La Prensa Austral Viernes 6 de Enero del 2012

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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó mantener la prohibición de inhumaciones en la etapa II del Parque Cementerio Cruz de Froward, luego de que en la mañana de ayer, Sandra Muñoz y Jorge Benimelis -afectados con la inundación de tumbas-, interpusieran un recurso de protección. Ambos impugnaron la resolución administrativa adoptada por la secretaría regional ministerial de Salud, representada por la doctora María Isabel Iduya, que significó el alzamiento de la restricción para realizar sepultaciones. Lo que hizo ayer la Corte fue acoger una orden de no innovar mientras se falla el fondo del recurso.

La seremi de Salud, María Isabel Iduya, notificó el 29 de diciembre a los representantes de la Inmobiliaria Cruz de Froward su determinación de habilitar la etapa II del camposanto, basándose en los informes técnicos del Departamento de Acción Sanitaria y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DHO) del Ministerio de Obras Públicas (Mop). “La información existente indica que no existe riesgo sanitario para la población y que el sistema de drenaje superficial de la etapa II funciona adecuadamente, por lo que se autorizan las sepultaciones hasta la segunda capacidad”, declaró en esa oportunidad, señalando además que los muestreos habían arrojado la contaminación propia de cursos de aguas superficiales.

No obstante, en el desarrollo del recurso se argumenta que el análisis de calidad de las aguas de los esteros Llau Llau y Bitsch, efectuado por la DHO, concluye la existencia de contaminación antrópica en la descarga de drenaje lado norte y sur (sobre 10 mg/l), cuya evacuación estaría contaminando el cauce. Esto, porque las muestras de aguas superficiales, aguas arriba del cementerio, tienen muy bajo nitrógeno (menos 0.3 mg/l) mientras que aguas abajo se elevan los valores.

En palabras simples, en la presentación legal se da cuenta que, “los más de 2.700 cuerpos que se depositaron y se encuentran sumergidos en agua, están contaminando el estero y la seremi de Salud, en conocimiento de ello, autorizó seguir inhumando”.

Así las cosas, el Tribunal de Alzada dejó temporalmente sin efecto la resolución emitida por la autoridad sanitaria y ordenó a la seremi del ramo que debe evacuar un informe dentro del plazo de seis días, con todos los antecedentes del caso.

Reacciones
Los familiares se mostraron satisfechos y conformes con la decisión de la justicia. “Esto corrobora que siempre hemos dicho la verdad y demuestra el poco profesionalismo de las autoridades regionales tanto de 2006, cuando se supo de la primera tumba, como ahora”, expresó Sandra Muñoz, quien comenzó con esta lucha en febrero de 2010, cuando exhumaron los restos de su pequeño hijo Claudio.

Otro de los afectados, Jorge Benimelis, agregó que tanto el informe de Obras Hidráulicas como la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones “reflejan abandono de deberes como funcionaria pública de la seremi de Salud, María Isabel Iduya”, manifestando su profunda molestia.

Los familiares agradecieron la colaboración del senador Carlos Bianchi, el ministro de Obras Públicas Laurence Golborne y la directora nacional de Obras Hidráulicas, Mariana Concha.

En la tarde de ayer, luego de conocer la determinación judicial, se dirigieron hasta la secretaría regional de Salud y sostuvieron una breve reunión con el seremi (s), Sergio Ruiz, quien expresó que primero debía tomar conocimiento de los documentos, pero que si era de tal manera, implicaba acatar la orden. En la práctica, “se retrae el proceso” hasta antes de emitir la última resolución, explicó. Respecto de si conocía el informe emitido por Obras Hidráulicas, Ruiz dijo que contaban con un documento que había sido evaluado por técnicos de la seremi, pero que más antecedentes debían ser aportados por la titular.