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Defensor de Atilio Gallardo plantea imputabilidad disminuida por estado psiquiátrico de ex alcalde

El abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, representante del destituido alcalde de Timaukel, Atilio Gallardo Bustamante, planteó al Tribunal durante los alegatos de apertura del juicio por presunto fraude en la Municipalidad de Timaukel, acoger la imputabilidad disminuida atendido el estado psiquiátrico del ex jefe comunal que habrían mercado su capacidad de gestión.
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Por La Prensa Austral Martes 8 de Julio del 2014

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El abogado defensor Juan Carlos Rebolledo, representante del destituido alcalde de Timaukel, Atilio Gallardo Bustamante, planteó al Tribunal durante los alegatos de apertura del juicio por presunto fraude en la Municipalidad de Timaukel, acoger la imputabilidad disminuida atendido el estado psiquiátrico del ex jefe comunal que habrían mercado su capacidad de gestión.
Atilio Gallardo comparece junto a otros siete imputados ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, durante el juicio iniciado ayer y que se extendería durante unos 40 días.
Con los jueces Jovita Soto, Luis Alvarez y Claudio Neculmán, ocho imputados, un fiscal, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y cinco abogados defensores, se dio inicio a las 8,58 horas de ayer al juicio en contra del ex alcalde, parte de su cúpula edilicia, su asesora externa y prestadores de servicios externos, acusados por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y estafas reiteradas.
El primero en intervenir fue el fiscal que condujo la investigación Felipe Aguirre, quien por varios minutos se extendió detallando los pormenores del supuesto actuar ilícito de los acusados, sindicando a Gallardo como la máxima autoridad, quien no sólo debería haber tenido conocimiento de lo que ocurría, sino que además habría tenido participación activa en las maniobras que defraudaron en más de 150 millones de pesos a las arcas municipales.
Sobre la dinámica de los hechos, Aguirre manifestó que en este caso se sobrevaloraron servicios para la liberación de fondos de la alcaldía los cuales eran cobrados por los intervinientes, incluso falsificando firmas. Asimismo, descartó que dicha conducta obedezca a acciones culposa, de omisión o equivocaciones administrativas, sino que derechamente se habría obrado con “intencionalidad y dolo”.
Por su parte, el abogado del CDE, Dagoberto Rainuava rindió un contundente alegato de apertura el que inició señalando: “Uno podría quedarse con elementos anecdóticos respecto de la causa, como por ejemplo que por un cordero asado se pagaron 7 millones de pesos, o que el alcalde celebró su cumpleaños con fondos públicos y después lo hizo pasar como una ‘reunión de trabajo’; pero el punto es que cuatro profesionales que administraban la Municipalidad de Timaukel con pleno control de lo que en ella pasaba, sistemática y coordinadamente y a sabiendas de lo que estaban haciendo, sustrajeron una cantidad de fondos públicos de los cuales sólo se han podido detectar 153 millones de pesos. Sin embargo, dicho municipio aún está endeudado, no puede ejecutar su presupuesto, y si bien hoy hablamos de 153 millones de pesos quizás cuánto más se habrá defraudado”, esgrimió.
Imputabilidad disminuida
Mientras tanto el abogado de la Defensoría Penal Licitada de Tierra del Fuego, Juan Carlos Rebolledo, en representación de Gallardo y su ex asesora externa, Yolanda Pamela Díaz Chacón, fue el primero de los cinco defensores en exponer sus argumentos, enfatizando que en el caso del ex alcalde hay situaciones de su vida personal que habrían mermado su capacidad de dirección durante los años de gestión.
“Lo que busca el fiscal es hacer ver que estamos ante una red de corrupción y defraudación, pero si vemos con atención sus dichos, podemos distinguir conductas que, en conceptos de esta defensa, dejan claro que el alcalde no hacía mucho, y no hacía mucho porque la administración municipal la tenía entregada a su administrador municipal, hombre de su confianza”, enfatizó.
Asimismo, dijo que hay que considerar que existe un informe emanado el año 2007, mucho antes de que él fuera alcalde, en que se le diagnosticaba depresión severa mayor, “situación que a nuestro juicio, tomándonos de lo que la Fiscalía asegura diciendo que nuestro representado firmaba los cheques, resultará interesante entonces probar quién era realmente responsable de eso, considerando que el Servicio Médico Legal dice en un informe que mientras fue alcalde la enfermedad que padecía lo hacía tener imputabilidad disminuida”, aseguró Rebolledo.
El juicio se reanuda hoy, con la declaración de los imputados, salvo Gallardo y Patricio Arteaga, ex jefe de Control del municipio, quienes declinaron rendir testimonio al inicio del procedimiento.