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Desbaratan “banda de mecheros” que usaba a menores

El fiscal a cargo formalizó a dos adultos, quedando pendiente la situación procesal de tres adolescentes.

Por La Prensa Austral Sábado 8 de diciembre del 2012

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La Fiscalía investiga la participación de una “banda de mecheros” en una serie de hurtos en supermercados y tiendas de la ciudad. Para perpetrar los delitos, los adultos se habrían coludido con guardias de seguridad de los locales, y utilizado a menores de entre 12 y 17 años.

En audiencia celebrada ayer ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el fiscal Eugenio Campos formalizó investigación en contra de la pareja conformada por Angel Valenzuela Núñez y Sandra Paredes Montiel, por los delitos de hurto, que habrían afectado, en una seguidilla de hechos, a los supermercados Abu Gosch, Unimarc y a la tienda Recasur de Zona Franca, desde donde sustrajeron especies por sobre los 2,5 millones de pesos.

La pareja junto a otras cuatro personas, todos menores de edad, utilizaban diferentes metodologías para sustraer especies de menor valor de manera sistemática, las que posteriormente comercializaban de manera informal, quedando su actuar registrado por las cámaras de vigilancia de los centros comerciales afectados.

El fiscal Campos planteó en audiencia que el delito, más allá del grado de reiterado que se está imputando, se vería agravado por el hecho de ser un grupo de personas organizadas para cometer el delito. Además, argumentó que la mujer, identificada en la carpeta investigativa como “La Vieja Chica”, nombre que le darían los integrantes de la banda, presenta un amplio prontuario por delitos de la misma especie, teniendo tres condenas a su haber, y procesos pendientes por hechos de la misma naturaleza. Por lo anterior, solicitó imponer a la supuesta líder de la banda la medida de prisión preventiva.

Añadió que la mujer preparó a sus sobrinas, al pololo de una de ellas, a su propio hijo y a su pareja para perpetrar los delitos, siendo su cónyuge el encargado de transportar la mercadería sustraída, De igual manera, Campos señaló que en la etapa incipiente de la investigación, ya se ha podido establecer que han actuado en complicidad con ex guardias de seguridad de algunos supermercados en algunos hechos consumados en junio de este año.

Abogado de los imputados

En tanto, el abogado representante de los imputados, Marcos Ibacache, solicitó que no se diera lugar a la medida de prisión solicitada por el Ministerio Público, atendida la circunstancia que la investigación apunta a esclarecer hechos de menor cuantía y que no tienen relevancia social, por lo que no se daría la figura de “peligro para la sociedad”, que aducía el fiscal. De igual manera, señaló que no existe peligro de fuga, ya que incluso sus representados se presentaron de manera voluntaria a la audiencia judicial.

Ponderados los antecedentes aportados en la audiencia, el magistrado Juan Enrique Olivares negó la solicitud del fiscal, pero sí decretó las medidas de arraigo regional, firma semanal y la prohibición de acercarse a los locales comerciales afectados en los hechos motivo de investigación.

De igual manera se dispuso oficiar al Juzgado de Familia para que tomara conocimiento de la situación denunciada por el Ministerio Público respecto del menor de 12 años que habría sido involucrado en la comisión de los delitos.
En una segunda audiencia de formalización, esta vez en contra de los tres adolescentes que estarían involucrados en los hechos, C.R.P.B., C.I.P.B y J.A.M.C., se resolvió fijar una nueva fecha para realizar dicho procedimiento debido a la ausencia de los imputados.

Tras la audiencia, el fiscal Campos manifestó que no apelará de la negativa judicial de imponer la medida cautelar, pero sí confirmó que ya cuentan con antecedentes suficientes que acreditarían la participación y el liderato de la
imputada, esto en virtud de una investigación que ha llevado adelante la Brigada Investigadora del Crimen de la PDI.

“Como lo indica el informe, la organización está compuesta por mayores y menores de edad, llamando la atención la vinculación de un menor de 12 años que participa en este actuar ilícito. Las circunstancias indican que sería una banda ligada, incluso, con personal de seguridad que podría estar involucrado en los hechos y también guarda relación con altos montos en especies sustraídas”, indicó Campos. No se descarta agregar nuevos antecedentes relacionados a otros hechos que se están investigando.

Finalmente, se fijó un plazo de 60 días como plazo investigativo, quedando ambos imputados con las cautelares señaladas durante ese período de tiempo.

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