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Detienen a mujer acusada de traer engañadas a paraguayas para ejercer la prostitución

Se investiga su eventual responsabilidad en un delito de “trata de personas”.

Por La Prensa Austral Sábado 13 de Agosto del 2011

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Caaguazú (Paraguay), Buenos Aires, Río Gallegos. Este era el periplo que las jóvenes paraguayas debían sortear para llegar en búsqueda de una tierra prometida, la de Magallanes.

Claro que aquí la realidad distaba bastante de lo que, aparentemente, le habían prometido. El trabajo de asesora del hogar no era tal, más bien se trataba de garzona con servicios sexuales.

Así se reveló ayer durante la formalización de cargos en contra de Francisca Vidal González (62 años), propietaria del local nocturno Extasis, de Avenida España, a quien se le imputa responsabilidad en el delito de “trata de personas”. La mujer fue detenida el jueves cerca de las 14,40 horas en el paso fronterizo de Monte Aymond, por personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

Lo anterior, en base a la denuncia formulada por cinco jóvenes paraguayas que aseguran haber sido forzadas al trabajo sexual al interior del establecimiento ubicado en Avenida España a pasos de Errázuriz.

La investigación en manos del fiscal Fernando Dobson se basa en dos hechos. El primero data de abril de 2011 cuando se logra, a través de un tercero, el contacto con cuatro jóvenes de la ciudad paraguaya de Caaguazú (localidad cordillerana ubicada a 179 kms. de Asunción).

Trabajo como “garzonas”

Con la promesa de trabajo (como garzonas), R.C.A., E.G.R., E.G.V., y M.R.J.L., todas jóvenes mayores de edad, se desplazan por sus propios medios (vía terrestre) hasta Buenos Aires. En la capital argentina son contactadas y traídas en bus hasta Punta Arenas. El 8 de abril -se indica- son recibidas por su nueva empleadora e informadas de que además deben ejercer la prostitución.

El segundo hecho reviste características similares. Esta vez se trata de M.C.R., quien en su denuncia dice haber vivido una verdadera pesadilla en su paso por Magallanes.

Relata que fue seducida para trabajar como mucama. El dinero le aseguraba mejorar su vida y la de su pequeña hija. Pronto estaría camino a una tierra desconocida.

Asegura que recién en Río Gallegos fue informada que su nuevo trabajo era en un local nocturno, donde debía oficiar de garzona y prostituta. Para su empleadora era sencillo, viajaba a Punta Arenas o le devolvía el dinero invertido en su traída. La joven dijo no tener opción.

“Trabajé, pero no mantuve relaciones sexuales con nadie”, asegura en su declaración. Precisa que su sueldo era de 174 mil pesos, además de una comisión de 2 mil 500 pesos por cada trago “sacado” a los clientes.

La joven, al igual que sus compañeras, retornó a su país.

Corrupción de menores

Para el fiscal Dobson, los hechos expuestos constituyen a todas luces la configuración del delito de “trata de personas”, que es condenado por la Ley 20.507. El abogado del Ministerio Público citó el artículo 411 ter que indica que “el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales” y el quáter, que indica que “el que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”.

El fiscal solicitó la prisión preventiva, argumentando el peligro de fuga y el peligro que constituye su libertad. Asimismo, mencionó que Francisca Vidal fue condenada en 1977 por el delito de corrupción de menores. La pena de cinco años y un día fue prescrita luego que permaneciera 10 años fuera del país.

El Juzgado acogió la petición del representante del Ministerio Público, ordenando el ingreso de la imputada a la cárcel de Punta Arenas. Se fijó un mes para la investigación.