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Directora de Sercotec es responsable por pagos “improcedentes”

Ramiro Mendoza afirma que Iris Vásquez es responsable de la pérdida o mala utilización de los recursos
por haber dispuesto el pago “improcedente” del beneficio.
Pronunciamiento permite que la Contraloría regional prosiga con el sumario administrativo que instruye
y que sus observaciones sirvan para el inicio de un juicio de cuentas.

Por La Prensa Austral Martes 30 de Agosto del 2011

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“La directora regional del Servicio de Cooperación Técnica es responsable de la pérdida o mala utilización de los recursos públicos a su cargo por haber dispuesto el pago improcedente del beneficio que contemplaba el “Programa Especial Universidad de la Vida, Región de Magallanes y Antártica Chilena” por no representar la ilegalidad de la orden de ejecución de dicho programa, recibida de su superior jerárquico”.

Este es el lapidario pronunciamiento emitido por el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, que afecta a Iris Vásquez, en respuesta a una consulta que la entidad contralora regional le formuló respecto de si tal servicio podía o no tener responsabilidad administrativa por el referido programa, que ocupó $2.300 millones para proporcionar un pago compensatorio a cerca de mil jubilados que reclamaban en Magallanes la deuda histórica del 4%.

De esta forma, Mendoza afirma que la directora regional de Sercotec, Iris Vásquez, es responsable del uso ilegal de dichos fondos e instruye a la Contraloría regional a que continúe con el sumario administrativo que sustancia, “pudiendo sus observaciones servir para la iniciación del correspondiente juicio de cuentas, en base a lo que se resuelva en dicho procedimiento sumarial”.

Como eventuales co-responsables, también podrían aparecer los ex intendentes Eugenia Mancilla y Mario Maturana, pues la idea de usar el polémico programa y su ejecución se verificó durante parte de la gestión de ambos, así como otros ex seremis que aparecieron involucrados en la “Universidad de la Vida”.

Origen de “Universidad de la Vida”

El polémico programa surgió cuando, tras negociaciones del senador Carlos Bianchi con la administración de Michelle Bachelet por su voto favorable a un proyecto de financiamiento del Transantiago, la entonces intendenta Eugenia Mancilla tuvo que anunciar el pago de un bono compensatorio para hacer frente a la deuda histórica del 4% que demandaba un grupo de jubilados magallánicos.

Así, surgió la “Universidad de la Vida”, curso al cual debían adscribir 943 jubilados para recibir $2 millones como suma compensatoria a su demanda histórica. El primer millón de pesos se entregaba al inicio del proceso y la suma se completaba cuando se daba por cumplido el curso, con una asistencia mínima del 80%.

Más paradojal resultaron las iniciativas “emprendedoras” derivadas del curso: compra de un computador para “chatear con la familia”, “realizar un viaje a Chiloé”, “pintar el interior de la casa con técnica Feng Shui” y “viajar a Brasil para asistir a las carreras de Fórmula 1”, entre muchas insólitas actividades.

Sumario administrativo

En marzo del año pasado, la Contraloría inició un sumario administrativo por la inconstitucionalidad y las anomalías del programa ejecutado a través de Sercotec, servicio que recibió la transferencia de fondos desde la Dirección de Presupuestos y que se encargó de formular los pagos, tanto a las universidades y organismos consultores que se adjudicaron la dictación de los cursos como a los jubilados beneficiados.

Este sumario, se extiende también a la intendencia regional, pues la “Universidad de la Vida” surgió de un convenio suscrito entre Sercotec y el gobierno regional en julio de 2008.

Uno de los reparos es que el citado programa no respondía a los fines de Sercotec.

El Contralor General de la República ordenó, luego, reabrir el sumario por estimar que existían responsabilidades por las anomalías acaecidas.

En el curso de éste, la Contraloría regional consultó a su superior en Santiago si se podía endilgar responsabilidad administrativa a la directora local de Sercotec, en cuanto dicho organismo es una corporación de derecho privado que no forma parte de la administración del Estado.

En su dictamen, Ramiro Mendoza comunicó al ente fiscalizador regional que, pese a ello, Sercotec integra el sector público para los fines previstos en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, encontrándose sujeta a la fiscalización de la Contraloría General en los términos que dicha jurisprudencia expresa.

Citando otros textos legales, la Contraloría General sostiene su pronunciamiento recordando que “todo funcionario cuyas atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes… será responsable de éstos” y que la única forma de excusarse de asumir tal responsabilidad alejando haber cumplido instrucciones superiores si no hubiese dejado constancia por escrito de alguna objeción a la orden recibida.

“Ningún funcionario será relevado de responsabilidad por haber procedido, en virtud de orden de un funcionario superior, al pago, uso o disposición de los fondos o bienes de que sea responsable, salvo que compruebe haber representado por escrito la ilegalidad de la orden recibida. El funcionario que ordene tal pago o empleo ilegal de dichos bienes será responsable, en primer término, de la pérdida que sufran los intereses a su cargo”, reza el artículo 64 de la Ley sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que cita Ramiro Mendoza.
Por ende, concluye que Sercotec, al recibir y usar fondos fiscales, puede ser objeto de fiscalización y determinación de responsabilidades por el uso de recursos estatales.

Ramiro Mendoza objeta que Iris Vásquez no representó a su superior jerárquico la ilegalidad del pago efectuado.
“En consecuencia, y dado que no se advierte de los documentos analizados que la directora regional por la que se consulta haya representado por escrito tal orden, ella es responsable de la pérdida o mala utilización de los recursos públicos a su cargo por haber dispuesto el pago improcedente del beneficio que contemplaba el programa objetado”, sentencia el Contralor General.