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El trasfondo jurídico del conflicto existente entre la municipalidad y sus funcionarios y la ilegalidad de un eventual avenimiento

Por Michael Wilkendorf Simpfendorfer,
[…]

Por La Prensa Austral Sábado 25 de Junio del 2011

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Por Michael Wilkendorf Simpfendorfer,
Abogado Procurador Fiscal de Punta Arenas

La interpretación equivocada del alcance de las normas del D.L. 3.501, dictado en 1980, que junto al D.L. 3.500 crearon el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones e impusieron el pago de las cotizaciones previsionales a los trabajadores, explica el actual conflicto que mantiene enfrentados a la Municipalidad de Punta Arenas con sus funcionarios.

Junto con modificarse el sistema de pensiones y, por ende, el de las cotizaciones previsionales vigentes en esa época, el D.L. 3.501 estableció que, producto del cambio de régimen, los trabajadores debían mantener su sueldo líquido. Precisamente con dicho objeto, estableció el “incremento compensatorio” que, como su nombre lo indica, compensa dicha pérdida con un aumento de las remuneraciones equivalente a las cotizaciones que hasta el 28 de febrero de 1981 eran de cargo de los empleadores.

El litigio que enfrenta la Municipalidad de Punta Arenas se centra en la interpretación del “incremento previsional” establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto Ley y, en lo particular, si dicho incremento se aplica sólo al sueldo base, que era la única remuneración imponible de los funcionarios municipales al 28 de febrero de 1981, como lo señala el texto de la ley, como lo ha sostenido de manera invariable la Contraloría General de la República y como lo han fallado los Tribunales de Justicia o bien, como lo afirman los funcionarios, si debe aplicarse también a las remuneraciones creadas con posterioridad a esa fecha.

Al crearse nuevas remuneraciones o asignaciones por ley, con posterioridad al año 1981, el legislador ya sabía que las imposiciones correspondientes serían de cargo del trabajador, por lo que consideró esa circunstancia al momento de determinar su importe. Es por ello que resulta un despropósito pretender ahora que respecto de ellas se pague el incremento compensatorio, si respecto de las mismas no hay nada que compensar.

En relación con el “incremento previsional”, de manera reiterada y uniforme, por más de 25 años, la Contraloría General de la República ha sostenido que el incremento sólo tuvo por objeto evitar la disminución de las remuneraciones líquidas que los trabajadores tenían al 28 de febrero de 1981, al hacerse de su cargo las imposiciones previsionales que existían a esa fecha; y que toda remuneración o asignación imponible creada con posterioridad no se ve afectada por el cambio de sistema impositivo que se verificó mucho antes que dicha remuneración o asignación se creara.

El problema se habría generado por una errada interpretación que efectuaron algunos municipios del Dictamen Nº 8.466 de 2008 en que la Contraloría General de la República, a propósito de una consulta formulada por un funcionario del Servicio de Salud Araucanía Sur respecto de asignaciones anteriores al 28 de febrero de 1981 en su parte introductoria -no en la parte considerativa y menos aún en la resolutiva- utilizó una frase que ha sido total y absolutamente sacada de contexto y mal utilizada por los funcionarios municipales en sus demandas. Respecto de este punto la Corte de Apelaciones de Santiago ya ha tenido oportunidad de resolver que con dicho dictamen no ha variado la jurisprudencia de la Contraloría General de la República antes indicada ni existió un error de su parte, sino que el error ha sido de interpretación del dictamen por parte de los propios funcionarios municipales.

La ley y el referido criterio de la Contraloría General de la República se aplica a todos los funcionarios públicos del país -incluidos los del propio Consejo de Defensa del Estado- sin que exista ley, norma o argumento alguno que permita explicar el porqué son sólo los funcionarios municipales, o mejor dicho, por qué son sólo los funcionarios de un par de municipios del país los que insisten con esta ilegal petición. De hecho, la gran mayoría de los municipios que por error habían empezado a pagar indebidamente este incremento ya no lo están haciendo.

Años atrás, funcionarios públicos de otros servicios pretendieron, en diversas situaciones, ampliar la aplicación del incremento compensatorio a remuneraciones, asignaciones y beneficios distintos de los imponibles vigentes al 28 de febrero de 1981, demandas que fueron en definitiva rechazadas por la Excma. Corte Suprema.

Por todas las razones expuestas, un avenimiento entre la municipalidad y sus funcionarios, en este caso concreto, sería ilegal y, por consiguiente, plenamente anulable. No está en discusión la facultad que tienen los municipios para transigir los juicios en que intervienen sino que la legalidad del contenido de la transacción. Las pretensiones de los funcionarios contravienen el texto expreso de la ley y, en tales condiciones, las autoridades que acuerdan una transacción estarían comprometiendo las responsabilidades que establece la ley. A su vez, los funcionarios se verían expuestos a tener que restituir a la municipalidad la totalidad de los dineros que por este concepto hubieren percibido al declararse la nulidad del avenimiento.

En este caso, en el marco de un Estado de Derecho, lo lógico y razonable es esperar lo que los tribunales resuelvan en el juicio iniciado por los propios empleados municipales, y no forzar un avenimiento que en su contenido es, a todas luces, ilegal.