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Empleados municipales solidarizan con concejales

Dirigente Jorge González prevé un debate social en torno a las limitaciones que establece hoy la Ley de Compras Públicas a la función edilicia

Por La Prensa Austral Viernes 20 de Mayo del 2011
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La Asociación de Empleados Municipales solidarizó con el Concejo Municipal frente a la embarazosa situación que se encuentra viviendo, producto del contrato de recolección de residuos domiciliarios, en el cual la titular del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas decretó un embargo preventivo de bienes de los concejales Emilio Boccazzi y Mario Pascual.
Jorge González, presidente del gremio en Punta Arenas, manifestó la importancia de señalar a la comunidad que “este problema será, sin duda, un debate nacional al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades, ya que no es culpa de los concejales que la ley de Compras Públicas aún no se actualice”. Para el dirigente, esta materia, que involucra las adquisiciones importantes de bienes y servicios, “requiere sin duda del debate y acuerdo del cuerpo municipal, la que se encuentra coartada por tecnicismos, dificultad que no enfrentan los sectores de gobierno”.

Agregó que esta situación que afecta hoy en día al Concejo y al alcalde, indirectamente perjudica también el accionar de los trabajadores. “Cualquier persona hoy en día puede cometer errores, pero lo más importante es que acá hay un fin superior, que es el bien común de la comunidad, y de repente se cometen equivocaciones técnicas, por lo que esperamos que en el corto plazo se resuelva este tema, por el bien común del ejercicio normal del municipio. Porque en el fondo pareciera que la municipalidad no avanza, no camina, y resulta que todos los días se hacen cosas”.

Al ser las autoridades las que toman las decisiones y los trabajadores quienes las ejecutan, remarcó que este escenario en el fondo los hace sentir desmotivados. “Por eso es importante que este tipo de situaciones se vean con altura de miras, porque es muy fácil tirar la piedra, en circunstancias que mañana cualquiera puede pasar por lo mismo”.
Tema pendiente

González resumió la actual controversia en que la Ley de Compra s Públicas está estructurada para decisiones técnicas y no para decisiones sociales, y en ese contexto debe ser actualizada y así entregar los elementos para que los concejales puedan ejercer bien su función.

Al respecto, cree que la Ley de Compras Públicas debe otorgar las facilidades para que las adquisiciones de bienes y servicios superiores a 500 UF, que establece la Ley Orgánica Municipal, puedan ser debatidos por el cuerpo colegiado. Ello, dada su importancia, “porque muchas veces existen elementos sociales y laborales que, en este caso, permitirán tomar la decisión más adecuada para el bien de los sectores comprometidos dentro de la comunidad. La Ley de Compras Públicas está planteada legalmente para decisiones técnicas por sobre las decisiones sociales y es por eso que éste va a ser un debate social”.