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“Es hora de que el ministro Golborne deje de improvisar con sus decisiones”

En esta materia, llamaron al intendente a ponerse “al lado de la gente de nuestra región”.

Por La Prensa Austral Sábado 2 de Julio del 2011

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La Asamblea Ciudadana de Magallanes reaccionó con molestia frente la propuesta que impulsan el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, y el intendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina, instando a empresas e instituciones privadas a comprometer sus “mejores esfuerzos” para reducir en 5% su consumo de gas natural en el período entre junio a noviembre, respecto a 2009 y 2010.

A la organización ciudadana le parece “un acto de-sesperado y que se funda en el desconocimiento de nuestra realidad en Magallanes, dejando también a la vista una carencia de inteligencia que está lejos de lo que se espera de las autoridades”.
Así lo expresaron a través de una declaración de prensa, en la que criticaron que el gobierno pretenda encontrar soluciones “de momento” y fuera de toda seriedad, pues “de haber una verdadera preocupación ante un eventual racionamiento de gas, deben inmediatamente pedirle a Methanex que reduzca sus exportaciones y no comenzar a buscar posibles ‘soluciones’ que, en definitiva, se centran en una mirada cortoplacista y orientada a favorecer a la empresa exportadora”.

La entidad reiteró su más enérgico rechazo a anuncios sin ningún soporte técnico y que denotan un fracaso frente a los resultados positivos que se persiguen. “Es hora de que el ministro Laurence Golborne Riveros deje de improvisar con sus decisiones en nuestra región. Es suficiente con el daño que nos causara cuando votó favorable en el directorio de Enap para subir el precio del gas”, expresaron.

Además solicitaron que el intendente se ponga “al lado de la gente de nuestra región” y no se preste “para la generación de ‘acuerdos’ que en nada contribuyen en la solución del problema”, ya que en gran parte se ha generado por la propia voluntad del Estado cuando su objetivo es desmantelar a Enap y terminar de pasarlo a manos privadas”.

Por ello remarcaron que serán rigurosos en exigirle al ministro que al 30 de septiembre debe estar promulgada la ley comprometida en el Protocolo de Acuerdo firmado en enero, y que nada los hará variar de esa posición.