Necrológicas
  • Orlando Vera Muñoz
  • Yerco González Cárcamo
  • Leonor Silva de la Fuente
  • Francisco Moreno Chávez
  • Luz Edulia de las Mercedes Chapa Muñoz
  • Margarita Ríos Collier
  • Elena Cea Vidaurre

Fallo deja sin efecto caducidad de matrícula para 18 alumnos del Colegio Punta Arenas

La Corte de Apelaciones llegó a la conclusión que la drástica medida disciplinaria se adoptó sin aplicar el procedimiento fijado
en el Reglamento de Convivencia Escolar, “toda vez que fue decidida de inmediato sin siquiera oír a los afectados”.

Por La Prensa Austral Lunes 5 de Septiembre del 2011
Noticias relacionadas

Compartir esta noticia
142
Visitas


Un duro revés experimentó la dirección del Colegio Punta Arenas luego que la Corte de Apelaciones estableciera que sus directivos docentes actuaron apresuradamente al momento de expulsar a un grupo importante de alumnos que se había “tomado” el establecimiento el pasado 13 de agosto en apoyo a las demandas para lograr mejoras del sistema educacional.

De un total de 23 alumnos a quienes se le notificó la drástica medida de caducidad de matrícula, 18 de ellos interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, cuyo tribunal había decretado el pasado 23 de agosto -al acoger una orden de no innovar- el reintegro temporal de los estudiantes expulsados mientras se fallaba el fondo de la presentación legal.

La sentencia se conoció el sábado 3 de septiembre, la que resultó favorable para los intereses de los educandos, quienes, en su mayoría, optaron por emigrar del Colegio Punta Arenas y actualmente cursan estudios en La Araucana.

El fallo, redactado por el ministro suplente Marcos Kusanovic, acogió el recurso, dejando sin efecto la caducidad de matrícula dispuesta respecto de los 18 alumnos y que fue notificada el pasado 16 de agosto en el Colegio Punta Arenas a los padres y apoderados. Se resolvió que en el caso de estos alumnos “no se adoptó las medidas que corresponden a sus conductas incorrectas de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar vigente”.

Los hechos dicen relación con la ocupación que un grupo de alumnos hizo del Colegio Punta Arenas el pasado 13 de agosto, la que duró hasta la madrugada del día 15 de agosto, cuando fueron desalojados por fuerzas especiales de Carabineros.

Violación a las garantías constitucionales

El principal fundamento esgrimido por los alumnos que interpusieron el recurso, es que la medida mediante la cual se caducó en forma inmediata su calidad de alumno regular de dicho establecimiento, viola las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política del Estado, específicamente los derechos a no ser juzgado por Comisiones Especiales, a la libre expresión y a la educación.

Los alumnos y sus padres y apoderados calificaron la expulsión de arbitraria e ilegal, al haberse aplicado la medida de caducidad de matrícula a conductas que no prevén tal sanción y sin observar las formalidades procedimentales que el propio Reglamento de Convivencia Escolar contempla.

Asimismo, hicieron notar que ante tal situación los apoderados solicitaron una entrevista con los docentes directivos de conformidad lo permite el mencionado Reglamento interno, no obstante lo cual no los recibieron y a través de un comunicado escrito les informaron que la revisión caso a caso se realizaría una vez resueltas las instancias legales a que acudió el colegio y que dicen relación con una denuncia y posterior querella por el delito de daños en las instalaciones del inmueble.

Tampoco surtieron efecto las entrevistas sostenidas con las autoridades educacionales de la región con la finalidad de revertir tal situación. El 19 de agosto el seremi de Educación, Raúl Muñoz, les informó que tras haberse entrevistado en dos oportunidades con los directivos del colegio éstos habían manifestado su intención de mantener la sanción de caducidad de matrícula sin derecho a réplica.
La dirección del Colegio Punta Arenas al contestar el recurso de protección planteó, en primer término, que la “toma” no puede ser calificada como pacífica ya que hubo gente adulta lesionada y destrozos avaluados en más de un millón de pesos, y en segundo lugar, que todos los apoderados han sido atendidos en la Inspectoría del colegio y recibidos cuando han solicitado entrevistas. Igualmente precisó que el Reglamente que se entrega a los alumnos y apoderados al momento de la matrícula, “se aplicó a aquellos que sin autorización ingresaron al interior del colegio por la fuerza o saltando rejas”.

Medida improcedente

De acuerdo a lo resuelto por los ministros que fallaron la causa, la caducidad de matrícula -según el Reglamento de Convivencia- está definida como una sanción que se aplica a alumnos que incurren en faltas que ponen en riesgo su desarrollo académico y la seguridad física, psicológica y emocional como también la del resto de la comunidad educativa y que no corresponden al proyecto educativo del colegio. Asimismo, se consigna que la incitación a huelgas o la paralización de clases, si bien son consideradas faltas muy graves, no contemplan como sanción la caducidad inmediata de la matrícula y que ninguna de las faltas contempladas en el Reglamento impone ni contempla como efecto la expulsión del colegio.

En lo medular, el fallo concluye que se no respetó el procedimiento a seguir para tomar una determinación de aplicar alguna sanción, toda vez que el mismo Reglamento dispone que previamente se escuchará a la o las partes involucradas, considerando la edad del alumno, las agravantes y atenuantes, la presunción de inocencia, la graduación de la falta y el derecho de apelación.

En este caso, el alumno ni su apoderado fueron escuchados. “Este hecho se confirma con la circunstancia que, después de adoptada la decisión y aplicadas las sanciones a los recurrentes, el colegio haya tomado medidas para evaluar la situación de cada alumno en particular”, señala la sentencia.

Para la justicia, la medida aplicada por el Colegio Punta Arenas “implica una alteración radical en la normalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de los recurrentes que se vio abruptamente interrumpido sin observancia del Reglamento que lo rige”.

Del mismo modo, se estima que “se han afectado los derechos de los recurrentes (alumnos) al impedirse que continúen con su proceso formativo en el establecimiento educacional al que pertenecen a consecuencia de conductas que si bien no son correctas, no corresponden corregirlas sino con la intervención de los padres y con apego estricto a las normas que regulen, entre ellas por cierto el Reglamento de Convivencia Escolar”.

En consecuencia, el fallo dejó sin efecto la caducidad de matrícula para los siguientes alumnos: Carolina Rabanal Alvarado, María Jesús Saldivia Hernández, Constanza Ahumada Cárcamo, Juan Monsalve Gutiérrez, María Galdámez Marín, Camila Labraña Díaz, Arturo Díaz Medina, Tomás Cárdenas Alvarado, Vittorio Di Paolo Di Paolo, Alejandro Gómez Baeza, Casandra Toledo Alvarado, Caroline Miranda Miranda, Hermann Serón Contreras, Nicolás Andrade Vidal, Macarena Parada Cárdenas, Bárbara Alarcón Cuevas, Mathias Garcés Schultz y Luis Villarroel Huenumilla.

La dirección del Colegio Punta Arenas, a cargo de la educadora Floridema Vera, podría eventualmente hacer uso del derecho de apelación ante la Corte Suprema.