Necrológicas

Fiscalía no descarta formalizar nuevos delitos a imputados en caso Timaukel

El próximo martes 18 de diciembre se realizará una nueva audiencia ante el Juzgado de Garantía de Porvenir respecto del fraude que se investiga en perjuicio de la Municipalidad de Timaukel, calculado en 183 millones de pesos. Pero, dicha suma podría variar, ello de acuerdo a la investigación que sustancia el fiscal Felipe Aguirre, quien no descartó reformalizar a los imputados, debido a que se han detectado nuevas irregularidades tras la revisión de cheques girados de los años 2011 y 2012.
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Por La Prensa Austral Sábado 15 de Diciembre del 2012

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El próximo martes 18 de diciembre se realizará una nueva audiencia ante el Juzgado de Garantía de Porvenir respecto del fraude que se investiga en perjuicio de la Municipalidad de Timaukel, calculado en 183 millones de pesos. Pero, dicha suma podría variar, ello de acuerdo a la investigación que sustancia el fiscal Felipe Aguirre, quien no descartó reformalizar a los imputados, debido a que se han detectado nuevas irregularidades tras la revisión de cheques girados de los años 2011 y 2012.

Los cinco imputados por el Ministerio Público son el suspendido alcalde Atilio Gallardo Bustamante; el ex jefe de Finanzas, Néstor Caro Pérez; el ex administrador comunal Luis Antonio Meriño Lema; el funcionario del mismo municipio, ingeniero comercial Patricio Alfredo Arteaga Zárate, y el contratista de obras menores de villa Cameron, Sixto Octavio Subiabre Alarcón.

El fiscal que encabeza el proceso penal, Felipe Aguirre, confirmó que pidió la audiencia para solicitar una prórroga en el plazo de cierre de la investigación. La misma estaría siendo usada por los abogados defensores para solicitar la modificación de las medidas cautelares, además del apercibimiento de cierre de la investigación, según trascendió.

El persecutor penal planteó que a medida que se ha entrevistado con más de 40 personas en torno a la causa, y se han revisado los antecedentes recopilados del mismo municipio, se han detectado nuevas irregularidades, por las cuales se reformalizaría a algunos de los imputados, ya que habría fundamentos sustentables para adoptar tal decisión.

Noventa días pediría la Fiscalía para continuar indagando al respecto, plazo que se sumaría a los seis meses que le fueron otorgados el pasado 6 de junio, cuando los imputados recibieron la formalización de cargos en su contra en el Juzgado de Garantía de Porvenir.