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Fuerte crítica de Rentas Inmobiliarias contra la Cámara Franca

Cuando parecía que las cosas debían tomar un canal de inminente solución, las diferencias que mantienen la Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda. y la Cámara Franca están resultando más difícil de roer de lo que se hubiera esperado.
[…]

Por La Prensa Austral Sábado 5 de Noviembre del 2011

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Cuando parecía que las cosas debían tomar un canal de inminente solución, las diferencias que mantienen la Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda. y la Cámara Franca están resultando más difícil de roer de lo que se hubiera esperado.

Es que -y pese al dictamen emitido por el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, respondiendo a las atribuciones que tiene el intendente en los asuntos relativos a la concesión- Rentas Inmobiliarias Ltda. arremetió con todo en contra de los usuarios adscritos de la referida entidad gremial.

Acusó a la Cámara Franca de esmerarse en “confundir a la opinión pública” y le enrostró una serie de prerrogativas de las cuales gozan en virtud de los términos del actual contrato de concesión.

Además de reparar en el congelamiento tarifario por diez años del que disfrutan los usuarios antiguos, blandió en contra de varios de éstos que se dan “el lujo” de conservar terrenos por años sin construir y sin desarrollar actividad alguna en ellos, perjudicando -según la versión de Rentas Inmobiliarias Ltda.- no sólo su propio patrimonio, sino un mayor desarrollo del recinto y afectando al aporte anual que debe recibir el gobierno regional.

También atacó la actitud negativa que ha sostenido la Cámara Franca para fijar un nuevo horario.

“…Durante más de cuatro años, le ha sido imposible a esta administración acordar con la Cámara Franca un sistema de horarios de funcionamiento del Módulo Central moderno, realista y competitivo, y que evite imponer a nuestros clientes restricciones de compras absurdas, perjudicando abierta y deliberadamente a toda la comunidad de la región”, cuestionó.

Recordó, entonces, el ofrecimiento que debió hacer para que los usuarios se adhieran libremente a la modificación horaria, concediendo rebajas de hasta un 25% en los arriendos por un año. “Esta rebaja, en muchos de los casos, más que compensa el costo de eventuales contrataciones de personal temporal, para asumir las horas adicionales que se debe atender”, acotó.

Derecho exclusivo y excluyente de concesionaria

Sobre el dictamen del Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, la concesionaria restó dramatismo a sus conclusiones, planteando que “no hace sino señalar que es facultad de la intendencia velar que las normas del Reglamento Interno Operacional se ajusten a la ley de Zonas Francas y al Contrato de Concesión, lo que no sólo parece perfectamente razonable, sino que, en efecto, es una facultad conocida y ejercida por esa intendencia”.

Pero, luego realizó una interpretación favorable a su postura, indicando que el artículo quinto del contrato de concesión le otorga a la administradora “en forma exclusiva y excluyente” el fijar los horarios de atención al público y que el artículo sexto, números uno al veintidós, establece que es deber de ésta, entre otras materias, el dictar y modificar su propio reglamento interno, así como fijar, cobrar y percibir tarifas, precios o remuneraciones por todos los servicios y prestaciones que desarrolle.

“…De forma tal -alegó a su favor Rentas Inmobiliarias Ltda.- que la intendencia, cumpliendo con lo señalado por la Contraloría, debe entonces velar porque se cumpla el derecho de la concesionaria a realizar los actos antes mencionados”.

Pese a que el propio Contralor instruye que, si corresponde, las diferencias entre el administrador y los usuarios deben ser resueltas por la Junta Arbitral, Rentas Inmobiliarias Ltda. planteó que ésta no existe, que no se ha constituido como tribunal formal y que, a juicio de algunos expertos, quedó derogada al ser dictada la Constitución de 1980.

Para Rentas Inmobiliarias Ltda., si bien el reglamento interno no desconoce la referida junta, permite a los locatarios recurrir en forma previa a un procedimiento no contencioso y, de no quedar conformes, llegar a una instancia superior, ya sea la justicia ordinaria o la nombrada Junta Arbitral.

En el dictamen del Contralor Mendoza, éste concluye que “al Intendente le asiste tanto la facultad como el deber de supervisar que la concesionaria a que se refiere la consulta cumpla con la normativa que la rige, control que se extiende, por cierto, al reglamento interno de operaciones.

En este contexto, las disposiciones que obligan a poner en conocimiento de esa autoridad las modificaciones a este último texto, no pueden entenderse limitadas a una mera comunicación, sino que comprenden el deber de aquélla de velar por el cumplimiento de su regulación y de representar cualquier contravención a esa preceptiva”.

Finalmente, y amparándose en el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº2 (sobre Zonas Francas), el Contralor hizo ver que tal norma “establece que una Junta Arbitral dirimirá las dificultades que se susciten entre la sociedad y los usuarios bancarios de la Zona Franca, de manera que si alguna de las disposiciones del reglamento interno de operaciones contraviene dicho precepto, la intendencia debe adoptar las medidas pertinentes para que la entidad administradora las ajuste a la legalidad vigente”.