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Investigaron a jueza del Trabajo y le formularon cargos en proceso disciplinario

La jueza del Trabajo de Punta Arenas, Cecilia Agüero Calvo, la misma que llamara la atención de la comunidad jurídica hace algunos años bailando tango, fue sometida a un proceso disciplinario, cuyo informe final será conocido en estos días por el Pleno de la Corte de Apelaciones. La investigación, que estuvo a cargo de otro magistrado, concluyó con la formulación de tres cargos a la jueza, situación que podría afectar seriamente su carrera judicial.
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Por La Prensa Austral Lunes 2 de Mayo del 2011

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La jueza del Trabajo de Punta Arenas, Cecilia Agüero Calvo, la misma que llamara la atención de la comunidad jurídica hace algunos años bailando tango, fue sometida a un proceso disciplinario, cuyo informe final será conocido en estos días por el Pleno de la Corte de Apelaciones. La investigación, que estuvo a cargo de otro magistrado, concluyó con la formulación de tres cargos a la jueza, situación que podría afectar seriamente su carrera judicial.

Cecilia Agüero fue objeto de un procedimiento de investigación disciplinaria por parte de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, para investigar el supuesto maltrato que ha venido dando a los empleados de su Juzgado y a la desobediencia a las órdenes que le impartió la propia Corte.

Esta investigación disciplinaria es la consecuencia de uno de los reclamos que, en su momento interpuso el ex administrador de dicho Tribunal, Patricio Acuña Muñoz, en la Corte de Apelaciones, la que, recién después de otros reclamos, de años de indiferencia y de algunos informes de expertos, de ministros visitadores y del propio fiscal judicial, que daban cuenta de los graves problemas de convivencia que se vivían al interior del Juzgado del Trabajo y alteraciones de comportamiento de la magistrada, ordenó el sumario disciplinario para investigar la conducta de la jueza Agüero.
La nueva justicia laboral debutó en Punta Arenas el 31 de marzo de 2008, con la asistencia de la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Así se ponía en marcha un procedimiento judicial laboral basado en la oralidad, la celeridad y en el contacto entre las partes y el juez.

Insostenible ambiente laboral

Pero a poco andar comenzaron a aflorar los conflictos entre la jueza Cecilia Agüero y el administrador del Juzgado, Patricio Acuña. El ambiente laboral para este último se había tornado simplemente insostenible, debido a los serios problemas de convivencia que se venían arrastrando en el Tribunal. Junto con denunciar el clima hostil ante sus superiores jerárquicos (la Corte de Apelaciones), faltó poco para que el funcionario llegara al extremo de interponer una demanda por acoso laboral ante el mismo Juzgado del Trabajo con la propia jueza. De haber prosperado dicha acción, hubiera sido un hecho realmente inédito a nivel de la justicia chilena y al mismo tiempo devastador para la imagen de la magistrada en cuestión.

Otros de los reclamos del funcionario decían relación con la no observancia por parte de la jueza del Acta 91 de la Corte Suprema, que regula el funcionamiento administrativo de los tribunales.

Las insalvables desavenencias entre la magistrada y el administrador, fue la detonante para que este último expusiera personalmente ante el ministro de la Corte Suprema, Adalís Oyarzún, en una de sus visitas realizadas a Magallanes, la situación de menoscabo que venía soportando. Junto con ello, pidió derechamente su traslado a otra jurisdicción judicial. Esto último se concretó en septiembre del año pasado, cuando Patricio Acuña fue destinado, por un mejor servicio judicial, a la ciudad de Valdivia, como jefe de la Unidad de Apoyo a Testigos y Peritos del Tribunal Oral en lo Penal de aquella ciudad, con todo el costo familiar que ello significó, pues debió dejar en Punta Arenas a su esposa e hijos en el colegio.

Investigación

Los reclamos y denuncias contra la jueza Agüero Calvo tuvieron eco en la Corte de Apelaciones, cuyo Pleno de ministros y en cumplimiento de lo ordenado por el Código Orgánico de Tribunales, encomendó a comienzos de mayo de 2010 a la ministra Beatriz Ortiz y al administrador del Juzgado de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, Francisco Díaz, como ministro de fe, la tarea de constituirse en el Juzgado del Trabajo para recabar antecedentes sobre los hechos materia de investigación.

A raíz de la conclusión arribada con ocasión de dicha visita, es que el Pleno de la Corte de Apelaciones designa al juez oral Gonzalo Rojas para que inicie una investigación disciplinaria, la que concluyó recientemente y que obligó al magistrado sumariante a formular cargos a la jueza Cecilia Agüero.

En fuentes judiciales trascendió que la investigación realizada refleja un clima laboral altamente nocivo al interior de una unidad judicial, con maltrato verbal a los empleados, inestabilidad psicológica, desobediencia a las instrucciones de la Corte de Apelaciones y al texto expreso de la ley.

En relación con este último punto, llama la atención que una entidad llamada precisamente a hacer cumplir la ley, la infrinja de manera permanente y por largo tiempo, en aquel punto que establece la publicidad de las audiencias en materia laboral, disposición que no se estaría cumpliendo en el Juzgado del Trabajo, porque la jueza habría ordenado el cierre de las puertas de la sala de audiencias, lo que impide que el público y los medios de prensa puedan acceder a los actos jurídicos con la libertad que inspiró la reforma laboral y que dispone el texto de la ley.

En los próximos días el Pleno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas deberá pronunciarse respecto de la resolución del juez que investigó el asunto y que determinó la existencia de irregularidades, disponiendo lo conveniente para que la ley se cumpla en los tribunales de justicia y los jueces, sin importar su condición, sean los primeros en acatar la ley.