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Licitación de la basura: indemnizaciones y acciones penales amenazan al municipio

Como única alternativa existe un recurso de reposición, que no tendría buen destino por la falta de nuevos antecedentes.

Por La Prensa Austral Martes 15 de Noviembre del 2011

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Recursos, posibles demandas y acciones de tipo penal son parte del panorama que podría enfrentar dentro de un plazo no mayor la Municipalidad de Punta Arenas, tras el fallo que declaró la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar respecto del proceso de licitación de la concesión del servicio de recolección de basura.

Todo lo anterior, eso sí, tendrá como punto de partida el cuándo y cómo se acatará el cumplimiento de dicho fallo.
Hoy el panorama surge complejo. La decisión del Tribunal de Contratación Pública apunta a que el contrato con Servitrans (y el respectivo decreto) deben quedar nulos, debiendo la comisión respectiva evaluar nuevamente las ofertas y pronunciarse acerca de cuál aparece como la más conveniente. De darse todo y cual como la primera vez, no sólo Areas Verdes aparecería con la mejor evaluación sino que Servitrans quedaría fuera de base.

Justamente, tras conocerse el fallo del pasado día 11, el alcalde Vladimiro Mimica planteó la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para que, justamente, Servitrans pueda ser considerada en el “nuevo” proceso.

Como última instancia -el fallo no sería apelable ante un Tribunal de alzada- aparece la posibilidad de un recurso de reposición ante el mismo Tribunal de Contratación Pública. Sin embargo, su viabilidad pasaría por la presentación de nuevos antecedentes. Ante el decreto y el contrato que readjudicaron el servicio a la empresa Servitrans, poco habría que decir a favor del municipio.

Costo en dinero
Otra contingencia en este caso, sería el costo financiero que el proceso acarrearía para el municipio. Por lo pronto, la contratación de la asesoría externa significó 120 millones de pesos (en dos pagos); además, el fallo determinó el pago de costas, que no sería menor a los 2 millones de pesos. En este punto, el abogado demandante está en su derecho de exigir que la cancelación de sus servicios se acerque a lo cobrado por su contraparte asesora.

Luego viene el tema de las demandas. Por un lado, la ley faculta a todas las empresas que fueron parte del proceso a exigir una indemnización por perjuicios. Por otra, la misma sociedad Servitrans puede exigir dineros si ve alterado el contrato firmado con la municipalidad.

Ayer por la tarde, el alcalde Mimica viajó a Santiago para, entre otras cosas, reunirse con los abogados asesores y determinar cuáles serán los pasos a seguir en este largo y complicado proceso.