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Más que un beneficio, el Fondo de Bonificación a la Mano de Obra es un castigo para los pequeños comerciantes

“Cuando se establecen leyes, éstas son para normar, es decir, establecer un marco jurídico respecto de alguna cuestión que necesita ser regulada. Nuestro Código Civil en su artículo 1° señala que la Ley es: “Una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Por otro lado, el contexto de materializar el deber del Estado chileno para promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de todos sus habitantes a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, hacen que se formulen leyes y de ellas las leyes denominadas “de excepción” como un conjunto de normas destinadas a corregir asimetrías que presentan algunas regiones que por sus características geopolíticas; de lejanía de los centros productores; la falta de conectividad y otras, requieren del apoyo del Estado con el objeto de generar condiciones igualitarias a las del resto del país, y atraer inversiones, como en este caso: La Ley de Zona Franca, Ley Navarino, Ley Tierra del Fuego, Ley Austral, Fondo de Bonificación a la Mano de Obra (FBMO), etc..
[…]

Por La Prensa Austral Sábado 5 de Enero del 2013

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“Cuando se establecen leyes, éstas son para normar, es decir, establecer un marco jurídico respecto de alguna cuestión que necesita ser regulada. Nuestro Código Civil en su artículo 1° señala que la Ley es: “Una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Por otro lado, el contexto de materializar el deber del Estado chileno para promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de todos sus habitantes a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, hacen que se formulen leyes y de ellas las leyes denominadas “de excepción” como un conjunto de normas destinadas a corregir asimetrías que presentan algunas regiones que por sus características geopolíticas; de lejanía de los centros productores; la falta de conectividad y otras, requieren del apoyo del Estado con el objeto de generar condiciones igualitarias a las del resto del país, y atraer inversiones, como en este caso: La Ley de Zona Franca, Ley Navarino, Ley Tierra del Fuego, Ley Austral, Fondo de Bonificación a la Mano de Obra (FBMO), etc..

“En este contexto, en el mes de julio de 2011, en la ciudad de Arica, el señor Presidente de la República realizó una propuesta de modificación que mejoraba la posición del FBMO considerando una extensión hasta el año 2025, teniendo como tope el sueldo mínimo vigente de aquel entonces de $182.000.

“Esta consideración, que para algunos es discriminación positiva, está destinada a proporcionar determinados escenarios favorables que potencien áreas que, por sus condiciones o carencias, requieren de una mayor presencia del Estado a manera de igualar las realidades de los habitantes del país. Pero tal como existe la discriminación positiva, también existe la discriminación negativa, aquella que perjudica o excluye por tener determinada condición. Así es. Hasta el 31 de diciembre de 2012, nuestra región, junto a otras consideradas regiones extremas, contemplaba un Fondo de Bonificación a la Mano de Obra, sin más condición que las que se imponen por ley para todo el país. Hoy, conforme al proyecto aprobado, si en la región un emprendedor quiere tener acceso a este “beneficio” deberá pagar un 20% más. En este contexto, señalan algunos personeros del mundo gremial, que sus asociados pagan más de los 231 mil exigidos en el citado proyecto, por tanto, no afectará su desarrollo empresarial.

“De ello, se desprenden entonces, dos situaciones: En primer término, si lo señalado es así, la propuesta no afectará a la movilidad salarial, por tanto no será un beneficio para los trabajadores, como argumenta el proyecto de ley, pues los trabajadores seguirán percibiendo la misma renta.

En segundo lugar, lo que fue un acto voluntario de pagar mejores rentas, lo cual es realmente destacable, hoy pasa a ser obligatorio, por tanto el hecho de valorar el trabajo como justa recompensa, a través del proyecto se transforma en una obligación, y quienes no cumplan con esta condición serán castigados no percibiendo el FBMO, inobservando el espíritu de la Ley que en su Artículo 1º.- señala “…Establécese… para los empleadores actuales o futuros….. una bonificación equivalente al porcentaje que dispone el inciso siguiente, aplicado sobre la parte de las remuneraciones imponibles….que ellos paguen a sus trabajadores con domicilio y trabajo permanente en la región o provincia respectiva…” y cuya intención, señalada por el legislador, es que el beneficio debiera compensar los mayores costos de operación de las empresas en la región.


“Pero, a estas dos consideraciones previas, debemos agregar una tercera: La rebaja en el tope de la Bonificación a la Mano de Obra que hasta el 31 de diciembre de 2012, era de $191.583, se reduce a 182 mil pesos, perdiendo nuestra región la diferencia por sueldo pagado. Haciendo un pequeño ejercicio de sumas y restas se demuestra lo dicho: Los $182 mil del proyecto, multiplicado por 17% es igual a $30.940, y la diferencia entre $193.000 del sueldo mínimo vigente y los $231 mil propuestos para percibir el FBMO es de 38 mil. Restando los $30.940 menos $38.000, el empleador tendrá un costo adicional de $7.060 mensual por trabajador, situación que se produce porque al ser votada en el parlamento no se actualizó la propuesta del Presidente, manteniéndose, de manera errada el valor del sueldo mínimo del año 2011 para todo el 2013.


“En este contexto, resulta más conveniente, para quienes están en una desmedrada situación, renunciar al cobro del ex 889, pues como adicionalmente es tributable conforme lo señalado en la Circular N°23 del 21 de abril del 2003 del SII, el costo mensual para el empleador aumenta a más de $12.500 mensuales, por ello más que un beneficio es un castigo para quienes, por su condición de pequeños comerciantes o industriales, tiene muchísimos costos asociados a su emprendimiento, como: pagar 5 días más de vacaciones; condiciones desmedradas de acceso a créditos bancarios, falta de competitividad frente a empresas de mayor tamaño, asimetrías sobre el tratamiento tributario -caso Johnson y la condonación tributaria-, etc., etc..

“Distinto es que, manteniendo las condiciones de pagar el 20% adicional a los trabajadores, se bonifique el 17% sobre monto de los $231 mil a modo que el Estado participe en este aumento de remuneraciones y no se sume más carga al pequeño emprendedor, quien, en definitiva, deberá pagar por este aumento, generándole pérdidas de competitividad al pequeño emprendimiento y, por otro lado, se elimine la condición de ser declarado Renta para los efectos tributarios, medidas que en definitiva repercutirían de manera positiva en el emprendimiento regional”.