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Multas por sobre 32 mil UF debe cursar la intendencia a concesionaria de ZF

“Habrá novedades en los próximos días”. Así señaló anoche a este diario el intendente Jorge Flies frente a la solicitud de la Contraloría General de la República de complementar sus respuestas a las observaciones realizadas en torno al denominado caso Zona Franca.
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Por La Prensa Austral Sábado 30 de Agosto del 2014

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“Habrá novedades en los próximos días”. Así señaló anoche a este diario el intendente Jorge Flies frente a la solicitud de la Contraloría General de la República de complementar sus respuestas a las observaciones realizadas en torno al denominado caso Zona Franca.
“Tenemos con Contraloría una evaluación que concuerda”, acotó la máxima autoridad regional.
Ello, frente al informe contable y de interpretación del contrato de concesión de la ZF en que la intendencia determinó cifras sobre cobro de multas e intereses que se debió cursar a la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda., por el no cumplimiento de su plan de inversiones y el déficit de reinversión del 6% anual de los ingresos brutos durante el primer trienio de administración, entre otras irregularidades.
En resumen, el ente contralor pidió al intendente informar y proporcionar los antecedentes pertinentes, dentro de diez días hábiles, sobre “el cobro de las multas determinadas por concepto de irregularidades en el plazo de ejecución de las obras comprometidas por la concesionaria; déficit de reinversión no efectuada en el primer trienio; trato discriminatorio a los usuarios en materia tarifaria; y no ejecución de la obra Rodoviario, equivalente a UF 31.900, $1.291.149.672, UF 1.900 y UF1.400, respectivamente”.
Luego de que llegara a su fin la concesión que estaba en manos de Parenazon, se licitó la administración de la ZF y ésta quedó, tras un primera subasta pública que debió desandarse, en manos de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. (SRI). A poco andar, ésta entró en conflicto con la Cámara Franca, ente gremial que reúne a gran parte de los usuarios del recinto y que ha llevado la voz contante en este caso respecto de irregularidad y acciones supuestamente reñidas con el contrato de concesión por parte de la administradora.
Ante cierta desidia y reticencia de sucesivas intendencias, el caso ha puesto a la Contraloría y a la fiscalía como actores.
Es así como en el último escrito remitido por la Contraloría, al cual tuvo acceso este diario, se piden, además, al gobierno regional antecedentes sobre “el pago realizado por SRI Ltda. ascendente a la suma de $143.789.460, por concepto de diferencia del precio de concesión anual equivalente al 28% de los ingresos brutos anuales calculados en base percibida, durante los años 2007 al 2011, en lugar de devengado”.
La Contraloría insta a la intendencia que, respecto de los dos puntos señalados, adjunte la documentación que acredite las acciones emprendidas, así como los comprobantes de ingreso, en caso que proceda, por la recaudación de las sanciones y por la diferencia en el precio de concesión determinado.
También el ente contralor pide antecedentes sobre la “falta del cobro de los intereses del 2% mensual, más las multas de 20 UF por día de retraso a la concesionaria, calculados a la fecha en que se hizo efectivo el pago del menor monto mencionado en el punto dos precedente”.
En el referido escrito, se pide el análisis pormenorizado del cálculo de déficit de reinversión no efectuada para el primer trienio (2007 a 2008) determinado por la intendencia y que corresponde a $1.291.149.672.
Como solicitud final, se reitera lo pedido con anterioridad a la intendencia, en el informe de investigación Nº11, de 2013, en cuanto a hacer llegar los antecedentes que acrediten los ingresos brutos anuales devengados por la concesionaria, es decir, los estados financieros anuales, auditados. Ello, con el fin de constatar los montos determinados y pagados como “precio de concesión”, durante los años 2007 al 2013, como asimismo todo lo que permita validar su correspondiente ingreso a las arcas fiscales.
Sobre lo solicitado por la Contraloría, el intendente Flies insistió anoche en que va “en la misma línea de la evaluación financiera del contrato que realizamos”.
Agregó que ahora está a la espera del informe en derecho solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) respecto de la decisión que, a la luz de todas estas irregularidades, él debe adoptar.
“Esperamos tal informe para avalar que la interpretación jurídica que realizamos, frente a todos estos antecedentes, es la correcta”, dijo.
Señaló que, luego de remitir todo lo solicitado a la Contraloría y con el informe del CDE, tendrán que plantearle formalmente a la SRI el listado de irregularidades e incumplimientos detectados, a fin de que la concesionaria realice sus descargos.
Cabe recordar que, entre las causales para poner fin al contrato de concesión que data de 2007, está el cursar multas por sobre UF 1.000 durante un año calendario. A la luz de lo solicitado por Contraloría, tal cláusula se cumpliría con creces, si bien la secretaría regional ministerial de Hacienda ha hecho ver que tal documento contractual, al no usar el verbo “debe”, deja al arbitrio del intendente la potestad de decir su pone fin a la concesión o si pacta con el actual administrador condiciones para que éste siga al frente del recinto franco.