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Municipales preparan acción legal contra abogado del CDE

Gremio aprobó en votación ayer desafiliarse de la Federación Nacional.

Por La Prensa Austral Jueves 30 de Junio del 2011

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Un mero trámite fue la votación realizada ayer por la Asociación de Empleados Municipales de Punta Arenas (Asemuchpa), liderada por sus tres dirigentes en huelga de hambre, la cual determinó, con 56 preferencias de un total de 63 votos, su desafiliación como gremio de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile.

Aquella drástica determinación obedeció al nulo apoyo recibido de parte de aquella organización nacional al forzado ayuno que realizan Jorge González, Emilio Aguilar y Juan Urzúa, así como al reciente paro de los municipales que se extendió por dos semanas por el pago del incremento previsional que ellos demandan.

En las horas previas, el presidente nacional de Asemuch, Oscar Yáñez Pol, emitió un comunicado para señalar su preocupación y las acciones que han desplegado ante el complejo escenario visto en Punta Arenas. Ello incluso los llevó a presentar una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo, al perjudicar este tema la liquidez de las remuneraciones, hoy mermadas en un 13 por ciento, lo que acentúa un daño previsional.

Para el gremio magallánico, esta nota de respaldo fue algo tardío e innecesario, que “ya no es tema” para ellos, por lo cual optaron por “dar un paso adelante y dejar a aquellos que nos estorban atrás”.

Acción judicial

La asamblea realizada ayer en el Sindicato de Estibadores tuvo un segundo punto, que fue dar a conocer la inquietud del gremio para entablar una acción judicial en contra del procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Punta Arenas, abogado Michael Wilkendorf. Esta se definirá hoy, luego que a mano alzada se aprobara la intención de votar.

Para los dirigentes de Asemuchpa, el profesional habría vulnerado una disposición general de la Ley Orgánica del CDE, aquella que en su Título VI, artículo 61, señala: “Los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el servicio, siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal”.

Jorge González, presidente del gremio, refirió que podrían presentar un recurso, ya que en el fondo la postura que ha hecho pública Wilkendorf “genera un cuestionamiento social y ha generado una duda ante los concejales. Estamos súper claros que el alcalde tenía la intención de pagar y dice que no encuentra las herramientas, pero aquí sabemos todos que mientras exista sentencia ejecutoriada en el juicio no habría problema en pagar”.

Sin embargo, remarcó que la sentencia ejecutoriada se puede encontrar a través de un avenimiento parcial, a través de un avenimiento total o cuando salga la sentencia en primera instancia, “entonces, yo no entiendo por qué esa forma en que el profesional del CDE haya hecho uso del periódico y en extenso genera una presión indebida respecto a nuestras pretensiones”.