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Obispado pidió en su querella se determine quiénes fueron las personas que atentaron contra la Catedral

“Lo grave es que se impida el ejercicio de un culto a los ministros y que otros puedan ejercer su propio culto
en las iglesias donde lo estimen pertinente”, planteó el abogado patrocinante Francisco Javier Cárdenas.

Por La Prensa Austral Sábado 19 de Enero del 2013

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A cinco días de la inédita profanación de que fue objeto la iglesia Catedral por una turba, la que ejerció actos vandálicos e impidió al obispo y sus ministros celebrar la misa, junto con atribuírsele la matanza de perros de ese domingo, ayer, a las 13,20 horas, el abogado Francisco Cárdenas Mansilla presentó una querella criminal (con mandato notarial del Obispado) contra todos quienes resulten responsables del atentado.

La acción legal tiene por objeto investigar dos tipos penales establecidos en la legislación: el artículo 138 del Código Penal, que sanciona a quienes por medio de violencia o amenazas impiden a uno o más individuos el ejercicio de un culto permitido en la República. Así también, otra norma (artículo 139), referida a aquellos que con tumulto o desorden hubieran impedido el ejercicio de un culto; aquellos que con acciones, palabras o amenazas ultrajaren los objetos de un culto, y también a los ministros de un culto.

El abogado Cárdenas manifestó que aquí se produjo una situación de carácter vandálica, y que “entendemos con cierto concierto previo, lo que se deberá investigar, se introdujeron en la iglesia Catedral a realizar todo tipo de acciones que ofendían a las personas que allí se encontraban, ofendían y ultrajaban a los ministros del culto que estaban desarrollando o iban a desarrollar la misa del domingo, destrozaron diversos objetos existentes en la iglesia Catedral”.

Añadió que el obispo hizo presente que la acción entablada no tiene como objeto prioritario en lo esencial investigar los daños y distintos destrozos al interior de la Catedral, así como el hurto y robo de un cáliz y otros objetos difíciles de reemplazar. Más bien, explicó que aquí se busca reestablecer el orden jurídico para que cualquier persona pueda concurrir a su iglesia a desarrollar el culto, en este caso el católico y “evitar que personas de la forma en que lo han hecho, con una intolerancia inexplicable, puedan impedir que los sacerdotes y los ministros de culto ejerzan su ministerio; así como también que la gente que concurre pueda encontrar la paz y la tranquilidad personal, como también la de sus familiares y cercanos, que se vio tan seriamente vulnerado”.

“Penas justas”

Insistió que la penalidad no es lo esencial, en el concepto del querellante, de manera que se aplique menos o más pena, ya que la ley señala una pena que va de 61 a 540 días de reclusión, y en algunos casos también, agrega, se establece una pena de multa. Aquí importa que se castigue, se investigue y se determine quiénes fueron las personas que desarrollaron estas conductas tan reprochables.

Dentro de los antecedentes que debieran ponderarse, se adjuntaron las fotografías que han aparecido en los medios de comunicación, en las que hay personas que, “con total desprecio y ofensa hacia aquellos que practican el culto se sentaron sencillamente sobre el altar, aquella mesa principal donde se desarrolla la misa, la eucaristía, que para los católicos tiene una trascendencia sustancial. Por eso es que el legislador, desde luego también protege, cuando hay conductas que van contra aquello”.