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Ordenan embargar bienes de concejales

Drástica medida judicial afecta a los ediles Emilio Boccazzi y Mario Pascual. Otros cuatro concejales, Claudia Barrientos, José Aguilante, Roberto Sahr y Antonio Ríspoli, a los que se suma el alcalde Vladimiro Mimica, no registran bienes que puedan ser embargables. Excluidos del juicio quedaron Vicente Karelovic y José Saldivia.

Por La Prensa Austral Miércoles 18 de Mayo del 2011

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Impacto y sorpresa causó al interior del municipio el nuevo capítulo judicial que se escribió ayer en torno al lío del contrato de la basura en la ciudad de Punta Arenas, ello luego que la titular del Primer Juzgado de Letras, Claudia Arenas González, decretara el embargo de bienes respecto de dos concejales con miras a garantizar el éxito de la millonaria demanda por indemnización de perjuicios que en breve repondrá la empresa de Mario Mancilla Oyarzún, por la suma de 850 millones de pesos.

El embargo ordenado respecto de los inmuebles de propiedad de los ediles Emilio Boccazzi Campos y Mario Pascual Prado, es resultado de la medida precautoria prejudicial ingresada el pasado viernes ante el Primer Juzgado de Letras por el abogado Javier Lagos Troncoso.

La drástica medida que prohíbe celebrar actos y contratos de un inmueble perteneciente a Mario Pascual y de dos propiedades de Emilio Boccazzi, fue cumplida por un receptor judicial durante la jornada de ayer, para lo cual fue necesario constituirse ante el Conservador de Bienes Raíces.

En la causa también aparecen demandados el alcalde Vladimiro Mimica y los concejales José Aguilante, Roberto Sahr, Claudia Barrientos y Antonio Ríspoli, aunque respecto de ellos no figuran bienes a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas. Al menos dos de ellos, habrían transferido sus inmuebles a terceros (ver recuadro).

Retención de dietas
Pero las pretensiones del demandante apuntaban también a que se ordenara la retención de las dietas que perciben los seis concejales por su asistencia a las sesiones del Concejo Municipal y de las asignaciones distintas de remuneraciones que el alcalde perciba en la Municipalidad de Punta Arenas. Sin embargo, el Tribunal no accedió a dicha petición por una razón de forma más que de fondo, siendo lo más probable que la medida vuelva a ser solicitada más adelante.

Este procedimiento judicial corresponde a la antesala de la demanda por indemnización de perjuicios hasta por la suma de 850 millones de pesos, que interpondrá la empresa de Mario Mancilla contra seis de los ocho concejales y del alcalde Mimica. Excluidos de este pleito quedaron los concejales Vicente Karelovic y José Saldivia.

La millonaria demanda había sido ingresada a trámite el pasado 30 de abril, sin embargo como resultado de una estrategia judicial, el abogado Javier Lagos llegó el pasado 9 de mayo hasta el Primer Juzgado de Letras, para proceder a retirar la demanda, aprovechando que hasta el momento ninguno de los demandados había sido notificado de la misma. La presentación de la medida precautoria explica el camino escogido por la demandante para garantizar un mejor resultado del juicio civil que se avecina, donde los daños y perjuicios han sido estimados en 850 millones de pesos.

Derecho a demandar
En este caso, la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda. está haciendo uso del derecho de indemnizar daños y perjuicios que le asiste reclamar, tal cual le dio la razón un fallo del Tribunal de Contratación Pública, cuya sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago. La Sociedad Mancilla y Asencio fue marginada del primer llamado a licitación en forma arbitraria e ilegal, pese a que su oferta de poco más de 76 millones de pesos fue considerada la más conveniente para los intereses municipales por la Comisión Técnico Evaluadora. Con los votos en contra de los concejales Barrientos, Aguilante, Boccazzi, Sahr, Ríspoli y Pascual el Concejo Municipal decidió rechazar la propuesta de adjudicación presentada ante dicho organismo por el alcalde Mimica, fundado en razones completamente ajenas a las bases de licitación. Más tarde el alcalde Mimica haciendo suyo el rechazo del Concejo, niega la adjudicación de la licitación a este oferente, por lo que se ve en la obligación de llamar a una segunda licitación, tras lo cual el contrato termina siendo adjudicado a la empresa Servitrans, resolución que acaba de impugnar la Corte de Apelaciones de Santiago.