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Parte del Concejo Municipal oficializó querella por supuestos delitos al interior de la Cormupa

Ediles acusan hurto y malversación de caudales públicos, y piden a la Fiscalía ordene diligencias a la policía.

Por La Prensa Austral Martes 26 de Agosto del 2014

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“El alcalde nos dijo que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos”, fue la respuesta que entregó ayer el presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Municipalidad de Punta Arenas, concejal David Romo, al ser consultado sobre la solicitud que se le hizo al alcalde Emilio Boccazzi de sumarse a la querella criminal que ayer se oficializó en contra de quienes resulten responsables. Denuncian presuntos delitos de hurto y malversación de caudales públicos al interior de la Corporación Municipal.

Los concejales José Aguilante, Vicente Karelovic, Juan José Arcos, Julián Mancilla y el presidente de la Comisión Fiscalizadora, David Romo, realizaron la presentación legal ante el Juzgado de Garantía, donde se pide investigar tres supuestos delitos.

El primero de ellos se refiere a lo ocurrido desde 2011 cuando se contrataron empresas de Asistencia Técnica Educativa (Ate), como Chileduc Redess LTDA., a la que se le solicitó el 26 de septiembre de 2013 revisar la estructura organizacional de la Corporación Municipal, siendo en esa época secretario general de dicha entidad Hugo Bizama, contrato que tenía un costo de 33 millones de pesos.

Dichos trabajos deberían haberse entregado antes del 31 de diciembre del año pasado, lo que “no ocurrió ni ha ocurrido a esta fecha”, consigna la querella.

Añade el documento que dichos estatutos ya habían sido confeccionados a modo de borrador por el entonces asesor jurídico de la Cormupa, hoy secretario general, Hermes Hein, quien ante la comisión expuso las modificaciones y sugerencias propuestas, “no existiendo ningún motivo para que se haya contratado a Chileduc Redess en circunstancias que el grueso del trabajo ya se había realizado”, añade el texto.

Detalla, además, que de los 33 millones de pesos acordados, se cancelaron 23, no habiendo resultados del trabajo encomendado.

Además, se hace referencia al episodio ocurrido el 15 de julio cuando fueron supuestamente sustraídos dos computadores portátiles desde las oficinas de la Cormupa, equipos que según se indica, podrían haber tenido información sensible.

Finalmente el escrito judicial incorpora un tercer ilícito, que hace relación a la compra de 10 televisores en 2011 cuya finalidad era ser instalados en los buses escolares de la Corporación, los cuales, no fueron instalados en su oportunidad y 8 de ellos fueron sustraídos desde la Corporación. Su instalación recién se produjo la semana pasada.

Tras cumplir con la presentación judicial, el concejal David Romo planteó que en base a toda la información recolectada se tomó la decisión de presentar la querella contra quienes resulten responsables, al explicar que aquí hay un contrato incumplido de parte de una empresa de Asistencia Técnica. “Nos extraña que nadie hiciera nada antes, siendo que el contrato debió haberse cumplido el 31 de diciembre y a la fecha no hay ni siquiera un borrador del estatuto. Aquí tiene que haber una investigación, y será la justicia quien debe revisar este tema”, declaró.

Por su parte, los concejales Arcos y Karelovic emplazaron al alcalde Emilio Boccazzi a sumarse a la querella para transparentar las supuestas irregularidades, asegurando que es lo que le correspondería en su calidad de representante legal de la Corporación “la ley lo faculta para que sea él quien inicie estas acciones, y debería hacerlo”, comentó Arcos.
Hein aclara información

En torno al mismo tema, el actual secretario general de la Corporación, Hermes Hein, hizo algunas precisiones respecto a la información publicada en la edición de El Magallanes, del domingo último.

A través de una misiva puntualizó que “en mi intervención (en la Comisión Fiscalizadora) manifesté, con absoluta claridad que ‘fue el alcalde Vladimiro Mimica, quien había encomendado al señor Gonzalo Pumarino, para gestionar y relacionarse con las empresas e instituciones de capacitación’, esto es, efectivo y consta por escrito, nunca hablé del ‘alcalde’, ni mencioné que dicha actuación haya sido de esta administración o del período de Emilio Boccazzi”, aclaró, en virtud de que esto limitaría con absoluta claridad los períodos en que asiste responsabilidad administrativa.

Añadió que “jamás dije que Pumarino, tenía atribuciones para firmar contratos por delegación del alcalde, tampoco le atribuí ninguna responsabilidad en ninguna irregularidad, ni dije que ‘no se haya hecho nada’, me limité a señalar que yo había hecho los estatutos”, aclaró Hein.