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Robo a cajero: capturan al cuarto implicado y todos terminan presos

Guardia de seguridad resultó ser el cerebro del violento atraco.

Por La Prensa Austral Jueves 26 de Mayo del 2011

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La detención del cuarto implicado, la recuperación de parte del dinero y el ingreso a la cárcel de los imputados, fue parte de la jornada vivida ayer en torno al esclarecimiento del robo al cajero automático con 25 millones de pesos desde las instalaciones del Supermercado Mayorista 10, en la Avenida Eduardo Frei, el pasado 16 de abril.
Mientras tres de los detenidos permanecían en horas de la mañana en el cuartel de la Primera Comisaría de Carabineros, a la espera de ser llevados ante el juez, paralelamente se confirmaba la aprehensión del cuarto involucrado, quien hasta la noche del martes se encontraba prófugo: el ex guardia de seguridad del mencionado establecimiento de Avenida Frei, Sebastián Eduardo Vladilo Peric, de 23 años.
Resuelto en lo policial por parte de la Sip de Carabineros, el caso se trasladó ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas. A las 14,40 horas se inició la audiencia, donde el fiscal Felipe Aguirre dio a conocer los antecedentes de la formalización de cargos, dando cuenta de la planificación del inédito robo a un cajero en Punta Arenas.
Según relató el fiscal a cargo, la planificación del asalto surgió durante una conversación de amigos, dado que Vladilo Peric habló de una falta de seguridad y ausencia de cámaras al interior del Supermercado Mayorista 10. Sin embargo, recomendó que había que actuar rápido, debido a que estaba próximo a expirar su contrato y una demora podría despertar sospechas.
El primer traspié que debieron enfrentar fue la descoordinación en el día fijado para actuar. Se estimaba que el jueves habría ausencia de guardia, no obstante el traspapeleo aplazó el “golpe” en 24 horas. La presencia de un encargado de seguridad dificultó el accionar, obligando a reducirlo.
Vladilo se encargó del ingreso al establecimiento de Rodrigo Muñoz Cheuquemán y César Pizarro Cárcamo, quienes permanecieron ocultos durante tres horas a la espera del término de la jornada laboral. Tras el cierre del supermercado se unió Luis Soto Escobar.
Con un equipo oxicorte en mano, procedieron a apoderarse del dispensador del cajero, que contenía poco más de 25 millones de pesos.
El “golpe” parecía perfecto, de no ser por la acuciosa investigación llevada adelante por el fiscal Aguirre y la Sip de Carabineros. Las evidencias obtenidas en el lugar, además de antecedentes aportados por vecinos, llevaron a seguir una línea de investigación que entregaría resultados casi inmediatos. Vendría la ubicación de los presuntos responsables, las contradicciones y un elemento que finalmente resultó clave: los monitoreos telefónicos.
Los sujetos prepararon una coartada para exculparse del robo: declararon que se encontraban durmiendo en sus respectivos hogares al momento del atraco. Sin embargo, llamadas entrantes y salientes de teléfonos celulares demostraron lo contrario.
¿Dónde está la plata?
“Nos repartimos 6 millones 250 mil pesos cada uno”, confesaron posteriormente los imputados al caer su coartada.
Aunque del dicho al hecho pareció haber una distancia enorme luego de las contradicciones en que caerían más tarde los imputados. Uno asegura haber recibido menos dinero; otro dice haber ocultado tres millones de pesos, los que al parecer desaparecieron; mientras un tercero habla de haber gastado una buena suma en diversión. Dentro del vehículo en el que huyeron tras el robo, se logró recuperar poco más de 7 millones de pesos.
Otras contradicciones tuvieron que ver con los elementos utilizados para el ingreso al supermercado y acceso al cajero. Mientras uno habla de haber eliminado toda prueba (herramienta), la realidad da cuenta de algo distinto. Carabineros logró recuperar un cilindro de gas, un cilindro de oxígeno, un barómetro y una barretilla, entre otros.
El fiscal Felipe Aguirre formalizó a los detenidos por el delito de robo con violencia o intimidación, el que podría llevar a los imputados -en caso de ser condenados- a una pena de 20 años de cárcel.
Tras ello solicitó la medida de prisión preventiva, lo que fue acogido por el Tribunal. Se fijó un plazo de investigación de tres meses.
Tanto Pizarro como Muñoz contaban con antecedentes penales anteriores.