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Secretario general de la Cormupa, Hermes Hein “Pese al volumen de inversiones que hemos hecho en asistencia técnica para profesores, no hemos tenido los resultados esperados”

Hermes Hein Bozic, secretario general de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas (Cormupa), luce tranquilo, pese a los numerosos cuestionamientos a dicha entidad.
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Por La Prensa Austral Domingo 6 de Julio del 2014

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Hermes Hein Bozic, secretario general de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas (Cormupa), luce tranquilo, pese a los numerosos cuestionamientos a dicha entidad.
Así, al menos, se le vio, cuando concedió esta entrevista, la semana pasada, en su oficina particular de calle Lautaro Navarro con Croacia.
Actualmente, la Contraloría Regional realiza una investigación sobre los contratos celebrados con distintas empresas de Asistencia Técnica Educativa (Ates), como Chileduc-Redess.

– ¿Qué pasa con Chileduc-Redess, que ha sido cuestionada por los altos pagos que se le han hecho?
– “¡Uf! Chileduc-Redess… Durante mucho tiempo no hubo reclamo de ninguna escuela, ni tampoco de la Corporación ni observaciones que hizo (ahora), en su fiscalización, la Contraloría (Regional). Los problemas se originan a raíz de un denuncio ante Contraloría y se empezaron a investigar diversos períodos que ya habían sido revisados. En los últimos tres períodos, ya habíamos sido auditados por esto. Pero se revisaron todos los períodos, a contar del año 2012. Después, entregamos toda la información que ellos nos requirieron, incluso la del último período y en eso estamos… Es efectivo que nosotros, considerando el volumen de inversiones que se ha hecho en este tipo de instituciones, no hemos tenido los resultados que razonable o proporcionalmente debimos haber tenido, en beneficio directo a las comunidades educativas”.

– ¿Por qué existe falta de supervisión en cuanto a tareas comprometidas por las Ates, que apunten a una mejor calidad de la educación municipalizada?
– “Yo me he abocado a revisar los contratos y creo que si hay una deficiencia que se nota es que, precisamente, los contratos son muy amplios. No están claramente especificados los objetivos. Cuando yo hablo de asesorías, en el ámbito de la educación, estoy hablando de un objeto que es bastante indeterminado. Por tanto, lo que se echa de menos es la contraparte técnica, esa exigencia de objetivos precisos, que yo pueda evaluar y medir y que, por tanto, pueda decir si corresponde o no a lo que se contrató.
“Ahora en eso estamos… Empezamos a cotejar contratos y nos dimos cuenta que había una indeterminación en los objetivos, que en la contraparte no estaba claro, no obstante, estar visados por las escuelas. Visado significa que yo tomo conocimiento del contrato, que acepto la prestación del servicio y, sobre la base de esa visación, sanciono un informe, igualmente genérico, que autorizaba los pagos. Entonces, si uno lo veía esto por separado, a uno le parece lógico que haya sido así. Correspondía autorizar el contrato, porque están las partes, está lo que se compromete. Pero si uno relaciona en su conjunto el tema, se da cuenta que, en realidad, sí pueden subsistir objeciones y ese es el informe que tiene que evacuar la Contraloría, ver si se cumplió con lo que se llama supervisión, es decir, la inspección superior de los trabajos encomendados, en razón al contrato. Pero otra irregularidad en los pagos, en las boletas, de momento no se han detectado”.

– ¿Por qué reclamó la Universidad de Chile?
– “Porque teníamos un retraso en el pago. Hacen ver que acá habían dos personas, en particular una, que había concentrado todas las atribuciones en relación a ese contrato, que era la Unidad de Planificación, y qué lo que dice: ‘Mire, en realidad yo siento que los que están en deuda, en mora, son ustedes, no nosotros, porque hemos dado cumplimiento a todo lo que nos pidió la Corporación. Lo que ocurre es que no hemos tenido una parte técnica que nos haya exigido pormenorizadamente nada de lo que se está argumentando ahora, para dilatar los pagos’.
“Nosotros no teníamos conocimiento de esta situación, porque yo asumí en diciembre como secretario general y Cristina Susi acababa de asumir, hacía una semana, como jefa de Educación. En el fondo, habíamos visto parcialidades del problema, pero nunca nos habíamos involucrado en la ejecución”.

– ¿En su calidad de asesor jurídico no le tocó profundizar en este conflicto?
– “No, porque uno, como abogado, no se involucra, como regla general, en la ejecución o en el seguimiento del contrato”.

– ¿Y por qué no?
– “Porque el control de legalidad nuestro tiene que ver con una asesoría que se circunscribe estrictamente a los contratos, al instrumento. Yo leo el contrato, veo que están las partes, la personería, el precio, si están de acuerdo, las firmas y eso es todo. Tampoco participamos en la redacción de muchos de estos contratos, salvo las observaciones que hacemos, porque vienen prácticamente estructurados. Entonces, como acá se supone que son contratos de una especialidad muy definida -pues, en el caso de Educación, son también normas y criterios técnicos que se aplican, supuestamente avalados por la unidad respectiva-, rara vez uno hace observaciones que no tengan que ver con un estricto rigor con la legalidad. Yo, por ejemplo, no voy a cuestionar si me dice que en realidad se necesita una Ate para la asesoría del colegio en la evaluación del programa de mejoramiento educativo (PME). Yo supongo que la unidad de Educación entiende lo que es el programa de mejoramiento educativo, supongo que el abogado lo ha medido y eso es lo que hace otro estamento de la Corporación. Entonces, cuando la Universidad de Chile, en este caso, representa todas esas cosas, yo voy a la entrevista en Santiago y pido un acta de lo que se estaba diciendo allí y en esa acta se deja constancia. Ese documento lo entregamos a la Contraloría General de la República para que también pudiera evaluar cuál era el procedimiento que realmente se venía ocupando en ese ámbito que ellos también deben fiscalizar”.

– ¿Y qué pasa con aquellos funcionarios que fueron contratados como profesionales y que, sin embargo, se ha descubierto que no poseen título?
– “Eso es un tema que hemos representado, en este caso, al alcalde (Emilio Boccazzi), que es el presidente del directorio. Lo hemos hecho ver. La Corporación nuestra tiene una particularidad que dificulta bastante ese tipo de decisiones, porque, en lo que tiene que ver con las relaciones privadas de nuestros trabajadores, no somos funcionarios públicos. No se nos exige, en principio, ningún título como elemento habilitante para ejercer una determinada función. No es como en la municipalidad, por ejemplo, en que el secretario municipal tiene que ser un profesional de más de ocho semestres o el abogado tiene que tener su título. Esta es una corporación privada, por tanto, no tiene cargos nominados, lo que dificulta más el control, en el sentido que tú indicas, porque queda a discrecionalidad de la parte que contrata. Porque, en este caso, un secretario general puede hacer determinadas exigencias, otro puede no hacerlas; puede hacer una observación, puede tomar la decisión de contratar a determinada persona o no, o cambiarla. Tú no estás en situación de decir que no lo vas a hacer, porque te aplican las reglas del Código del Trabajo. Eso permite entender, un poco, la realidad interna de la Corporación con otra mirada. Por ejemplo, nosotros no estamos en situación, como ocurre en la administración pública, de decir: ‘Vamos a tener una escala de sueldos’ o ‘vamos a tener una carrera funcionaria’. Eso no existe”.

– ¿Se les paga a los trabajadores un bono de zona extrema?
– “Solamente a los funcionarios que les corresponde por ley expresa. Porque nosotros, aparte del Código del Trabajo, que es lo que hace especialmente dificultoso la administración de la Corporación en lo que respecta al pago de remuneraciones, beneficios, bonos y todo ese tipo de cosas, no tenemos otras reglas y derechos más que los que establece el Código (del Trabajo), a menos que haya leyes especiales que nos concedan determinados beneficios. Y hay funcionarios que tienen otros estatutos, aparte del Código del Trabajo”.
– ¿Y por qué se da eso?
– “Porque no se consideró a todos. Por ejemplo, la ley 19.464, que es la que rige para los asistentes de la Educación, les concede el bono de zonas extremas. Pero ese mismo bono no lo percibe la persona que trabaja en la administración central, porque la ley define lo que entiende como asistente de la Educación: aquella que presta servicios en un determinado establecimiento educacional, en cualquiera de los estamentos que la misma ley señala, sea administrativo, sea prestador de servicios, sea profesional o técnico. Entonces, cuando queda definido el concepto de asistente de la educación, se excluye a todos los demás que no entran dentro de esa categoría. Lo mismo que ocurre con los funcionarios de salud primaria, que tienen su propio estatuto. En forma complementaria, se le aplican las disposiciones del Código del Trabajo; lo mismo ocurre con el mundo de la Educación: en forma complementaria y supletoria se aplica el Código del Trabajo y el Estatuto Docente. Eso hace que cada remuneración sea distinta…”.

– ¿Es efectivo que la Corporación ha debido pagar millonarias multas que se han cursado a diversos establecimientos educacionales por supuestas irregularidades en la gestión?
– “Ha habido varias multas, tema para nosotros recurrente. Hay que entender esto en el contexto de establecimientos que administra el sistema. Somos un sistema que administra 28 establecimientos educacionales. Por tanto, cuando se crea la Superintendencia de Educación, no se hace ningún distingo entre el mundo público y el particular subvencionado. La Superintendencia de Educación tiene las mismas atribuciones, los mismos criterios y el mismo nivel infraccional para una escuela u otra, desde lo más elemental. Por ejemplo, una misma falta que para nosotros, como puede ser el desperfecto eléctrico de un establecimiento, por ejemplo, no tiene la misma sanción en una escuela con 600 alumnos que en otra que tiene 300. Generalmente, los establecimientos más populosos son los nuestros. Por lo tanto, la multa es mayor, porque se calcula sobre la matrícula. Efectivamente, hemos tenido distintas infracciones”.

– ¿Y estas multas versan sobre qué situaciones?
– “Sobre varias materias: profesionales no habilitados, mantenimiento del establecimiento, inobservancia en la forma de declarar la matrícula, forma de llevar los libros (de asistencia), no pago de imposiciones, acusaciones por maltrato, desconocimiento de horas (extraordinarias). Y hay una serie de otras posibilidades de infracción. Por ejemplo, está el tema de la instalación sanitaria, que es lo que ocurre cuando las escuelas no tienen sistemas adecuados a las normas técnicas… Si hoy día a nosotros nos aplicaran esas normas, significaría que en estricto rigor, la escuela no podría operar. Muchas escuelas que fueron construidas por la antigua Sociedad de Construcción de Establecimientos Educacionales, no previeron que las normas técnicas iban a cambiar. Por lo tanto, tenemos problemas de muro, tabiquería interior, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, que hoy día tendrían que ser refaccionadas, de acuerdo a las nuevas exigencias, para abrir un colegio… Lo que se ha hecho es buscar alternativas, como la que estamos esperando ahora, en agosto, lo que se ha llamado Ley del Mono Colegios. Es una instancia por la cual se regulariza, cada cierto tiempo, la posibilidad de que los establecimientos educacionales se adecuen a las normas vigentes, en términos técnicos…”.

– ¿A pesar de todas estas situaciones, siente que aún sigue contando con la confianza del alcalde Emilio Boccazzi?
– “Es así, porque si no, no estaría en el cargo”.