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Juez y parte

Me parece que sólo un exceso retórico puede explicar la reacción del ex alcalde de Providencia, el coronel retirado Cristián Labbé, frente al suicidio del general Hernán Ramírez Rurange. Tras plantear su “sensación de persecución después de 43 años”, aseguró que “esto no significa olvidar las cosas, sino pacificar”. Y, como ejemplo, citó lo que “han hecho Japón y Estados Unidos tras la bomba de Hiroshima”.
[…]

Por Abraham Santibáñez Sábado 15 de Agosto del 2015

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Me parece que sólo un exceso retórico puede explicar la reacción del ex alcalde de Providencia, el coronel retirado Cristián Labbé, frente al suicidio del general Hernán Ramírez Rurange. Tras plantear su “sensación de persecución después de 43 años”, aseguró que “esto no significa olvidar las cosas, sino pacificar”. Y, como ejemplo, citó lo que “han hecho Japón y Estados Unidos tras la bomba de Hiroshima”.
Hasta ahora, nadie había equiparado la cantidad de muertos y desaparecidos que hubo en Chile bajo la dictadura, con los cientos de miles de víctimas de la bomba H.
El exabrupto del coronel Labbé sólo se entiende por el cierre de procesos por violaciones de los derechos humanos que se alargaron durante años y que, finalmente, van llegando a su fin. El ejemplo más llamativo es, sin duda, la reapertura del caso Quemados, tan férreamente negado por casi 30 años. Pero no es el único.
El suicidio del general Ramírez, el séptimo de un militar involucrado en violaciones a los Derechos Humanos según estadísticas de La Segunda, se produjo cuando estaba a punto de ser notificado de la condena a 20 años de prisión por el secuestro del químico Eugenio Berríos, cuyo cadáver se encontró finalmente en una playa en Uruguay. De lo que se ha publicado de la investigación del caso se desprende un hecho fundamental: que la decisión de sacar a Berríos de Chile la tomó el propio general Pinochet quien se la comunicó personalmente a Ramírez Rurange. Todo esto ocurrió cuando Chile ya había retornado a la democracia.
En esos años, a comienzos de los 90, los periodistas del diario La Nación y yo mismo, como director, fuimos objeto de reiterados procesos iniciados por las fiscalías militares. Desde 1973, la Justicia Militar había ido asumiendo crecientes poderes. La prolongación de esta situación, modificada años más tarde, llevó a un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que se determinó que “el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares… El Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares”.
Aunque parezca paradojal, conviene recordar que en algún momento, en esos años, el brigadier general Hernán Ramírez Rurange cumplía funciones como juez militar.