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Justicia y sistema de familia. ¿A dónde vamos?

Por Carlos Contreras Martes 27 de Diciembre del 2016

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En dichos del pro-
fesor Mario Waiss-bulth el año 2009 los Juzgados de Familia derivaron 246 niños al sistema de carácter ambulatorio dependiente del Sename; el año 2016, siete años más tarde, fueron derivados 161.000 niños.
Las cifras antes dadas no han sido desmentidas y en rigor no cuesta mucho confirmarlas, por lo cual la pregunta es ¿qué ha pasado en los últimos años?.
Nuevamente el sistema neoliberal instalado en nuestra patria, que forma parte consustancial de nuestro cotidiano vivir, no está funcionando. Sin perjuicio de tener presente que los recursos no se incrementan sustantivamente para estos efectos, la cobertura se ha ampliado y numerosas son las instituciones que adquieren su carácter de colaboradoras del Servicio Nacional de Menores para ejecutar dichos programas y recibir la subvención o pago, pues el Estado sólo supervisa por medio del Sename y son los privados los que ejecutan los programas (me excusa don Axel Kaiser).  No es una novedad que no se ven buenos resultados y de allí mi primera reflexión: ¿efectivamente no hay resultados? o ¿sólo se muestran en los medios los grandes fracasos y problemas?, primera tarea para el ciudadano.
Por otro lado vale la pena preguntarse ¿en que se ha modificado el criterio de los jueces para derivar a los niños a programas de diversa índole?, ¿acaso hace siete años atrás no existían los problemas de hoy? Al respecto tiendo a pensar que no es esta la razón, y creo que el sistema privilegia la derivación independiente de la situación de hecho, porque con ello se sostienen las instituciones colaboradoras y, por otra parte, se hace más liviana la carga para los Juzgados de Familia o más segura o valida la decisión final, según el prisma. Lo anterior, a mi juicio, se ve agravado con la noción o paradigma de homogeneidad con el cual se enfrenta normalmente por los jueces la situación de la infancia en Chile… me explico, se consideran parámetros estandarizados para las intervenciones partiendo de la base que todos los niños están o deben estar en situaciones mínimas de bienestar material o social en circunstancia que las más de las veces ello no es así; la realidad es que la diferencia social en Chile no implica necesariamente que los niños de clase económica más desmejorada sean delincuentes, pero sí implica que crecen y se desarrollan bajo otros paradigmas que no son los de clase acomodada, pero ello no es ni puede ser objeto de valoración para efectos de derivarlos al sistema, pues hay muchos niños que con carencia de padre, madre, económicas o de otra índole salen adelante y no son noticia. Lamentablemente muchos de ellos también son derivados al laberinto del Estado, se desarraigan y se pierden en un mundo que no es de ellos. A veces no son las condiciones materiales, sino que el verdadero amor de un pariente, aunque no sea el padre, lo que permite avanzar.
No cabe duda que la problemática de la niñez desvalida o infractora de ley requiere recursos, pero también requiere hombres y mujeres de mucha vocación para darse el tiempo de entender su problemática particular y aportar las soluciones al caso verdaderamente concreto, pero por sobre todo supone la necesidad de no tratar a todos los niños como si fueran iguales o tuvieran que acceder a la misma cultura. Nuevamente la solución del problema no es de técnica legislativa ni de dinero solamente, la solución es profundamente humana y requiere con urgencia de ello.