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La función social de la propiedad privada

“La Nueva Constitución junto con reconocer el derecho a la propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido, de conformidad a la ley”.
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Por Alejandra Mancilla Domingo 5 de Julio del 2015

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La Nueva Constitución junto con reconocer el derecho a la propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido, de conformidad a la ley”.

¿Cómo es que una afirmación de perogrullo como la de arriba es capaz de generar tantas réplicas alarmistas como las que se han visto desde que la Presidenta Michelle Bachelet anunció su propuesta de Nueva Constitución y, en ese marco, el rol que debiera cumplir en nuestro país la propiedad privada? Creo que la histeria desatada se debe a una falta de reflexión acerca de la condición mínima para que un sistema de propiedad privada sea lógicamente coherente y mínimamente justo en la práctica. Esto ya lo vieron claro teóricos del derecho natural moderno, como Hugo Grocio y Samuel Pufendorf, y a ellos me remito brevemente a continuación para explicar la idea de fondo.

En un mundo donde nada aún pertenece a nadie, todos son libres de satisfacer sus necesidades básicas para vivir usando los recursos naturales a la mano. En este “estado de naturaleza” (para algunos una realidad de hecho en los albores de la historia humana, y para otros una situación hipotética pero útil para entender el inicio de la propiedad privada), hay suficiente para todos, y nadie puede apropiar mucho más de los que es capaz de usar en el corto plazo. El precio de esta libertad de uso común, sin embargo, es que se vive preocupado de la inmediatez del día a día, sin seguridad a largo plazo y que, si bien las necesidades esenciales están cubiertas, no hay lugar para la comodidad ni para un vivir más sofisticado. Es así como hace su aparición, histórica o hipotéticamente (según la versión que se prefiera), la institución de la propiedad privada. Gracias a ella, las personas pueden superar el estado de mera supervivencia y mejorar su calidad de vida, acumular para el futuro disminuyendo así la incertidumbre de mediano y largo plazo y, en suma, dedicarse a sus proyectos dentro del marco de certeza que dan las reglas estables. ¿Por qué debería entonces un individuo cualquiera dejar voluntariamente la libertad de uso común del estado de naturaleza y cambiarla por el derecho de propiedad privada en una sociedad políticamente organizada? Pues porque es razonable, o ventajoso, o ambos (dependiendo de la teoría que se mire).

Para que un sistema de propiedad privada sea internamente coherente y mínimamente justo, en consecuencia, éste debe garantizar a sus miembros al menos condiciones algo mejores que las existentes en su ausencia, es decir, condiciones algo mejores que las existentes bajo el régimen de libre uso común. Así, si un sistema de propiedad privada no garantiza, por ejemplo, el acceso universal a un recurso tan vital como el agua para consumo humano, difícilmente podría legitimarse; lo mismo si permite que unos pocos acaparen la mayoría de los recursos, dejando a la mayoría destituida.

Esto es, en fin y simplemente, lo que se quiere decir cuando se dice que la propiedad privada “obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común”: que si no sirve mínimamente a todos, no puede ser democráticamente aceptable; y que sus límites son límites internos a su misma lógica, impuesta por el bien de todos y para el beneficio de todos.

http://alejandramancilla.wordpress.com