Necrológicas
  • Manuel Aravena Domínguez
  • Jorge Ulloa Ulloa
  • Proselia Alvarez Marín

La ley de pesca en el banquillo

Su trámite no estuvo exento de polémica. Aunque ahora la “Ley Longueira” es parte del inventario legislativo de Chile, su futuro está en plena discusión. Hay quienes creen que simplemente corresponde su anulación  (PC). El gobierno y parte importante del universo político sostienen que dicha salida es inconstitucional, pero no se cierran a buscar una fórmula de reemplazo.
[…]

Por Abraham Santibáñez Sábado 30 de Enero del 2016

Compartir esta noticia
54
Visitas

Su trámite no estuvo exento de polémica. Aunque ahora la “Ley Longueira” es parte del inventario legislativo de Chile, su futuro está en plena discusión. Hay quienes creen que simplemente corresponde su anulación  (PC). El gobierno y parte importante del universo político sostienen que dicha salida es inconstitucional, pero no se cierran a buscar una fórmula de reemplazo.

Se trata de un choque entre la ética y una ley que, en definitiva, adolece de un vicio de origen. La novedad es que en esta ocasión hay evidencias. Nadie sabe si en el pasado hubo abusos parecidos. Menos, cómo se habrían podido solucionar. Ello explica el complejo debate que se ha suscitado.

Sin embargo, se avanza. El miércoles pasado (27 de enero), se realizó la primera reunión de trabajo en la mesa anunciada por el Gobierno para ir a una nueva Ley de Pesca. En el encuentro participaron el diputado Daniel Núñez (PC-IC), las senadoras Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (PDC), el senador Rabindranath Quinteros (PS), el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico.

El diputado Núñez comentó posteriormente que los intentos por anular la actual ley de Pesca, pese a que generaron un gran rechazo, han “dado frutos políticos, porque hoy el Gobierno nos ha convocado a todos los sectores de la Nueva Mayoría para conversar acerca de las bases de lo que a juicio nuestro debe ser una nueva Ley de Pesca”.

El reconocimiento del senador Jaime Orpis de haber financiado su campaña de forma irregular, aunque negando cualquier acusación de cohecho, abrió las puertas a quienes creen que debe anularse la ley. En este sentido. el razonamiento del diputado Núñez se basa en una consideración ética: hay “empresas que obtuvieron en forma dolosa un beneficio económico, sobre la base de un recurso de un patrimonio que es propiedad de todos los chilenos”.

Lo mismo dijo, en una carta a El Mercurio, un grupo de profesores de Derecho de la U. Diego Portales:

“Está acreditado que en la tramitación de esta ley algunos parlamentarios recibieron pagos directos e instrucciones de cómo debía votarse el proyecto, o, bien, tenían serios conflictos de interés. El problema, entonces, no es que la ley sea deficiente o que hoy nos damos cuenta de que el régimen aprobado no cumple con determinados objetivos. El problema es que hubo fraude en su tramitación. Y cuando hay un vicio de este tipo, el Congreso se encuentra legitimado democráticamente para eliminar cualquier efecto que aquella norma fraudulenta genere. Esta privación general de efectos suele llamarse “nulidad”. Sin embargo, podría también denominársele “derogación con efectos retroactivos”. Lo importante es la eliminación total de sus consecuencias y no tanto su denominación”.

Durante su tramitación, fueron muchas las voces que objetaron, sin éxito, las disposiciones de esta ley. La normativa que la reemplace deberá considerar ese debate y, sobre todo, deberá hacerse con la máxima transparencia.