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Los bienes familiares

La normativa nacional, señala que podrán ser declarados bienes familiares, el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia, y los muebles que la guarnecen, cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales. Cabe recalcar que la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trate, disponiéndose que se anote al margen de la inscripción respectiva. El Conservador de Bienes Raíces practicará la subscripción con el solo mérito del decreto que, de oficio, le notificará el tribunal.
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Por Palmira Muñoz Miércoles 29 de Julio del 2015

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La normativa nacional, señala que podrán ser declarados bienes familiares, el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia, y los muebles que la guarnecen, cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales. Cabe recalcar que la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trate, disponiéndose que se anote al margen de la inscripción respectiva. El Conservador de Bienes Raíces practicará la subscripción con el solo mérito del decreto que, de oficio, le notificará el tribunal.

Una vez constituido en bien familiar, el inmueble no se podrá enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, sino con la autorización del cónyuge no propietario. La misma limitación regirá para la celebración de contratos de arrendamiento, comodato o cualesquiera otros que concedan derechos personales de uso o de goce sobre algún bien familiar. Esta autorización deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según el caso. Sin embargo, la voluntad del cónyuge no propietario de un bien familiar podrá ser suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que no se funde en el interés de la familia. Ahora, el cónyuge no propietario, cuya voluntad no haya expresado, podrá pedir la rescisión o nulidad del acto.

Por otra parte, cabe agregar que los cónyuges, de común acuerdo, podrán desafectar un bien familiar. Si la declaración se refiere a un inmueble, deberá constar en escritura pública anotada al margen de la inscripción respectiva. Asimismo, el cónyuge propietario podrá pedir la desafectación de un bien familiar, fundado en que no está actualmente destinado a los fines familiares, lo que deberá probar. Igual regla se aplicará si el matrimonio se ha declarado nulo, o ha terminado por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio.

Las normas anteriores también se aplican a los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea residencia principal de la familia. Producida la afectación de derechos o acciones, se requerirá asimismo la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista de la sociedad respectiva, que tenga relación con el bien familiar. La afectación de derechos se hará por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública. En el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen de la inscripción social respectiva, si la hubiere. Tratándose de sociedades anónimas, se inscribirá en el registro de accionistas.

Es importante señalar que el cónyuge que actuare fraudulentamente para obtener la declaración de bien familiar, deberá indemnizar los perjuicios causados, sin perjuicio de la sanción penal que pudiere corresponder.

Por otra parte, es atingente mencionar que durante el matrimonio se podrá constituir, prudencialmente, a favor del cónyuge no propietario, derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares. En la constitución de esos derechos y en la fijación del plazo que les pone término, se tomará especialmente en cuenta el interés de los hijos, cuando los haya, y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges. El tribunal podrá, en estos casos, fijar otras obligaciones o modalidades si así pareciere equitativo. La declaración judicial servirá como título para todos los efectos legales.

Finalmente cabe hacer presente que la constitución de los mencionados derechos sobre bienes familiares no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge no propietario tuviere en cualquier momento. Sin embargo, los cónyuges reconvenidos gozan del beneficio de excusión. En consecuencia, cualquiera de ellos podrá exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Cada vez que en virtud de una acción ejecutiva deducida por un tercero acreedor, se disponga el embargo de algún bien familiar de propiedad del cónyuge deudor, deberá notificarse personalmente el mandamiento correspondiente, al cónyuge no propietario.