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Según auditoría efectuada por la Contraloría Regional

88 funcionarios municipales a honorarios no contaban con decretos alcaldicios aprobados para desempeñar labores

Por La Prensa Austral Martes 1 de Septiembre del 2015
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Además de ello, en ocho cuentas corrientes de la municipalidad se depositaron sobre 190 millones
de pesos, desembolsos que no fueron contabilizados por la entidad edilicia.

Un revelador informe respecto a la falta de control en la contratación de funcionarios a honorarios emitió la Contraloría Regional, tras una auditoría realizada al interior de la Municipalidad de Punta Arenas, la que tuvo como objetivo revisar la existencia de contratos por concepto de servicios a honorarios imputados en la cuenta presupuestaria 21-04-004, vinculada al desarrollo de programas comunitarios desarrollados por la entidad edilicia.

El informe emitido el 25 de agosto de 2015, fue puesto a disposición de los concejales de Punta Arenas en la última sesión de Concejo Municipal.

“Se constató que la Municipalidad de Punta Arenas no cuenta con un plan anual de auditoría interna, lo que fue ratificado por el director (s) de la Dirección de Control, señor Luis Díaz Díaz, en la respuesta al cuestionario de control interno aplicado al 1 de abril de 2015, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 52, inciso segundo del Decreto Ley Nº1.263 de 1975, en cuanto a que la verificación y el cumplimiento de los fines y la obtención de las metas programadas para los servicios públicos son funciones que le competen a la Administración del Estado y cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo”, señala el documento.

El tiempo considerado para desplegar la fiscalización del ente contralor implicó todo el año 2014. En ese lapso se detectó que “para 28 contrataciones a honorarios, el municipio no mantenía en su poder el certificado de antecedentes, útil para el ingreso a la administración pública”, según refiere el informe, aludiendo incluso a una persona que no estaría habilitada para el desempeño de funciones municipales, a razón de aparecer con una condena judicial pendiente. “La situación referida vulnera el principio de irretroactividad de los Actos de la Administración contenidos en el artículo 52 de la ley Nº19.880, debiendo la entidad edilicia requerir los antecedentes que permitan verificar la ausencia de inhabilidades, antes de proceder a las respectivas contrataciones”, acota la auditoria efectuada.

Falta de decretos alcaldicios

Los reparos de la entidad regional dan cuenta de la existencia de contratos a honorarios que no cuentan con los decretos que permiten su aprobación. “De la revisión de 88 contratos a honorarios, se constató que la Municipalidad de Punta Arenas no ha emitido los decretos alcaldicios que aprueben dichos convenios. Lo anterior, vulnera los principios de formalización y escriturización previstos en los artículos 3º y 5º de la Ley Nº19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado. En los casos analizados se observó que la entidad edilicia dicta el decreto por medio del cual instruye la contratación a honorarios -acto administrativo que resultaría inoficioso de mediar el procedimiento que corresponde- para luego suscribir el respectivo acuerdo de voluntades”, según consigna el informe.

Registro de asistencia

De la revisión de los contratos a honorarios, se detectó que en 11 de ellos, se estipula que los prestadores de servicios deben cumplir “jornada completa”, “jornada de la tarde” o un honorario específico, según explica el documento de Contraloría.

No obstante ello, se observa que no hay un sistema de registro de asistencia que permita comprobar el cumplimiento de la jornada, que establecen con los contratos a honorarios antes mencionados, “lo cual contraviene, el criterio contenido en el dictamen Nº62.826 del 2004”, añade el ente contralor.

Omisión de
registro oportuno

De la revisión de las llamadas conciliaciones bancarias (las que permiten cotejar la contabilidad de los depósitos y giros efectuados por la repartición  municipal), se pesquisó que -en ocho cuentas corrientes del municipio- se depositaron sobre 190 millones de pesos, desembolsos que no fueron contabilizados por la entidad pública, según consigna el documento. En relación a ello, la Contraloría Regional dio como plazo 60 días hábiles para que el municipio remita los antecedentes que permitan acreditar la regularización de dichas situaciones.

“Sin perjuicio de lo anterior, esta entidad de control iniciará un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos advertidos”, sostiene el informe.

Concejal José Aguilante Mansilla: “El informe de Contraloría revela lo que muchos
hemos pedido aclarar en sucesivas oportunidades”

Tras recibir el informe final Nº590 de 2015, en el cual la Contraloría Regional dio a conocer una auditoría efectuada al municipio de Punta Arenas, la que fue desplegada durante todo el año 2014, el concejal José Aguilante Mansilla manifestó su conformidad, por lo que calificó “como una clara muestra de transparencia por parte del ente contralor, que ratifica lo que en sucesivas oportunidades han denunciado los concejales”.

Para Aguilante el tomar razón de que más de 80 personas -que mantuvieron durante 2014, contratos a honorarios con la municipalidad- no contaban con los respectivos decretos alcaldicios, refleja que los cuestionamientos dados a conocer por varios de los ediles, tenían un sustento real.

“El informe advierte sobre un aumento de personas contratadas a honorarios para desempeñarse en programas comunitarios, verificándose que las funciones desplegadas no satisfacen las condiciones exigidas bajo la  modalidad para las que fueron vinculadas al municipio”, afirmó Aguilante.

El edil dio a conocer que siempre que se solicitó información a la repartición edilicia sobre esta materia, no existió una respuesta coherente, agregando que el documento emitido por Contraloría -donde se consignan desembolsos millonarios del municipio para el pago de honorarios que superan los 200 millones de pesos- hace presumir que la vinculación de tanto personal puede deberse a “pago de favores políticos”, más que a una expertise, que avale el desempeño de funciones.

“Surgen dudas, porque esto puede transformarse en una excusa para contratar a personas con afinidades políticas, vinculadas a pagos de los llamados favores políticos y que muchas veces no se condicen con la legalidad vigente”, agregó el edil.

Aguilante aludió a que -en parte del informe- incluso se hace referencia a una funcionaria, quien habiendo sido contratada por el municipio, ejercía en horarios incompatibles al servicio de prestaciones cumplidas en la dirección regional del Instituto Nacional del Deporte.

“Hay una persona que cumplía una incompatibilidad horaria y donde sus servicios se superponían a las labores efectuados en dos partes, prestando servicios para el municipio y el IND. Eso lo detectó este informe”, concluye Aguilante.