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Andrés Hernández Silva, ex jefe de Informática que ganó demanda a la Corporación Municipal: “Ellos me echaron como si fuera un delincuente, ya no pude pagar mi casa, me la remataron”

Por La Prensa Austral Miércoles 3 de Agosto del 2016

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Una situación que nuevamente centra la atención en las deudas de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), por concepto de juicios laborales perdidos contra ex trabajadores despedidos por la entidad a cargo de la profesora Cristina Susi Garrido, es la que se conoció la semana pasada en una de las sesiones públicas del Concejo Municipal realizadas en el Palacio Montes.

Se trata del caso del ex jefe de Informática, Andrés Hernández Silva, quien se desempeñaba como funcionario de la Cormupa desde el año 2009, hasta que la llegada de Cristina Susi como secretaria general de dicha entidad, puso fin a su carrera profesional en Punta Arenas, según él mismo detalla, en una demanda judicial que fue ingresada en agosto del año pasado, ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas.

“En el lapso que me
desempeñé bajo las órdenes de don Hermes Hein Bozic, siempre conté con su más plena confianza y jamás fui objeto de acusación alguna, no faltando en todos estos años a la debida confidencialidad que me imponía mi cargo, ni al uso indebido de equipos, instalaciones, servidores o información (…) Luego, los hechos expuestos se originan en el afán persecutorio de la nueva jefatura (Cristina Susi), que desde un comienzo organizó cambios y ordenó despidos de todo el personal que se suponía de confianza del ex secretario general. El verdadero afán de la señora Cristina Susi Garrido, fue desde un comienzo ajustarse absolutamente a las nuevas instrucciones de don Emilio Boccazzi Campos y a su equipo político asesor”, señala parte de la demanda.

El despido del ex jefe de informática, le fue notificado el día 25 de junio de 2015, donde se invoca el “incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el contrato”.

Lo anterior, basándose en que Andrés Hernández habría modificado los archivos del sistema computacional, faltando a la confianza del empleador. Entre los aspectos negativos o reprochables en que basó la acusación, la parte demandada, se dieron a conocer, la piratería de software, la creación de un virus para PC, recolección de datos de otras personas, mal uso del correo electrónico y ciberpornografía.

Todas acusaciones que no pudieron ser demostradas, disponiéndose en diciembre del año 2015 acoger la demanda interpuesta por el ex funcionario. Tras ello, el organismo demandado presentó un recurso de nulidad, el que también fue acogido. El procedimiento por esta causa laboral culminó el 15 de julio último, estableciéndose el embargo de otros 15 vehículos de la Corporación Municipal de Punta Arenas, hecho respecto del cual, el alcalde Boccazzi y la propia secretaria de la Cormupa, no han querido pronunciarse.

Situación actual del demandante

El ex jefe de Informática de la Corporación Municipal, Andrés Hernández Silva, tuvo que trasladarse en enero del presente año hasta la ciudad de Temuco, a raíz de que no pudo encontrar un trabajo en su área en la ciudad de Punta Arenas.

En contacto telefónico con La Prensa Austral, el ex trabajador de la entidad, expresó que se mantiene a la espera del pago de 42 millones de pesos que le adeuda la Cormupa, por un despido que siendo injustificado, lo dejó con severas deudas, provocándole además un perjuicio moral, dadas las fuertes acusaciones a las que debió hacer frente y que no tenían sustento alguno.

Hernández además acusó que su despido, fue gatillado por razones eminentemente políticas, donde vuelve a reiterarse el nombre del actual trabajador a honorarios del municipio puntarenense, Domingo Rubilar Ruiz, sindicado por diversos funcionarios municipales como un “operador político”.

“Desde la llegada de la señora Cristina Susi Garrido como jefa de la Cormupa, se reincorporó de inmediato a don Miguel Angel Pardo, a la Unidad de Informática. Dicha persona fue ex asesor de informática del comando de campaña del señor Domingo Rubilar y de don Emilio Boccazzi Campos”, afirmó.

Andrés Hernández indicó a este medio que todo el proceso que le implicó defenderse en tribunales de falsas acusaciones, careciendo además de un trabajo en su área, le impidió el pago de cuotas de una casa, que finalmente fue rematada el 20 de junio del año en curso.

“Ellos me echaron como si fuera un delincuente (refiriéndose a los directivos de la Cormupa). Ya no pude pagar mi casa, la que fue rematada el 20 de junio. Insistieron en algo que no pudieron probar en el juicio laboral, como una forma de tergiversar mi versión. Me acusaron de algo que estaba dentro de mis facultades, como era ingresar a los servidores desde mi domicilio. Finalmente perdieron un nuevo juicio laboral y sólo resta que cumplan con el pago de 42 millones, que es lo que la justicia ha dictaminado a mi favor”, remarcó Hernández, desde la Región de La Araucanía.