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Cumple apenas con índices de patrimonio, liquidez y garantías, según Superintendencia de Salud

Bajos estándares en proyección de negocio y cumplimiento de sus obligaciones al límite complican estabilidad de isapre Consalud

Por La Prensa Austral Sábado 30 de Julio del 2016

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– Consultada la institución al respecto, sus ejecutivos declinaron referirse al tema por estimar que históricamente han cumplido con los indicadores. Tampoco se pronunciaron respecto a si la creciente judicialización y la tentativa de cambios de criterio tributario por parte del SII, podrían significar el fracaso en el intento por mantener los resultados.

Por estos días, un estudio de la Superintendencia de Salud dio cuenta del cumplimiento al límite en sus estándares de proyección de negocio y cumplimiento de sus obligaciones financieras (solvencia), por parte de la isapre Consalud, entidad que posee a nivel nacional unos 666.354  (a marzo de este año) y que representa el 19,4% del total de beneficiarios a nivel nacional, que suman 3.428.829, distribuidos en 13 instituciones analizadas.

La fiscalización -con datos tomados al tercer mes del año- consideró los requisitos legales de patrimonio, liquidez y garantías en 13 entidades, de las cuales Consalud presentó la peor evaluación, según lo indicado por la Superintendencia de Salud. En el primer caso, donde se establece que las aseguradoras deben mantener un patrimonio igual o superior a 0,3 veces sus deudas totales, el indicador para Consalud arrojó un 0,32; en lo referido a la liquidez, que no debe ser inferior a 0,8 veces la relación entre los ingresos recibidos y los pasivos por siniestros que tienen las aseguradoras -como las deudas con clínicas o pacientes-, el resultado fue de 0,82 mientras que, en lo relativo a la garantía, referida al monto de las obligaciones que mantiene con los cotizantes y prestadores de salud, el indicador llegó a 100,5%.

Consultada la entidad al respecto, declinaron referirse al tema por estimar que “históricamente han cumplido con los ratios (indicadores)”.

Judicialización y SII

Consalud tampoco se pronunció respecto a si la creciente judicialización y la tentativa de cambios de criterio tributario por parte del SII, podrían significar el fracaso en el intento por mantener sus resultados. No obstante, no es un tema menor, toda vez que en 2015, se presentaron contra las Isapres del país, un total de 133.233 recursos de protección, principalmente en lo referido a frenar el alza anual del precio de sus planes. Asimismo, en dicho año, las costas judiciales totalizaron para todas las Isapres del país $21 mil 545 millones. Y si se considera el período 2010 a 2015, la suma de costas llega a los $53 mil 763 millones, según la consultora Altura Managment. 

Y sólo como referencia, el año pasado 2015 las utilidades de las Isapres llegaron a $37 mil millones y sólo los costos representaron 22 mil millones de pesos para el sistema y US$120 millones para abogados dedicados a la materia. De ahí que los altos costos por judicialización -y que se prevé aumentarán en número- no deberían ser mirados con tanta confianza.

Sumado a la judicialización, está el eventual cambio de criterio tributario que busca implementar del SII. Se ha indicado que con esto, las isapres arriesgan pagar $ 38 mil millones en impuestos, es decir costos extras que mermarían las utilidades.

Ajustes o venta

A partir de la Ley 19.895, que estableció nuevos requisitos para las isapres, respecto del patrimonio, liquidez y garantía, existe un protocolo previo a la quiebra definitiva de una aseguradora en salud, que comienza cuando éstas no dan cumplimiento a dichos indicadores.

En caso de que alguna isapre no alcance el estándar exigido, la ley dispone un plan de ajuste que permite a la superintendencia intervenir para evitar poner en riesgo a los afiliados. En este caso, quedan automáticamente sujetas a régimen especial de supervigilancia y control de la Superintendencia de Salud, ante la cual deben presentar un plan de ajuste y contingencia, en un plazo no inferior a 10 días.

Aumentar capital

Lo indicado, deberá ir en la línea de aumentar capital, proponer una transferencia de cartera de afiliados, el pago de pasivos o cambio en la composición de activos, entre otros, es aprobado o rechazado por el ente fiscalizador y deberá ejecutarse en un plazo no mayor a 120 días prorrogable a 60 más, tiempo en el cual debería volver los indicadores al estándar legal. Si eso no funciona y la isapre no logra dar cumplimiento a los indicadores, quedan dos caminos: si está cerca de cumplir, se le otorga un nuevo plazo para implementar un plan de ajuste y contingencia o se le da la opción de iniciar un proceso de venta. Esto puede ser de toda la isapre, es decir, infraestructura, clínicas asociadas, trabajadores, afiliados, o sólo de su cartera de clientes.

Quiebra

De no prosperar esas opciones, la isapre se declara en quiebra definitiva y comienza a operar la Ley de Liquidación de Empresas. En ese contexto, afiliados sin preexistencia tendrán la opción de afiliarse a otra aseguradora, mientras que para los restantes, sólo podrán hacerlo en Fonasa.

Reforma a isapres

Mientras esto ocurre, avanza lento la promesa de gobierno de establecer una reforma a las Isapres, quedando todavía en éstas la facultad de reajustar sus precios unilateralmente, entre otras facultades. Y aun cuando en estos puntos se esperaba una respuesta clarificadora -con algunas luces de acciones concretar para revertir el actual escenario- la entidad estimó que ya “dijeron todo lo que tenían que decir”, como bien se nos hizo saber.