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Organismo presentó acusación particular para cada uno de los formalizados en el caso Rayen

Consejo de Defensa del Estado busca pena de 15 años contra ex intendente Storaker por apropiación, cohecho y soborno

Por Nicolás Ulloa Jueves 19 de Mayo del 2016

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La pretensión se suma a las presentaciones formuladas por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

Al igual que lo hiciera la Fiscalía el 19 de abril pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una acusación particular contra los imputados del llamado caso Rayen. El estamento está pidiendo mayores penas respecto de las solicitadas por el fiscal regional Eugenio Campos Lucero, pretendiendo sanciones que llegarían hasta los 20 años de prisión para uno de los acusados. En el caso del ex intendente Arturo Storaker Molina, acusado de malversación de caudales públicos y cohecho, se está solicitando una condena de 15 años y 1 día de cárcel.

Nada menos que 180 páginas contiene la acusación interpuesta el 7 de mayo por el CDE ante el Juzgado, donde, al igual que la pretensión del Ministerio Público, se detallan cada uno de los presuntos delitos de fraude y corrupción por los que se ha investigado a los siete imputados de la causa, aunque uno de ellos, Pablo Sáez Martínez, se relaciona más a una de las aristas de la investigación que a las supuestas irregularidades que se habrían cometido con dineros fiscales tras el desborde del río de las Minas, en marzo de 2012.

El escrito detalla que en total los perjuicios económicos a las arcas fiscales por todos los delitos ascienden a poco más de 507 millones de pesos.

En tres hechos basa su acusación el procurador fiscal de Magallanes del CDE, Dagoberto Reinuava; el primero de ellos tiene relación con la apropiación de caudales públicos por los que se acusa a Arturo Storaker, Luis Sáez Martínez, Patricia Leiva Naváez, Javier Gajardo Castro y Javier Gómez Letelier, este último imputado, en calidad de autor reiterado.

Por este hecho el CDE está pidiendo una pena de 15 años y un día para el ex intendente, al igual que para Luis Sáez, ex jefe de la División de Análisis y Control (Dac); y para los representantes de la empresa Rayen, Patricia Leiva y Javier Gajardo. En tanto, para Javier Gómez, ex asesor comunicacional de la seremi de Justicia, está solicitando una sanción privativa de libertad de 17 años.

Un segundo hecho acusa cohecho y soborno, implicando a Storaker, Luis Sáez, y a Gómez Letelier, pidiendo para los dos primeros una segunda pena de 817 días de cárcel, mientras que para el tercer implicado, solicitó 3 años, sumando con esto 20 años de presido para Gómez.

En cuanto a Leiva, Gajardo y Hugo Reyes Tureuna, por este segundo ilícito está persiguiendo penas de 4 años respecto de cada uno, esto en virtud de los supuesto sobornos que se habrían cancelado a quienes se desempeñaban en el gobierno regional (Storaker, Sáez y Gómez) para que fuera la constructora Rayen la designada para ejecutar las faenas de limpieza, pese a que en los antecedentes, no contaba con el patrimonio y equipamiento para dichos efectos.

En cuanto al tercer delito, este guarda relación con el proyecto de diseño de posicionamiento de la marca Gore, proceso en el que se habría configurado un ilícito de negociación incompatible, viéndose involucrados los hermanos Luis y Pablo Sáez Martínez, contra quienes se está pidiendo cárcel de 7 años para cada uno.

Esto, dado que habrían comprometido la confección de un proyecto en el cual se adjudicaron un monto de 50 millones de pesos, cobrando la mitad de dicho monto, sin ejecutar lo ofrecido.

Los ilícitos acusados

De acuerdo al texto acusatorio, el entonces intendente, en concierto con Sáez y Gómez habrían contratado a la empresa Rayen, previo reuniones secretas en un hotel de la ciudad, pese a que no contaba con lo necesario para hacerse cargo de la tamaña obra que significaba limpiar el centro de la ciudad tras el desborde del río. Con el tiempo se sostendría que dicha adjudicación habría sido a cambio de un pago de cerca de 20 millones de pesos a beneficio de Storaker.

Añade la acusación que además se practicaron maniobras fraudulentas incrementando costos de obras con la adulteración de facturas, acrecentando lo defraudado al fisco.

Con lo anterior, la causa entra en su etapa crucial, en un proceso iniciado en 2012. Este libelo acusatorio se suma a la presentación formulada por el Servicio de Impuestos Internos, acusando a Javier Gajardo Castro como autor de emisión de facturas ideológicamente falsas, pidiendo una pena de 5 años y 1 día en su contra, más una multa del 300% del monto defraudado, que en este caso se trataría de una cifra cercana a los 60 millones de pesos.