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Controversia en municipio de Río Verde por devolución de dineros del bono de incremento previsional

Por La Prensa Austral Jueves 10 de Septiembre del 2015

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Como una situación injusta calificó la concejala de Río Verde, Isabel Herrera el pago de 1 millón 789 mil pesos que -según precisó- se le exige devolver al municipio de dicha comuna, a cuenta del bono de incremento previsional que según aseguró, no le corresponde asumir. Esto fue refutado de inmediato por la alcaldesa Tatiana Vásquez, aduciendo que todos los concejales son solidariamente responsables, por lo que legalmente el pago procede.

De acuerdo a la investigación de Contraloría, respecto al examen de cuentas efectuado al incremento previsional pagado por la Municipalidad de Río Verde, se constató la existencia de numerosos pagos por horas extraordinarias a los funcionarios de la entidad.

Mientras tanto, el concejal y presidente de la Comisión Regional de Concejales, José Aguilante, contextualizó el conflicto. “De acuerdo a lo que nos ha descrito la concejala Herrera hay un monto -18 millones de pesos- que fue recibido por la alcaldesa y ahora se le quiere hacer responsable de parte de estos pagos. Y surge la pregunta ¿por qué los concejales permanentemente tenemos que pagar por responsabilidades que son institucionales?”.

En este punto, la concejala Isabel Herrera fue enfática. “¿Por qué tengo que pagarle plata que ni siquiera fue para gestión municipal? Obligatoriamente, me voy a tener que hacer responsable, me van a tener que embargar lo que no tengo”, puntualizó.

  Situación zanjada

Desde el municipio de Río Verde, la visión de parte de la alcaldesa Tatiana Vásquez, fue radical. “Es una situación que está zanjada. Tanto la Contraloría Regional como la Contraloría General de la República señalaron que ese pago tendría que ser devuelto al municipio y eso es lo que se hizo. Nosotros pagamos el incremento previsional porque firmamos una transacción judicial. Que vea ella (concejala) lo que significa ‘solidariamente responsable’. Lleva más de 20 años siendo concejala, ha tenido innumerables cursos y todavía no entiende que los concejales son solidariamente responsables, igual que la alcaldesa. A mí también me costó, tuve que devolver casi 1 millón de pesos. Esta mujer no quiere pagar, su cuota son 274 mil pesos”, refutó.

Vacío legal

Ante estos hechos, Aguilante acusó la existencia de un vacío legal en esta materia y que “nos preocupa que pudiera haber un tema político de fondo de parte de la alcaldesa, en contra de Isabel Herrera generando un escenario de posible inhibición de la tarea fiscalizadora de una concejala, quien está ad portas de vivir un embargo de todos sus bienes por una situación en la cual ella no tendría responsabilidad”, afirmó.

La secretaria de la Comisión Regional de Concejales, Blanca Culún y concejala de Primavera, expuso que “lamentablemente, la decisión está amparada por la ley”.