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Corte Suprema otorgó libertad a suboficial (r) condenado por triple fusilamiento en Porvenir en octubre de 1973

Por Andrea Coñuecar Sábado 15 de Agosto del 2015

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Parece extraño que al mismo tiempo que se está pensando en cerrar el penal Punta Peuco, empiecen a liberar a criminales que están allí cumpliendo condena. Entonces, podríamos pensar que se justifica el cierre de ese recinto carcelario, si total las condenas simplemente no se cumplen en su totalidad”, afirmó con indignación Iván González Toro -hijo menor de Ramón González Ortega- nombre que aparece junto a Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández como los tres ejecutados del conocido “Caso Porvenir”.

El triple fusilamiento fue caratulado como uno de los crímenes de lesa humanidad que remeció a la Región de Magallanes en los meses sucesivos al golpe de Estado del 73’. Uno de los ejecutores de González, Cárcamo y Baigorri fue el entonces suboficial del Ejército, Miguel Pablo Muñoz Uribe, quien desde el pasado miércoles 12 de agosto, recibió el beneficio de libertad condicional, tras una resolución emitida por la Corte Suprema.

“Yo me enteré en diciembre del año pasado que Miguel Muñoz Uribe recibía desde el 19 de enero de 2014, el beneficio de libertad dominical. Ese permiso fue otorgado por un Consejo que opera dentro del penal Punta Peuco y que fue decretado por el alcaide de dicho penal”, aseveró Iván González.

Antecedentes

Los hechos que abren la investigación del denominado “Caso Porvenir”, datan del 30 de octubre de 1973 y aunque por largo tiempo se habló de “una fuga” de tres prisioneros políticos que habrían escapado del Regimiento Caupolicán, a quienes se los fusiló a 20 kilómetros de dicha centro militar, los mismos familiares de los ejecutados desmintieron dicha versión.  Basado incluso en el testimonio de reconocimiento que los mismos ejecutores del hecho entregaron a la justicia, cuando el caso se abrió en el año 2005, el hijo de uno de los ejecutados de Porvenir -el asistente judicial Iván González Toro- entregó a La Prensa Austral antecedentes judiciales que desembocaron en la condena de siete años y un día, a la que estuvo sometido (hasta el pasado miércoles), el suboficial (r) de Ejército, Miguel Muñoz Uribe.

“La tesis de la fuga fue desacreditada, por cuanto a los tres presos -entre los que se encontraba mi padre- y que fueron identificados como Ramón González Ortega,  Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández, se les separa del resto de los detenidos el día 29 de octubre. Cerca de la medianoche, los retiran del Regimiento Caupolicán y son transportados hasta el sector Los Canelos que es un lugar que se ubica en un sector cercano al mar”, afirmó Iván González Toro.

– ¿Quién comandaba la patrulla que saca a su padre -junto a Germán Cárcamo Carrasco y a Carlos Baigorri Hernández- del Regimiento “Caupolicán”?

– “Rafael Aguirre Aguirre es el uniformado que da la orden de ponerlos en formación y luego son conminados a declarar, respecto de si guardaban armas en algún lugar. Sin recibir respuesta de los detenidos, se ordena matarlos. Una vez producido el crimen, cavan una fosa en el lugar y los entierran”.

– Además de Muñoz Uribe, ¿quiénes lo acompañarían en cumplir la orden de disparar y enterrar los cuerpos?

– “Según la versión de los propios inculpados, Luis Arata Campodónico, Juan Ortiz Toledo y el teniente o subteniente de apellido Aguirre, serían los responsables directos de estos hechos. Incluso en horas sucesivas al entierro (en la madrugada del 30 de octubre del 73’), hay una contraorden del alto mando, de ir a desenterrar los cuerpos y transportarlos en urnas selladas”.

– ¿Dónde quedaron los cadáveres?

– “Dos de ellos fueron enterrados en Porvenir. Me refiero a Germán Cárcamo Carrasco y a Carlos Baigorri Hernández. Sobre mi padre, su cuerpo fue entregado al Servicio de Impuestos Internos (SII), donde él trabajaba hasta su detención. Y posteriormente fue trasladado a su ciudad natal, que era Chillán”.

Recursos judiciales pendientes

El pasado miércoles 12 de agosto, la Tercera Sala de la Corte Suprema dictaminó la libertad condicional de los condenados Miguel Pablo Muñoz Uribe y Alejandro Sáez Mardones, quienes cumplían reclusión en el penal Punta Peuco. El primero -implicado en el ya referido “Caso Porvenir”- y el segundo, involucrado en el degollamiento de los profesores José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, hecho ocurrido a fines del año 1985.

A juicio del magallánico Iván González Toro, dos hechos inusuales ocurrieron en el proceso que dictaminó la sentencia a la que arribó la Corte Suprema. “No se permitió la presencia de los abogados del Programa de Derechos Humanos (entidad dependiente del Ministerio del Interior), para que pudieran formular sus alegatos, ni tampoco se permitió la presencia de familiares de las personas ejecutadas”, señaló.

En lo que refiere al contenido de la sentencia, González Toro planteó que “el motivo por el cual se les otorgó la libertad a Muñoz Uribe y Sáez Mardones, fue apelando a la igualdad ante la ley. Este hecho resulta extraño, por cuanto es inadmisible que crímenes de lesa humanidad se puedan equiparar a causas criminales comunes”, acotó.

– Tras la sentencia emitida por la Corte Suprema ¿en qué pie queda la demanda de justicia, para los familiares de ejecutados políticos?

– “Estudiaremos la posibilidad de llevar este caso ante la Corte Interamericana, por cuanto esta sentencia vulnera acuerdos internacionales y además se trata de crímenes cometidos por agentes del Estado de Chile. Por otro lado, si hay personas que siguen insistiendo que no tienen información, mientras en forma paralela siguen apareciendo integrantes del Ejército -vinculados a violaciones de derechos humanos- queda claro que no hay forma de poder afirmar en el país, que hay acercamiento verdadero a la justicia que muchos anhelamos”.