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Anulada sentencia de primera instancia que había rechazado la acción legal

Disputa por perrita: fallo de la Corte de Apelaciones probó vulneración de derechos contra marino y acogió demanda

Por Poly Raín Lunes 1 de Agosto del 2016

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Funcionario naval demandó a la jefatura de su repartición, luego de que fuera sancionado porque su esposa hizo público en Facebook el extravío de su perrita “Bonita” y acusó a la cónyuge del jefe de Estado Mayor de la tenencia de su mascota.

Revuelo nacional generó en septiembre del año pasado la disputa de una perrita de raza por parte de dos mujeres en Punta Arenas. La particularidad del caso lo constituía el hecho de que una de ellas era esposa del jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, mientras que la segunda era la cónyuge de un cabo de la Armada.

A raíz de este conflicto, el cabo primero Gustavo Fonseca fue sometido a un procedimiento administrativo interno luego de que la controversia se hiciera pública a través de la red social Facebook por la esposa del funcionario de menor rango. Y, es que había afectado el prestigio de la Armada frente a la opinión pública y de la autoridad naval ante sus subalternos, que había tomado partido por el más débil.

El proceso disciplinario instruido ante la justicia naval, trajo como coletazo que el funcionario fuera sancionado con una amonestación grado B y obligado por el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, almirante Felipe García-Hiudobro Correa a pedir disculpas al jefe de Estado Mayor, comandante Lars Christiansen, y a emitir un comunicado de prensa referido a que la mascota en disputa no pertenecía a su familia, sino que fue encontrada y acogida por ella, el que habría sido dictado por la periodista de la institución. También Fonseca fue obligado a dar explicaciones sobre la situación ante la dotación del buque al que pertenecía, “Almirante Viel”, donde se produjo un profundo quiebre entre el personal a bordo, todo lo cual le generó a él un colapso nervioso, por lo que hasta la fecha se mantiene con licencia médica.

Frente a la situación vivida, que terminó mellando su carrera en la Armada, el cabo Fonseca entabló una demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales contra la Armada ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, al sentir severamente lesionada su integridad psíquica como consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral.

Fallo revocado

El 10 de febrero pasado se llevó a cabo el juicio laboral, al que comparecieron las partes, donde declaró el propio ex comandante de la Tercera Zona Naval, Felipe García-Huidobro.

Pero, a Gustavo Fonseca no le fue nada de bien en su pretensión. El fallo del 1 de marzo dictado por la jueza Claudia Ortiz, titular del Juzgado del Trabajo, rechazó su demanda por vulneración de derechos en contra de la Armada, bajo el argumento de que el “cuadro depresivo que afecta al Sr. Fonseca, en parte se debe a un conflicto de índole familiar y también al escenario al que se vio enfrentado en septiembre del año pasado, no obstante, ello es insuficiente para formar convicción en torno a que el quebrantamiento de la salud mental del demandante tenga su origen en actos que han menoscabado sus derechos fundamentales”. Es más, en su resolución de primer grado, la jueza condena al cabo de la Armada a pagar las costas de la causa por haber sido totalmente vencido.

Recurso de nulidad

En contra de este fallo, el abogado Humberto Palamara, ex capitán de Inteligencia de la Armada, recurrió de nulidad, por considerar que en la sentencia de primera instancia se infringieron las normas sobre la apreciación de la prueba, porque “el correcto entendimiento de los hechos indica que se pretendió castigar disciplinariamente al cabo Fonseca por hechos de su cónyuge, que después que este hecho fue público, la Armada resolvió dejar sin efecto la sanción, pero que el procedimiento disciplinario continuó igual, y que el comunicado de prensa y las disculpas que debió pedir no son actos voluntarios, porque fueron actos del servicio militar, y Gustavo Fonseca es un simple cabo”.

Luego de la vista del recurso y los alegatos de los intervinientes, este 29 de julio la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, acogió el recurso de nulidad en contra del fallo de la jueza del Trabajo Claudia Ortiz, declarando nula la sentencia, por considerar que no hizo cargo de toda la prueba rendida, que permitían dar por configurada la vulneración de garantías. “A este respecto ha resultado acreditado fuera de toda duda, el hecho que se pretendió castigar al funcionario disciplinariamente, por actuaciones propias de su cónyuge y que después que ese hecho, que fue público y conocido a nivel local, la Armada resolvió dejar sin efecto la sanción que le había aplicado, pero el procedimiento administrativo abierto en su contra por tales hechos continuó, debiendo en paralelo en su calidad de cabo obedecer una orden y pedir disculpas por los actos cometidos por su señora esposa, incluso ante los funcionarios de la institución que son sus compañeros en el buque o motonave naval donde éste cumple sus funciones, sin ponderar que en su rol de suboficial carece de atribuciones para suspender las actividades de su buque y reunir a toda la dotación para pedir disculpas como lo hizo obligadamente”, da cuenta el pronunciamiento de la Corte.

Desde este punto de vista, se añade, “la sentencia no ponderó las consecuencias que de manera evidente le ocasionaría su vinculación laboral como suboficial de la Armada, siendo que un trabajador no puede ser sancionado por hechos de su cónyuge”. Enseguida, se señala que “la afectación a la integridad psíquica que acusa el demandante, surge en el contexto de la relación laboral que mantiene con la Armada y que el trastorno que padece tuvo su origen en una situación laboral compleja que le tocó vivir, relativa a la pérdida de la referida mascota familiar por la que entró en disputa su cónyuge con la de un oficial”.

Los ministros María Isabel San Martín y Marcos Kusanovic y el abogado integrante Jaime Cárdenas, al firmar la sentencia de reemplazo, acogieron el recurso de nulidad, estimando que si bien la amonestación administrativa impuesta al cabo Fonseca fue dejada sin efecto, no existe plena certeza del término del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra con motivo de los hechos denunciados, por lo mismo ordenaron a la Armada “dar pronto término al procedimiento disciplinario seguido en contra del trabajador Gustavo Fonseca Sepúlveda con motivo de los hechos de esta causa”.

En lo esencial, el fallo declaró que “la Armada de Chile incurrió en una lesión al derecho a la integridad psíquica de Gustavo Fonseca, consagrado en el numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

Igualmente, se “condena a la denunciada a pagar al denunciante una indemnización equivalente a seis meses de su última remuneración”.

Por último, la sentencia ordenó remitir a la Fiscalía Local del Ministerio Público copia autorizada de esta sentencia, en lo referente a la grabación del proceso de justicia de 10 de septiembre de 2015, entre el cabo Gustavo Fonseca y el comandante del buque Viel, Juan Brander, cuyo medio de prueba fue obtenida de manera ilícita, desde el interior de una unidad naval, sin el conocimiento ni la autorización de Brander, la que posteriormente fue llevada a un medio de comunicación radial (Presidente Ibáñez), donde fue difundida, situación que a su respecto podrían constituir caracteres de delito. La misma medida se adoptará respecto de las demás grabaciones y transcripciones efectuadas.

Este fallo judicial sería inapelable.

¿Qué fue de la perrita?

Pero, qué fue de la perrita “Bonita”, cuyo caso dio lugar, incluso, a un recurso de protección presentado por la esposa del jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, el que ganó ante la Corte de Apelaciones.

El último antecedente que se maneja en torno al bullado extravío de esta mascota, data de hace tres meses, cuando según la esposa del cabo Fonseca, el animal -de la raza Golden Retriever- volvió por su cuenta al hogar de la familia en Avenida 21 de Mayo, en población Miraflores, desde donde habría sido recuperada horas más tarde -en presencia de numerosos testigos- por la cónyuge del alto oficial, luego de que “Lola”, nombre con el cual la identifica la otra familia, se escapara de una propiedad fiscal en el kilómetro 3,5 sur.