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“El levantamiento del secreto permitirá avanzar en mayor justicia y en esclarecer los hechos”

Por José Lara Domingo 17 de Septiembre del 2017

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Diego Fernández
dfernández@laprensaaustral.cl

El lunes pasado, pero hace 44 años, un golpe militar hacía cambiar el rumbo del país. Se derrocó al Presidente Salvador Allende y se instauró el régimen militar que duró desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo del 1990.
Una fecha que ha quedado en la retina de todos los chilenos es la que se recuerda todos los 11 de septiembre, pero este año fue distinto a todos los demás. La Presidenta Michelle Bachelet anunció que se le daría discusión inmediata al proyecto de ley que levanta el secreto sobre importantes antecedentes que recopiló la Comisión Valech I. Adelantándose así a los 50 años previstos para su develación.
“El conocimiento de la verdad es anterior a cualquier otro proceso para el reencuentro en una patria aún fracturada. Esta semana dotaremos de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre antecedentes aportados a Comisión Valech I. Esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos”, explicaba la Mandataria.
Sin embargo, la polémica suscitada obligó a La Moneda a retroceder en un aspecto, pues debió cambiar de discusión inmediata a suma urgencia los tiempos para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa.
En conversación, con El Magallanes, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Pablo Bussenius Cornejo, y director regional del Instituto de Derechos Humanos (Indh), Cristián Figueroa Fuentealba, valoraron esta iniciativa del gobierno y recalcaron la importancia que tiene para la sociedad el conocimiento de la verdad sobre los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura.
– ¿Con qué sensaciones se quedan luego de este anuncio de la mandataria?
– CF: “Lo anunciado por la Presidenta es una base sustancial en lo que se refiere a materia de investigación, porque va a permitir al poder judicial contar con mayores herramientas para potenciar sus investigaciones en relación a los antecedentes de la Comisión Valech I. Creemos que es relevante el anuncio porque los estados tienen que ir avanzando en materia de reparación y justicia. Creemos que este proyecto va en esta línea”.

– PB: “Ha sido importante y tiene consecuencias concretas en lo que significó en la aprobación en la comisión de Derechos Humanos de este proyecto de ley. Recordar que hubo toda una polémica porque no se sometía a votación. Este proyecto fue aprobado en octubre del 2016 por la Cámara de Diputados y hoy se encontraba en el Senado dentro de su segundo trámite constitucional. El anuncio de la Presidenta provocó que se votara inmediatamente y se aprobara en la comisión de Derechos Humanos del Senado. Hubo un avance importante y hay que reconocer el impulso de la Presidenta por este tema”.

– De alguna forma, el segundo mandato de la Presidenta Bachelet es continuador del gobierno de Ricardo Lagos. ¿Por qué se levanta ahora el secreto del informe de la comisión Valech 1?
– CF: “Nosotros sostenemos que el levantamiento del secreto va a permitir avanzar en mayor justicia y en esclarecer los hechos que ocurrieron. Creemos que el contexto es distinto. Han pasado 14 años de aquel episodio y la sociedad chilena está más madura; el secreto tuvo un objetivo de proteger a las víctimas. Los hechos son horrendos y para muchas de las víctimas no es fácil de aceptar lo que pasó. Sin embargo, eso no tiene que ir en desmedro de que estos casos se puedan investigar; primero, porque esto va a permitir que llegue más información en los procesos existentes y muchos se agilizarán con esta apertura; y, en segundo lugar, se podrán iniciar nuevos procesos. En ese sentido, creemos que es un avance sustantivo y Chile puede ganar más justicia. El resguardo a las víctimas se tiene que cautelar en el proyecto y eso no va a traer ningún tipo de problema a las víctimas; pero sí podemos avanzar en justicia y verdad”.

– PB: “Yo me quedo con la opinión favorable que dio la Corte Suprema. Dijeron que, al tratarse de delitos de lesa humanidad, el ofendido es toda la comunidad, la sociedad en su conjunto. Entonces, hay un bien superior a conocer la verdad y todos sus detalles que implica este hecho. Aquí lo que se percibe con este proyecto de ley es otorgar el mismo tratamiento de verdad como el informe Rettig y el informe Valech II. Aquí no se trata que la información sea pública, sino que sea asequible para los tribunales y ellos puedan utilizar esta información para llevar adelante en estos tres pilares que constituyen la política en esta materia, que son verdad, justicia y reparación. Sin duda, considero que es un avance y muchas de las víctimas se han manifestado proclives a levantar este secreto, ya que está el anhelo en la sociedad de más verdad”.

– Estamos a meses de las elecciones presidenciales, ¿podría la ciudadanía estimar que este anuncio de Bachelet tiene fines electorales a sabiendas que Sebastián Piñera va bastante arriba en las encuestas y que este tema le complica a un abanderado de derecha?
– PB: “Al mandato de la Presidenta le faltan seis largos meses y la ciudadanía espera que Michelle Bachelet gobierne hasta el último día de su gobierno. Acá es fácil hablar cuando no les gustan los proyectos, cuando no les gusta la dirección que van tomando determinados proyectos y se apela a que queda poco para las elecciones. Acá hay un mandato y es parte del programa de la Presidenta; por lo mismo no es un proyecto nuevo”.

– CF: “No hay que olvidar que este proyecto se ingresó en marzo, la subsecretaría de Derechos Humanos comenzó sus labores el año pasado y una de sus tareas fue ingresar este proyecto. Se reactivó el 11 de septiembre en donde la Presidenta lo anunció y, por lo tanto, ésta es una fecha relevante para anunciar este tipo de legislación. Nosotros creemos que tiene un contexto, que es un tema al que se le debía a Chile y que absolutamente sentimos que es un avance, más allá de las consideraciones que puedan tener los sectores. Lo relevante es que estamos avanzando hacia más verdad y justicia. El año pasado se promulgó la Ley 20.968 que tipifica el delito de tortura y han habido avances sustantivos y esto es un avance más que permite avanzar en justicia”.

– La derecha amenaza con ir al Tribunal Constitucional, mientras que en la Nueva Mayoría existen grandes diferencias sobre esta temática, como, por ejemplo, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien dijo que “cada uno es dueño de su propia declaración y si se quiere utilizar una declaración dramática, porque yo conozco casos en que fueron sujetos a zoofilia, obligadas por torturas, y esa persona declaró. ¿No tiene derecho esa persona a guardar su intimidad frente a sus nietos, hijos y familia”. ¿Qué les parece esa declaración?
– PB: “Es una opinión respetable, pero el gobierno va en una dirección contraria, que es de más verdad, de mayor acceso a los antecedentes y para que pueda operar la justicia. Aquí lo que estamos hablando que no es de un conocimiento público. Estos casos van a ser enmarcados en el antiguo procedimiento penal, lo que significa que están sometidas a distintas reglas al actual procedimiento, que dicen relación que hay toda una etapa que es secreta. Lo segundo es que en caso de delitos sexuales no se puede dar a conocer la identidad sin el consentimiento de la víctima. Entonces, hay un ámbito de materias donde, si se llega a aprobar el proyecto de ley, va a existir la reserva como es el caso de los delitos sexuales”.

– CF: “Muchas víctimas que declararon han señalado de que no tenían problema de que esa información se podía dar a conocer en términos de avanzar en verdad y justicia. Aquí cada víctima y cada sensibilidad de ellos hay que respetarla y el proyecto de ley va en esa misma línea. Evidentemente que el resguardo de la información es delicada, como situaciones tan dolorosas y tan terribles como las que vivieron las víctimas, tienen que estar en resguardo. Lo importante es que eso no se superponga en el avance de verdad y justicia. En ese sentido, no podemos establecer una correlación entre el resguardo y el no avance de la justicia. El proyecto tiene que ir en esa línea”.

– Varias personas han fallecido en este periodo que contempla desde el 2003 hasta la fecha. ¿Qué pasará con esas personas que entregaron su declaratoria en términos de decidir sobre lo que les prometió sobre resguardar su testimonio?
– PB: “Lo que se solicita es que los tribunales mantengan los resguardos, cosa de mantener la confidencialidad en esta causa. Es una materia que hay que discutir. Han surgido diversas opiniones de parlamentarios, pero lo que se trata es que se tiene que darse el debate democrático y que finalmente se analice en su mérito este proyecto. Me gustaría destacar un segundo anuncio de la Presidenta, en relación de los actos conmemorativos del 11 de septiembre, que es una apertura de aquellas personas que fueron rechazadas de la comisión Valech II; estamos hablando cerca de 20 mil personas que se instalará una comisión recalificadora que va a permitir, en base a nuevos antecedentes, acceder a los beneficios que se otorgaron en la antigua comisión”.