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Corte de Apelaciones rechazó recurso de protección

Fallo judicial marca precedente en materia de acciones y derechos de predios rústicos

Por La Prensa Austral Jueves 14 de Julio del 2016

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Abogado había recurrido en contra de los tres notarios de la plaza, luego de que estos se negaran a suscribir una escritura pública de venta o cesión de derechos.

Este lunes 11 de julio la sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de protección que un abogado local interpuso en contra de tres notarios de la plaza, al negarse éstos a la suscripción de una escritura pública de venta o cesión de derechos sobre un inmueble, considerándolo como un acto ilegal y arbitrario.

El abogado Luis Díaz Coñuecar redactó y tramitó ante las notarías de Horacio Silva, Igor Trincado e Iván Toledo, una cesión de derechos sobre un inmueble de propiedad de un cliente en el sector rural de Agua Fresca, sin embargo los notarios se negaron a confeccionar la respectiva escritura pública, sin mayor fundamento que el supuesto impedimento que establecen el DFL N°458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el DL N°3.516 de 1980 del Ministerio de Agricultura.

En su presentación Luis Díaz expresó su extrañeza ante las actuaciones de los notarios, las que de paso calificó de “poco comprensible”, ya que siempre se han autorizado este tipo de tramitaciones, empero, ahora, los notarios coludidos entre sí este año se han negado a autorizar las enajenaciones de predios rurales y derechos sobre ellos.

Los notarios aducen que se estaría cambiando el uso del suelo y se estaría dividiendo el predio por debajo del mínimo permitido por la ley.

Ante la negativa de inscripción, el abogado expuso en su escrito que con ello los notarios se estarían excediendo en sus competencias, atribuyéndose facultades que no les corresponden, lo que constituye una falta ministerial grave que amerita sanciones.

Respondiendo el recurso judicial, el notario Horacio Silva planteó en su informe que en ningún caso se ha excedido en sus competencias, sino que únicamente está cumpliendo con el mandato legal. En tanto, su colega Iván Toledo explicó que la ley no permite la subdivisión de un predio rústico en menos de 0,5 hectáreas y que de hacerlo así, se incumpliría el artículo 1 del DL 3.516, estableciéndose la prohibición expresa para los notarios en el inciso final de dicho artículo. Por último, su colega Igor Trincado complementa que al tratarse de un predio rústico, lo rigen normas de orden público, existiendo motivos graves para no permitir la subdivisión de los mismos más allá de 0,5 hectáreas. Asimismo, añade, que en este caso se está vendiendo un terreno determinado y no solamente derechos y acciones, por lo que de hecho se está cambiando el uso del suelo, correspondiendo la situación a un loteo informal.

Normativa del Sag

Sobre esto último, el artículo 46 de la Ley 18.755, referido al Servicio Agrícola y Ganadero, sostiene que “para autorizar el cambio de uso de suelo en el sector rural se requerirá un informe de este servicio para proceder a la subdivisión de predios rústicos”. En este sentido, el Sag ha mantenido un procedimiento invariable que las solicitudes de subdivisión de predios agrícolas deben tener una extensión de más pero no menos de 0,5 hectáreas.

El caso en cuestión, decía relación con la presentación efectuada por Ariel Chamorro Mansilla a través de su abogado Luis Díaz, de un proyecto de escritura pública, por el cual deseaba vender a Luis Alderete Miranda, el 13,69 por ciento del total de acciones y derechos de un predio de su propiedad, ubicado en el sector Agua Fresca, individualizado como lote 7-9-5, según consta de un plano archivado en el Registro de Propiedad del año 2014. La circunstancia de ceder el 13,69 por ciento de acciones y derechos, hace presumir que también debe haber otros partícipes del predio, también con acciones y derechos. Es más, se pretendía que la ubicación de dicho porcentaje vendido quede radicado en un plano privado, suscrito y aceptado por el cedente y cesionario con la finalidad de regular las relaciones que emanan de su calidad de comunero con el restante de los copropietarios del inmueble.

Esto, en opinión de los sentenciadores, es ilegal, puesto que “cuando una persona vende las acciones y derechos que le corresponden en un inmueble de una comunidad determinada, vende su derecho cuotativo de dominio sobre el mismo porcentaje en el inmueble y no puede radicarse en un terreno delimitado en un plano anexo como lo pretende el recurrente. Lo anterior implica una subdivisión de hecho, la que además no cumple con las exigencias contenidas en los artículos 1° y 4° del DL 3516 y 55 del DFL 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba la nueva Ley de Urbanismo y Construcciones”.

Frente a tales consideraciones, la Corte de Apelaciones resolvió que la negativa del notario Horacio Silva de confeccionar la escritura pública, no es ilegal, pues se ha apegado estrictamente a la normativa vigente, ni menos es arbitraria, esto es, caprichosa o carente de razonabilidad, pues se tomó en base a una serie de razonamientos. En cuanto a las decisiones que sobre el mismo tema adoptaron los notarios Trincado y Toledo, el fallo estimó que el recurso de protección había sido interpuesto fuera de plazo, por lo que en el rechazo se invocó la extemporaneidad del mismo.

El fallo fue suscrito por los ministros titulares María Isabel San Martín, Marta Jimena Pinto y Marcos Kusanovic, el que podría ser eventualmente impugnado a través de un recurso de apelación ante la Corte Suprema.