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Corte echó para atrás traslado de sargento segundo desde Porvenir a Punta Arenas

Gendarme gana recurso de protección a jefe regional

Por Agencias Viernes 17 de Julio del 2015
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Director del servicio justificó la medida adoptada, como una forma de proteger la integridad física y
psíquica de los funcionarios del Centro de Detención Preventiva de Porvenir.

Un triunfo a nivel judicial obtuvo un sargento segundo de Gendarmería luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas revocara una medida de traslado que había dispuesto el director del servicio en la región.

Romilio López Parra, domiciliado en Porvenir, recurrió de protección por vulneración de garantías constitucionales en contra del coronel Víctor Fuentes Morales, director regional de Gendarmería, ello luego de que el 4 de junio pasado fuera destinado en cometido funcionario a la unidad penal de Punta Arenas, desconociendo su jefatura la calidad de dirigente gremial que ostenta hasta el 6 de febrero de 2016. Al respecto, citó el artículo 25 de la Ley 19.296 que establece normas sobre funcionarios de la administración del Estado, donde se señala que desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, los dirigentes no podrán ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren sin su autorización por escrito.

En su presentación denunció que el traslado del que fue objeto afectó de sobre manera sus relaciones familiares, donde hay dos hijos de por medio. Argumentó que el traslado constituye una acción de persecución y práctica antisindical y obedece a las denuncias que habría realizado en contra de otro funcionario de Gendarmería, quien “sería consumidor de drogas y en contra del jefe de la unidad de Porvenir, quien vendería cigarrillos a los internos”, según se señala en el recurso.

Para el sargento recurrente, los hechos antes indicados vulneran las garantías constitucionales antes mencionadas, ocultándose una práctica antisindical e implicando la obstaculización del libre ejercicio de la libertad sindical y la autonomía en el funcionamiento de la asociación que representa.

En lo concreto, solicitó a la Corte que el director regional deje sin efecto el cambio de funciones ordenado, y decrete las medidas que el tribunal estime convenientes para restablecer el imperio del derecho.

El informe del director

El coronel Víctor Fuentes, al evacuar su informe ante la Corte de Apelaciones, pidió el rechazo del recurso, señalando en primer lugar que en cuanto a los hechos expuestos, efectivamente mediante resolución exenta N°421 de 5 de mayo de 2015 destinó en calidad de cometido funcional al recurrente al complejo penitenciario de Punta Arenas, sin desconocer su calidad de dirigente gremial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, sino que por diferentes motivos, entre ellos como una forma de proteger la integridad física y psíquica de los funcionarios del Centro de Detención Preventiva de Porvenir, los que hicieron presente una serie de situaciones provocadas por el recurrente que han vulnerado las garantías constitucionales de dichos funcionarios, así enumera una serie de partes denuncias y oficios reservados que dan cuenta de agresiones verbales y físicas de parte del recurrente a otros funcionarios de Gendarmería, los que han generado un ambiente laboral adverso y hostil, provocando un impacto sobre la salud física y psíquica de los funcionarios.

Agrega que actualmente se encuentran en curso dos sumarios administrativos instruidos para determinar la responsabilidad del sargento, en dos presuntas agresiones.

Indica que si bien reconoce haber transgredido una norma al destinar al funcionario a otra localidad sin su autorización por escrito, ello ha sido realizado como una medida de emergencia, única y exclusivamente con el propósito de proteger la integridad personal de todos los funcionarios que se desempeñan en la mencionada unidad penal.

Fallo de la Corte

Los ministros de la Corte de Apelaciones al analizar los antecedentes expuestos por las partes, resolvió que se trata de un “acto ilegal en cuanto conculca lo preceptuado por el mencionado al artículo 25 de la Ley N°19.926 al disponerse el traslado del citado funcionario a un centro de detención preventiva distinto a aquel que servía, ello sin su consentimiento y sin que conservare las mismas funciones que desempeñaba en el penal de Porvenir, provocándole un desarraigo familiar, quien además, hoy padece de un trastorno adaptativo con ánimo angustioso psicoestresor en el ámbito de su desempeño laboral como consta en el certificado extendido por el médico psiquiatra Jaime Alvarez Uzabeaga”.   

Según el fallo judicial, en nada altera el hecho que el funcionario haya sido investigado en dos sumarios administrativos, los que hasta la fecha no han sido resueltos, además que goza de fuero sindical, y debe ser juzgado conforme a las normas del debido proceso, por lo que se halla amparado por la presunción de inocencia.    

En razón de lo anterior, la Corte de Punta Arenas resolvió acoger el recurso de protección, dejando sin efecto el cambio de funciones del sargento del penal de Porvenir.

El fallo de fecha 15 de julio podría ser eventualmente apelado por el director regional de Gendarmería ante la Corte Suprema.