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Gobierno no descarta caducar el contrato o ir a juicio con Sociedad de Rentas Inmobiliarias

Por Carolina Ruiz Sábado 8 de Agosto del 2015

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Luego del contundente informe emitido por la Contraloría General de la República, sobre eventuales irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, el gobierno regional se encuentra evaluando cuáles serán los pasos que seguirá, luego de que el órgano contralor le instruyera que inicie un proceso negociador con Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda., para que cumpla la inversión adeudada de su plan de inversiones, complete los pagos y la reinversión comprometidos y subsane el perjuicio fiscal ocasionado por concepto de subarriendos.

En este contexto, el intendente Jorge Flies Añón, anunció que el próximo viernes esperan concretar el encuentro con la concesionaria de Zona Franca, donde analizarán la disposición de la empresa y las acciones a seguir. “Van a ser citados para la próxima semana, tal como lo habíamos anunciado públicamente. Teniendo este informe, ya podemos proceder con todas las etapas, en cuanto a que estamos muy satisfechos que hay plena coincidencia con las observaciones de este gobierno regional y la respuesta ya definitiva por parte de Contraloría con este informe”, afirmó Flies.

La primera autoridad regional señaló que se deberá evaluar si se caduca o no el contrato. “La misma Contraloría coincide con nosotros que hay etapas que son de discusión previa en que tenemos que ver los incumplimientos que hay, tanto en montos de inversión como reinversión y otros temas del convenio. Hay elementos en que uno podría llegar a acuerdo; en otros, si no llegamos a acuerdo, son elementos de litigio, es decir, propios de juicio. Y también la intendencia está analizando, porque este contrato va, desde una totalmente armoniosa relación hasta la caducidad del contrato”, indicó.

Respecto a las críticas que han existido anteriormente, en relación a que ya se han emitido informes de Contraloría que autorizaban el término del contrato de concesión, el intendente señaló: “más que críticas u otros comentarios, yo siempre he insistido, acá el contrato lo lleva la intendencia y el intendente. Estoy hablando, probablemente, del contrato de mayor envergadura que tiene este gobierno regional”.

Flies agregó que, en este sentido, los pasos que se deben dar tienen que ser estrictamente atenidos al aspecto jurídico administrativo que rige en el contrato, junto con la normativa pública. “Si yo digo cualquier cosa en cuanto a adelantarme a lo que tenemos que hacer, simplemente, uno podría estar predeterminado a la acción”, precisó la primera autoridad regional.

Respecto a los cobros que se indican en el informe de Contraloría, el intendente destacó que se trata de las cifras que se indicaron por parte del gobierno regional en su estudio. “Coincidimos plenamente con los montos que salen observados por Contraloría y hay áreas del informe que son de carácter conversable. Otros no son conversables, absolutamente, ya que son propios del cumplimiento del contrato. Por muchas justificaciones que se puedan dar, se tiene que cumplir o no cumplir”, enfatizó Flies.

Juicio

La primera autoridad regional explicó qué es lo que podría suceder en caso de no llegar a acuerdo con la concesionaria e ir a juicio. “Cuando no se llega a acuerdo en algún tema, lo que indica el contrato es que es materia de litigio. Eso significa llegar a un tribunal civil para ver la diferencia. Pero aparte de eso, ante los hechos, uno puede tomar otras conductas que son independientes de los procesos de no acuerdo, que van desde las multas, hasta prescindir del contrato. Nosotros podríamos, por ejemplo, independiente del juicio, multar y hasta prescindir del contrato, si estimamos que hay antecedentes suficientes”, precisó.

Peña y Lillo

Una de las materias que la Contraloría determinó como litigiosa, por lo cual no se pueden pronunciar, es la legalidad del acta de acuerdo de septiembre de 2013, suscrita entre el intendente de la época, Mauricio Peña y Lillo, el entonces secretario regional ministerial de Hacienda, Arturo Lillo, y el gerente de Rentas Inmobiliarias Ltda., Eugenio Prieto, en atención a que en uno de sus puntos abordados se deja constancia de que no existió perjuicio fiscal por el subarrendamiento ejercido por RPSUR Ltda.

En este punto, el intendente Flies señaló que: “existe la decisión de que se investigue si eso, en el mecanismo de procedimiento que se hizo, era correcto. Nosotros estimamos, y lo informamos a Contraloría, que era un mecanismo inadecuado, ya que se hizo sin resolución de la intendencia, sin mayor conocimiento público y con un nivel de discreción muy importante. Entonces, queremos saber si, efectivamente, ese procedimiento, está tenido administrativamente. Lo que sí, tiene valor jurídico, y eso nos complica mucho en determinaciones previas a esa época, porque es la firma de una autoridad que acordó lo que había pasado de ahí hacia atrás. Si el procedimiento estima que hubo detrimento o inadecuado actuar de los agentes del Estado, tendrá que seguirse por quien corresponde que, en este caso, es el Consejo de Defensa del Estado”.