Necrológicas
  • Manuel Aravena Domínguez
  • Jorge Ulloa Ulloa
  • Proselia Alvarez Marín

Hasta 9 millones de pesos arriesgan candidatos que hagan propaganda fuera del plazo legal

Por Carolina Ruiz Lunes 18 de Abril del 2016

Compartir esta noticia
403
Visitas

En un intento de devolver, en cierta medida, la confianza en el sistema político chileno, el gobierno promulgó la reciente semana, la Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, una normativa más dura en cuanto a las sanciones, y que busca transparentar el financiamiento de las campañas políticas y el gasto electoral.
Entre las disposiciones, se establece que los candidatos que infrinjan la ley y coloquen propaganda electoral fuera de los plazos legales, arriesgan multas entre 20 y hasta 200 UTM, es decir, más de 9 millones de pesos, la cual irá a beneficio municipal.
Según se establece en el artículo 30, “se entenderá por propaganda electoral, para los efectos de esta ley, todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales. En el caso de los plebiscitos, se entenderá por propaganda aquella que induzca a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a consideración de la ciudadanía. Dicha propaganda sólo podrá efectuarse en la oportunidad y la forma prescritas en esta ley”.
Debido que a nivel nacional, y también regional, ya se pueden apreciar carteles o gigantografías en las calles, donde se promueve a los precandidatos a alcalde, el Servicio Electoral anunció, este viernes, que solicitaría a todos los alcaldes, el retiro de esta propaganda, ya que aún no se inicia el plazo legal.

Ceremonias y prensa
Respecto a la participación en ceremonias, la normativa establece que “las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, desde el sexagésimo (60) día anterior a la elección, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos, a todos los candidatos del respectivo territorio electoral. El incumplimiento de esta obligación será considerado una contravención al principio de probidad contemplado en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.
En relación con la propaganda en medios de prensa o radioemisoras, las tarifas deberán ser igual para todos los candidatos, y sólo podrán efectuarla aquellos medios que, a más tardar diez días antes del inicio del período, informen al Servicio Electoral de sus tarifas, debiendo ser publicadas en la página web del respectivo medio y del Servicio Electoral.
Espacios públicos
Por otro lado, se indica que “sólo podrá realizarse propaganda electoral en los espacios que, de acuerdo a la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, puedan ser calificados como plazas, parques u otros espacios públicos y estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral”. Para ello, se requerirá una propuesta al Concejo Municipal, que deberá ser aprobada en sesión pública especialmente convocada para tal efecto.
En espacios públicos no podrá realizarse propaganda mediante carteles de gran tamaño, cuyas dimensiones superen los dos metros cuadrados.
Asimismo, estará prohibida toda clase de propaganda que, pese a ubicarse en lugar autorizado, destruya, modifique, altere o dañe de manera irreversible los bienes muebles o inmuebles que allí se encuentren.
Los alcaldes, de oficio, a solicitud de cualquier ciudadano o a requerimiento del Servicio Electoral, deberán retirar u ordenar el retiro de toda la propaganda electoral que se realice con infracción de lo dispuesto por la normativa, y estarán obligados a repetir en contra de los candidatos o partidos políticos, por el monto de los costos en que hubieren incurrido.
En cuanto a la propaganda en espacios privados, se podrá efectuar siempre que medie autorización escrita del propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble, y que la dimensión no supere los seis metros cuadrados totales. Además, se prohibirá en caso de que la propiedad privada esté destinada a servicios públicos o localizada en bienes de uso público, como transporte público, paradas, o postes del alumbrado, entre otras.
Gasto electoral
En cuanto al gasto electoral, la normativa aumenta el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales, de 0,01 a 0,02 UF, por votos obtenidos en la última elección. Además, se incrementa el aporte que los candidatos reciben por concepto de reembolso de gastos electorales al término de las campañas, de 0,03 a 0,04 UF, por voto obtenido.
Por otro lado, se rebaja el límite de gasto electoral en un 50%, exceptuando el caso de las elecciones municipales, donde se mantuvo el límite vigente, debido a su bajo monto.
La ley establece también la prohibición de los aportes de personas jurídicas a campañas políticas, y rebaja el aporte de las personas naturales, quienes no podrán aportar en una misma elección una suma que exceda el 10% del límite del gasto electoral, fijado para la respectiva comuna.
Para que los partidos puedan acceder a los dineros públicos, deberán cumplir con una serie de requerimientos, como la reinscripción de todos sus militantes en un plazo de 12 meses luego de promulgada la ley.
Se indica, por otro lado, que todos los aportes efectuados a candidatos o a sus partidos durante las campañas electorales, deberán ser públicos y fácilmente consultables por la ciudadanía. Sin embargo, habrá aportes menores sin publicidad, en el caso cuyo total no supere el equivalente en pesos a 40UF, es decir, 1 millón 25 mil pesos, en el caso de las elecciones presidenciales; 20 UF para las parlamentarias; y 15 UF en cuanto a las elecciones de alcalde.
Finalmente, los aportes personales que los candidatos efectúen no podrán superar el 25% del gasto electoral permitido.
Sanciones
Quienes otorguen o accedan a aportes para candidaturas o partidos políticos, cuyo monto exceda el 40% permitido por ley, tendrá una sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años y 1 día) y una multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.
Las mismas sanciones regirán si se reciben aportes de una persona jurídica.
Finalmente, el administrador electoral, el administrador general electoral o el administrador general de los fondos de un partido político que proporcione al Servicio Electoral antecedentes falsos, arriesgará presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años).